Los ejecutivos que armaron la Cota 90 fueron removidos en cascada a finales de 2025, pero sus poderes en Brasil siguen vigentes. ENDE Transmisión retuvo utilidades por 332,5 millones mientras sus filiales en Brasil y Argentina se hunden. Las comunidades amazónicas siguen a oscuras.
Fuente: El País.bo
A principios de 2014, lluvias excepcionales elevaron el río Madeira a niveles sin precedentes. En Porto Velho, el agua alcanzó 19,74 metros el 30 de marzo, tres metros sobre el nivel de emergencia, y la inundación afectó a más de 30 mil familias en 17 barrios y tres distritos de Rondônia. Acre quedó aislado, y las centrales de Santo Antônio y Jirau cerraron compuertas. Era la confirmación puntual y catastrófica de lo que los científicos habían advertido años antes.
La pregunta inmediata fue si las represas agravaron el desastre. En marzo de 2014, el juez Herculano Martins Nacif, del Tribunal Ambiental y Agrario de Rondônia, sentenció que las centrales contribuyeron a la inundación al modificar la curva de remanso y demorar el vaciado de los embalses. El fallo obligó a los consorcios a cubrir las necesidades básicas de los damnificados y a rehacer los estudios de impacto ambiental bajo supervisión del Ministerio Público, con una multa de cien mil reales diarios —unos 45 mil dólares de la época— en caso de incumplimiento.
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El informe técnico de CREA-RO y SENGE-RO fue categórico: la situación “se ve agravada por las centrales hidroeléctricas de Santo Antônio y Jirau”. La Agencia Nacional de Aguas (ANA) ya había advertido en la Nota Técnica 48 de 2012 que la variación de caudal que aplicaba la empresa era muy superior a la histórica y que el agotamiento incontrolado “podría provocar pérdidas aguas abajo”. La concesionaria ignoró la advertencia y retrasó el vaciado hasta el pico máximo, agravando la inundación.
En Bolivia, el presidente Evo Morales atribuyó las inundaciones al calentamiento global y a la “exagerada industrialización de algunas potencias”. El canciller David Choquehuanca sostuvo que “primero tenemos que tener información científica concreta”. No hubo demanda, juicio ni reclamo formal. Las aguas bajaron, el tema se diluyó en la agenda bilateral, y las comunidades de la cuenca del Madera quedaron sin compensación. El investigador Pablo Villegas escribió entonces: “Los daños quedan a merced de los intereses de los políticos de turno y sus disputas”. Esa inacción, documentada en los archivos de FOBOMADE, tendría consecuencias que se extienden hasta hoy: nueve años después, Bolivia negoció la Cota 90 sin haber saldado la deuda histórica con sus comunidades amazónicas.
Doble purga sin explicación
La gestión del acuerdo de la Cota 90 llegó con una novedad alarmante: los ejecutivos que armaron el andamiaje legal para la subsidiaria fueron removidos en cascada antes de que terminara 2025. El representante de ENDE Guaracachi ante ENDE Brasil era Rodrigo Corrales Arciénega, quien gestionó la empresa durante cinco años e impulsó su internacionalización. El 2 de diciembre de 2025 —casi dos años después de la creación de ENDE Brasil— se presentó ante el SEPREC la revocatoria total de su poder de representación legal en Bolivia.
Su contraparte por ENDE Transmisión, Héctor Maldonado Cardozo, asumió la gerencia general en febrero de 2025 y fue removido el 28 de noviembre del mismo año, apenas nueve meses después, invocando el artículo 327 del Código de Comercio: remoción sin expresión de motivo. Lo que siguió fue más revelador: entre diciembre de 2025 y enero de 2026, los gerentes de Administración y Finanzas (Yuvenka Condori), Planificación (Raúl Rojas / Eliana Ávila) y Operaciones (Rubén Guamán / Jorge Heredia) de ENDE Transmisión fueron desvinculados en cadena. La plana mayor de la empresa que creó ENDE Brasil fue reemplazada por completo en tres meses, sin que ninguna comunicación oficial explicara ese barrido gerencial.
El problema crítico es que esas remociones en Bolivia no se tradujeron en cambios formales ante las autoridades brasileñas. Al cierre de esta investigación, tanto Corrales como Maldonado —sin cargo ejecutivo en Bolivia— figuraban en el Cuadro de Sócios e Administradores de la Receita Federal como representantes legales activos de ENDE Brasil Energia Ltda. No existe constancia pública de que esos mandatos hayan sido formalmente revocados ante Brasil. La zona jurídica es ambigua: sin cargo en Bolivia, pero con poderes vigentes para actuar en nombre del Estado ante el mercado eléctrico brasileño.
