El Ministerio de Desarrollo Productivo respaldó la iniciativa como una alianza estratégica para transformar ideas en empresas sostenibles, con mayor acceso a recursos, formalización y proyección exportadora.
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La iniciativa fue presentada este 30 de abril como una apuesta para abrir oportunidades a un sector que, pese a su peso en la economía, enfrenta barreras históricas para acceder a capital, crecer y consolidarse.
El ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Mario Justiniano, remarcó que el proyecto busca articular al Estado con el ecosistema emprendedor para generar un salto estructural en el desarrollo económico.
“Es importante el compromiso del Gobierno Nacional de que esto sea un impulso institucional, una alianza estratégica entre todos. Este proyecto nos proyecta hacia dónde queremos llegar: pasar del emprendimiento a la constitución de empresas, al crecimiento y a pensar en exportaciones”, afirmó la autoridad, al destacar que la propuesta apunta a convertir ideas y pequeños negocios en unidades económicas sostenibles.
La diputada Andrea Ballivián, impulsora del proyecto, sostuvo que la norma responde a una realidad social y económica muchas veces invisibilizada.
“Bolivia es un país de emprendedores y emprendedoras, pero no son visibilizados. Este proyecto de ley ha ingresado a la Cámara de Diputados pensando en ellos, porque sabemos que este es el camino para generar cambio”, señaló.
Desde la sociedad civil, Tania Sánchez, directora de la Coordinadora de la Mujer, resaltó que la propuesta incorpora mecanismos concretos para enfrentar las desigualdades que afectan a mujeres emprendedoras, quienes suelen desenvolverse en condiciones de mayor informalidad y menor acceso a financiamiento. Subrayó que el enfoque de género incorporado busca ampliar oportunidades y reconocer el rol productivo de mujeres y jóvenes.
La propuesta
Entre sus principales medidas, el proyecto plantea reconocer legalmente al emprendedor emergente como una categoría económica específica, con acompañamiento desde la etapa inicial hasta su formalización. Para ello propone crear una Agencia Pública de Emprendimientos Emergentes, encargada de administrar registros, políticas y servicios de apoyo.
Además, establece un Fondo de Fomento con capital semilla, créditos preferenciales y mecanismos de inversión, junto a un régimen tributario simplificado para reducir impuestos, costos y trámites burocráticos.
En paralelo, reserva al menos el 10% de las compras públicas para bienes y servicios de emprendimientos emergentes, con facilidades como pagos ágiles y anticipos.
La propuesta también prioriza innovación, tecnología y articulación entre Estado, sector privado, academia y sociedad civil, con el objetivo de consolidar un ecosistema que permita a los emprendedores no solo sobrevivir, sino crecer, formalizarse y proyectarse a nuevos mercados.