El Ministerio de Minería y Metalurgia delineó su hoja de ruta para la gestión 2026 con énfasis en reformas normativas, fortalecimiento del control estatal y la atracción de inversión extranjera, durante la audiencia de Rendición Pública de Cuentas Inicial 2026. Las autoridades presentaron un panorama que combina crecimiento económico del sector con desafíos estructurales aún pendientes.
Fuente: ANF
El ministro Marco Antonio Calderón de la Barca destacó el papel estratégico de la minería en la economía nacional. Según los datos expuestos, el sector incrementó su participación en las exportaciones del 55% a fines del año pasado al 78,8% en febrero de 2026, consolidándose como principal generador de divisas.
En este contexto, se informó sobre gestiones en Canadá orientadas a captar inversión directa y se anunció el establecimiento de la empresa US Antimony en Potosí, con una inversión inicial de 50 millones de dólares y planes de expansión en Oruro por otros 120 millones.
Las autoridades subrayaron que la sostenibilidad de la producción minera depende de garantizar el suministro de insumos clave, como combustibles y explosivos, en un escenario de alta demanda. Este punto fue identificado como uno de los retos inmediatos para evitar interrupciones en las operaciones.
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En el ámbito normativo, el Ministerio planteó la necesidad de modernizar el marco legal para dinamizar la actividad. Se trabaja en una “ley corta” que busca eliminar restricciones en la normativa vigente y modificar artículos específicos de la ley minera para permitir contratos de asociación entre empresas privadas y cooperativas.
Asimismo, se remarcó la urgencia de reducir la burocracia: actualmente, la obtención de un área minera puede tardar entre 9 y 15 años en Bolivia, frente a procesos mucho más ágiles en otros países. Por ello, se prioriza la digitalización y simplificación de trámites administrativos.
Otro eje crítico abordado fue la lucha contra la minería ilegal, calificada como un fenómeno “alarmante” por su vínculo con delitos como la legitimación de ganancias ilícitas y el tráfico de armas. Entre enero y abril de este año se ejecutaron entre 30 y 40 intervenciones, cada una con un costo aproximado de 100.000 bolivianos. Sin embargo, se advirtió la falta de apoyo del Ministerio Público, debido a la ausencia de fiscales especializados y su inasistencia en los operativos.
En cuanto a la gestión institucional, los viceministerios presentaron metas concretas. Se prevén 95 inspecciones para verificar el cumplimiento de la función económica social en áreas mineras y un seguimiento a empresas estatales como Huanuni, Colquiri, Corocoro y Karachipampa.
También se impulsarán programas de capacitación para cooperativas y proyectos de exploración de minerales críticos y tierras raras en regiones de Santa Cruz y Pando. En paralelo, se ratificó el compromiso con la reducción del uso de mercurio en el marco del Convenio de Minamata.
Pese a estos planes, el Ministerio reconoció limitaciones presupuestarias. Para 2026 cuenta con 23 millones de bolivianos, financiados en un 97% por el Tesoro General de la Nación.
En materia de transparencia, se programaron auditorías internas y seguimientos a recomendaciones previas. Además, se destacó el avance en la incorporación de mujeres en áreas técnicas clave, como parte de una política de equidad de género.
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