Bolivia perdió un proceso arbitral de trece años por haber prometido una transferencia de pensiones que tardó en ejecutar. Detrás hay negligencia acumulada, un sistema legal internacional que no perdona la improvisación, y preguntas que nadie ha respondido en público.
Fuente: El País.bo
El 21 de abril de 2026, el Tribunal Supremo de los Países Bajos desestimó el último recurso que le quedaba a Bolivia para revertir un laudo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).
La consecuencia es concreta: el Estado boliviano deberá pagar aproximadamente 105 millones de dólares al banco español BBVA, en compensación por los perjuicios causados durante el proceso de traspaso de la administración de los fondos de pensiones a la Gestora Pública estatal.
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Se cierra así un litigio que no comenzó, como suele repetirse, porque Bolivia nacionalizó un servicio, sino porque no supo —o no quiso— cumplir con los plazos que ella misma estableció para hacerlo.
Tribunal Supremo de los Países Bajos, La Haya El Hoge Raad der Nederlanden emitió el fallo definitivo el 21 de abril de 2026, cerrando la última vía legal de Bolivia. (Foto: Bas Kijzers / Rijksvastgoedbedrijf)
El origen del conflicto: una promesa incumplida durante más de una década
En 2009, la nueva Constitución Política del Estado boliviano estableció que los servicios de seguridad social y administración de pensiones no podrían estar a cargo de operadores privados. El 10 de diciembre de 2010, la Ley de Pensiones N.° 65 dio forma concreta a ese mandato: se crearía una Gestora Pública que asumiría las funciones que hasta entonces ejercían dos Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) privadas, Previsión BBVA AFP y Futuro de Bolivia, esta última controlada por Zurich Insurance Group.
BBVA operaba en Bolivia desde 1997, cuando ganó la licitación pública internacional para administrar los fondos de pensiones en la zona sur y este del país. La empresa nunca cuestionó el derecho de Bolivia a estatizar el servicio: así lo declaró ante el CIADI y así lo reconoció el propio tribunal en su laudo. Lo que BBVA sí cuestionó —y ganó— fue la forma en que el gobierno boliviano ejecutó la transición.
La Gestora Pública fue formalmente creada en 2015. En septiembre de 2017, el gobierno pospuso el inicio de sus operaciones hasta marzo de 2019. En 2019 volvió a postergarse. El traspaso definitivo de los fondos no se completó sino hasta el 15 de mayo de 2023, trece años después de promulgada la ley que lo ordenaba. En ese lapso, BBVA quedó obligada a continuar prestando el servicio sin certeza jurídica sobre cuándo podría retirarse, sin poder disponer libremente de su inversión, y sujeta a un marco regulatorio que fue cambiando por decreto.
El CIADI utilizó una expresión precisa para describir esta situación: BBVA se convirtió en “rehén del Estado”. El tribunal encontró que Bolivia violó el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones suscrito con España, firmado el 29 de octubre de 2001 bajo la presidencia de Jorge “Tuto” Quiroga Ramírez y vigente desde el 9 de julio de 2002. La condena fue de 94,8 millones de dólares en daños y perjuicios; sumados los intereses acumulados, el monto total asciende a los 105 millones que Bolivia debe pagar.
Bolivia intentó anular ese laudo ante el Tribunal de Apelación de La Haya en 2024 y fracasó. Presentó entonces un recurso de casación ante el Tribunal Supremo de los Países Bajos. El 21 de abril de 2026, ese tribunal rechazó la solicitud. La vía legal se agotó.
Pablo Menacho: el procurador, la defensa y el contrato que pagó
En agosto de 2018, cuando BBVA anunció públicamente que había solicitado el arbitraje ante el CIADI, el gobierno boliviano respondió con una conferencia de prensa. El Procurador General del Estado, Pablo Menacho Diederich, afirmó que Bolivia asumiría la defensa, contrataría estudios jurídicos internacionales y exploraría también una salida negociada. En declaraciones televisivas emitidas en el programa No Mentirás, precisó que BBVA había presentado al Estado una Notificación de Controversia el 3 de mayo de 2017 —primer paso formal antes de la demanda—, que el monto reclamado era excesivo, que Bolivia no lo había aceptado y que no podía revelarlo por razones de estrategia.
Pablo Menacho Diederich, el día de su posesión como Procurador General del Estado. Entre 2013 y 2019 gestionó la respuesta boliviana al arbitraje y firmó personalmente el contrato transaccional del caso Quiborax.
La demanda formal ante el CIADI fue registrada en agosto de 2018 y presentada definitivamente el 10 de septiembre de 2019. Este detalle cronológico importa: el proceso tuvo tres etapas distintas —notificación de controversia en mayo de 2017, anuncio público en agosto de 2018 y demanda formal en septiembre de 2019— que con frecuencia se confunden en el debate público.
Menacho negó en ese momento que hubiera habido irresponsabilidades en la gestión boliviana. “Todo se hizo de acuerdo a la Constitución y a la ley”, dijo. El tribunal del CIADI resolvería años después en sentido contrario.