Esa inestabilidad no se limitó a los gerentes. El 17 de marzo de 2026, el Directorio de ENDE Transmisión revocó un poder general de administración conferido apenas cuatro meses antes (el 28 de noviembre de 2025) y otorgó uno nuevo al mismo gerente interino, Jorge Ignacio Candia Quiroga. Una semana después, el 24 de marzo de 2026, la Junta General Ordinaria de Accionistas ratificó a los directores titulares —Jorge Vidal Challapa, Mauricio Arevey Mejía, Cristhian Escalante y Elías Mamani— y al síndico Luis Orlando Vargas. Esa confirmación duraría apenas un mes: el 27 de abril de 2026, la misma Junta removió a la totalidad de los directores titulares y al síndico, y nombró una nueva directiva encabezada por Roberto Arellano Cortez. La purga alcanzó así el máximo nivel de gobierno corporativo, justo cuando la presión mediática y política sobre la empresa se intensificaba.
Balances e inquietudes
El cuadro financiero añade más preocupación. El 24 de marzo de 2026, la Junta de Accionistas de ENDE Transmisión aprobó por unanimidad no distribuir dividendos de las utilidades de 2025, reteniendo íntegros los 332,5 millones de bolivianos (350,1 millones de utilidad neta auditada menos la reserva legal del 5%) en la cuenta de Resultados Acumulados. En esa misma sesión, el directorio —tal como se consigna en la Nota 34 de los estados financieros auditados de 2025— instruyó gestionar “la situación económica y patrimonial de ENDE Brasil” y reiteró lo propio para su subsidiaria argentina ETASA. Las dos filiales internacionales presentan simultáneamente situaciones que inquietan a sus accionistas; la simultaneidad y las menciones explícitas en las notas respaldan la hipótesis de que parte de los fondos retenidos sostiene a esas filiales.
El caso de ETASA —creada en 2018 mediante decreto supremo— es aún más grave: en febrero de 2026 comunicó “dificultades financieras significativas, señalando la cercanía a una situación de iliquidez y la imposibilidad de captar recursos”. La inversión de ENDE Transmisión en ETASA al cierre de 2025 era de 56,7 millones de bolivianos, y la matriz ya había reconocido una pérdida por valor patrimonial proporcional de 27,5 millones.
Lo que sigue faltando en el caso brasileño son las notas detalladas de los estados financieros de 2025 que muestren el valor íntegro de la inversión en ENDE Brasil registrada como activo permanente. Sin ese desglose, el agujero contable persiste y el ciudadano boliviano no sabe cuánto dinero está comprometido en una oficina de contabilidad de Brasilia.
Sin embargo, los estados financieros de 2024 y 2025 ya ofrecen pistas decisivas. Según las notas de Precios de Transferencia, ENDE Transmisión realizó “pagos por cuenta de la empresa vinculada” en Brasil. En “Otras cuentas por cobrar” figuran 190.130 bolivianos (2024) y 527.492 bolivianos (2025) que la oficina de Brasilia adeuda por gastos operativos. La filial brasileña, en suma, no genera ingresos propios: es financiada desde La Paz y administrada por un contador que opera desde la misma dirección fiscal de su propia firma privada. Y en enero de 2026, ENDE Brasil comunicó a su matriz que ya había recibido “compensaciones efectuadas por la República Federativa del Brasil al Estado boliviano”, cuyo monto y disposición final aún no han sido definidos por los accionistas.
El presupuesto y la distribución exprés
A la retención de utilidades se sumó una contradicción adicional. El 4 de marzo de 2026, el mismo directorio que semanas después volvería a preocuparse por la situación de ENDE Brasil había aprobado un presupuesto para 2026 con una utilidad neta proyectada de 410 millones de bolivianos y un plan de inversiones de casi 400 millones. La empresa, en suma, tenía proyectos y expectativas de sobra; lo que no tenía era voluntad de explicar por qué, pese a ello, consideraba necesario mantener congelados los dividendos de sus accionistas.
El 27 de abril de 2026, tres días después de la publicación de esta serie, la Junta de Accionistas aprobó distribuir 266.073.660 bolivianos de utilidades acumuladas de ejercicios anteriores, pagaderos en cuatro cuotas hasta septiembre de 2026. La decisión, adoptada por el 99,99% de los socios tras semanas de presión mediática y política, no fue acompañada de mención alguna a las filiales internacionales cuya situación el directorio había calificado de preocupante apenas un mes antes. Ese mismo día, la Junta removió al directorio en pleno. La liberación parcial de fondos (que no toca las utilidades de 2025, aún retenidas) y el cambio de mando, simultáneos y sin explicación pública, terminaron por esculpir el perfil de una gestión que solo reacciona cuando se siente acorralada.
Comunidades que siguen a oscuras
Mientras tanto, las comunidades del norte amazónico, las más cercanas a la represa que originó este entramado, siguen sin ver beneficio alguno. A 450 kilómetros de Jirau, Riberalta y Guayaramerín generan su electricidad con motores diésel operados por ENDE Guaracachi —la misma accionista de ENDE Brasil—. Fuentes de la administración departamental y vecinos consultados por este medio afirman que la Cota 90 no ha cambiado nada en la realidad eléctrica local. Guayaramerín, fronteriza con Brasil, tampoco recibe energía del país vecino. La electricidad prometida por Bolivia desde Jirau no ingresaría a esas ciudades: llegaría al Sistema Interconectado Nacional, que no alcanza el norte amazónico, y se comercializaría en el mercado mayorista brasileño. Las comunidades que padecieron inundaciones, sedimentación, colapso de la pesca y aumento de la malaria no recibirán ni un vatio de la compensación. Los beneficios, si llegan, llegarán como ingresos en reales brasileños a una empresa domiciliada en Brasilia.
El presente de la integración energética se revela en una triple distancia: entre el decreto de transparencia (DS 5600) que Rodrigo Paz Pereira calificó como el desmontaje de una “ideología de corrupción” y una compañía que no responde preguntas; entre las promesas de compensación y las velas encendidas en el Beni; entre la demanda que Bolivia nunca hizo por los daños de 2014 y el acuerdo que firmó nueve años después sin saldar esa deuda. Lo que queda en pie, tras dos décadas de advertencias ignoradas y tres de silencio administrativo —apenas interrumpido por un reparto de utilidades de ejercicios anteriores y una remoción de directores en el último minuto—, es la pregunta que una región entera lleva años formulando sin respuesta: ¿para quién sirve ENDE Brasil Energia Ltda.?
La respuesta documental, por ahora, es esquiva, pero no invisible: la empresa ya le ha costado al Estado boliviano 16,2 millones de bolivianos de capital aportado (6,4 millones de ENDE Transmisión y 9,8 millones de ENDE Guaracachi), a los que se suman pérdidas cambiarias por casi 2 millones de bolivianos solo en 2024, todo bajo la administración de un contador extranjero que no ha respondido a este medio.
La pregunta que Bolivia no hizo
Entre los casos que la justicia brasileña resolvió tras la inundación de 2014, destaca el de Severino Nobre, un líder comunitario de Cujubim Grande que perdió sus cultivos centenarios y su vivienda. “Fue cuando más lloré, todos los días lloré. Perdí todo”, declaró. En Nova Mutum Paraná, el distrito construido para relocalizar a los afectados por Jirau, el proyecto urbanístico fue presentado por la empresa como un modelo de compensación.
Pero la otra cara de la moneda es la que no se vio: las comunidades bolivianas de la cuenca del Madera, como Nueva Esperanza o Arca de Israel, no fueron reasentadas ni compensadas. La modelación del escenario de daños que Bolivia nunca reclamó muestra que, con una estrategia legal similar a la del Ministerio Público de Rondônia, el Estado podría haber demandado compensaciones por las cosechas perdidas de castaña y productos ribereños, el desplazamiento de pescadores, el aumento de los casos de leptospirosis y malaria registrados durante la inundación de 2014, y los costos de infraestructura dañada.
El valor total estimado de esos daños, de acuerdo con parámetros utilizados en el juicio brasileño y los informes de FOBOMADE, oscilaría entre 120 y 440 millones de dólares (con un escalón superior que incorpora daño ambiental colectivo de hasta 660 millones), una suma que equivale a entre dos y seis años de los beneficios que Bolivia espera recibir por la Cota 90. La inacción boliviana, documentada en los archivos de FOBOMADE, contrasta con el hecho de que en 2015 la Armada boliviana inició —sin resultados conocidos— su propia investigación sobre los impactos de las represas.
El resultado neto es que, una década después, el Estado boliviano se sienta a recibir una compensación energética sin haber resuelto nunca la deuda histórica con sus propias comunidades amazónicas.
Fuente: El País.bo