Lo que no estaba en el debate público es el papel que Menacho tuvo en otro caso emblemático: el de la empresa chilena Quiborax. El CIADI dictó en 2015 un laudo que obligaba a Bolivia a pagar 48,6 millones de dólares a esa firma por la revocación de once concesiones mineras en el salar de Uyuni. Fue el propio Pablo Menacho quien, en representación del Estado boliviano, suscribió el contrato transaccional que cerró ese caso, pagando finalmente 42,6 millones de dólares. La Procuraduría presentó ese resultado como un logro: 108 millones menos que la pretensión inicial de Quiborax.
La gestión de Menacho incluyó también la supervisión del caso Rurelec, la empresa británica que demandó a Bolivia por la nacionalización de sus acciones en la Empresa Eléctrica Guaracachi en 2010. La Corte Permanente de Arbitraje de La Haya fijó una compensación de 28,9 millones de dólares más intereses, para un total de 41 millones. Bolivia terminó pagando 31,5 millones mediante acuerdo.
La puerta giratoria: del Estado a un bufete que contrata con el Estado
Después de dejar la Procuraduría, Pablo Menacho Diederich no se apartó del mundo de los arbitrajes bolivianos. Cofundó el estudio Alliance Abogados Asociados S.C. La firma obtuvo contratos con entidades públicas para ejercer como abogada defensora en litigios de arbitraje, entre ellos uno con la Empresa Siderúrgica del Mutún para el proceso contra Jindal Steel, adjudicado en 2021 mediante un “contrato por excepción” por valor de Bs 2,5 millones. Al momento de la adjudicación, la firma no contaba con Registro Público de la Abogacía, según información publicada por El Deber.
El exfuncionario que durante años manejó la estrategia boliviana en arbitrajes internacionales, conoció las debilidades del Estado en esos procesos y construyó vínculos en ese ecosistema, terminó cobrando contratos públicos para ejercer en ese mismo campo. No se han identificado indicios de ilegalidad en esas contrataciones. Pero la pregunta sobre si existió conflicto de interés no ha sido formulada institucionalmente ni respondida.
La segunda AFP: Zurich reclama 129 millones y el mismo bufete defiende a Bolivia
Mientras se desarrollaba el proceso con BBVA, Zurich Insurance Company Ltd y Zurich South America Invest AB, propietarias de AFP Futuro de Bolivia, avanzaron por el mismo camino. El 1 de abril de 2019 notificaron al Estado boliviano la existencia de una controversia. El 17 de junio de 2020 presentaron formalmente su demanda de arbitraje ante la Corte Permanente de Arbitraje (CPA), bajo reglas de la CNUDMI y amparadas en dos tratados bilaterales de inversión: el Convenio Bolivia-Suecia, suscrito durante el gobierno de Jaime Paz Zamora, y el Acuerdo Bolivia-Suiza, firmado durante el gobierno de Víctor Paz Estenssoro.
El proceso avanzó por la etapa de jurisdicción —Bolivia presentó su réplica el 29 de marzo de 2022— y llegó a la audiencia de fondo en el último trimestre de 2023. Allí se supo cuánto reclama realmente Zurich: 129,1 millones de dólares. Los 77 millones que mencionó el presidente Paz Pereira en diciembre de 2025 no son el monto demandado; son la estimación oficial del posible laudo a pagar. La diferencia entre ambas cifras no es semántica: una es lo que Zurich pide, la otra es lo que los analistas bolivianos creen que el tribunal podría conceder.
Lo que no se ha subrayado con claridad en el debate público es que el bufete Guglielmino Derecho Internacional, que representó a Bolivia en el arbitraje perdido contra BBVA, es el mismo que hoy defiende al Estado boliviano ante la demanda de Zurich. Los argumentos de ambas demandas son prácticamente idénticos —la misma demora injustificada, el mismo incumplimiento del estándar de trato justo y equitativo, la misma obligación de prestar servicios bajo un régimen que no se completó en tiempo—. Legisladores de oposición han advertido sobre el riesgo de una segunda derrota con el mismo resultado. Hasta el cierre de esta investigación no se ha conocido el laudo.
El pasivo acumulado: 28 arbitrajes, dos victorias, casi 480 millones de dólares
En marzo de 2026, el procurador general Hugo León La Faye presentó la Rendición Pública de Cuentas de la gestión 2025. Bolivia enfrentó 28 procesos arbitrales internacionales en gestiones anteriores. Ganó exactamente dos. Los 26 restantes derivaron en condenas u obligaciones de pago. Entre estos casos, hay procesos con Grupo Gloria, la petrolera Shell y Dunon LLC. La deuda heredada asciende a 444.638.000 dólares en arbitrajes de inversión y a 33.298.000 dólares en arbitrajes comerciales, total que superó los 479 millones antes del fallo de BBVA.
Seis casos concentran más del 93% de ese pasivo: Pan American Energy (hidrocarburos), 357 millones de dólares; Glencore (minería), 253,5 millones; BBVA (pensiones), 105 millones; Euro Telecom International (telecomunicaciones), 100 millones; Red Eléctrica Internacional (energía), 65,2 millones; y Quiborax (minería), 42,6 millones pagados.
“¿De cuántos arbitrajes estamos hablando? De 28, de los cuales solamente el Estado boliviano ha ganado dos. El resto es dinero que tenemos que pagar todos y cada uno de los bolivianos”, dijo León La Faye. La autoridad señaló que esa situación derivó de contratos mal gestionados y de decisiones de gestiones anteriores que obligaron a empresas a recurrir a tribunales internacionales para hacer valer sus derechos.
León La Faye reveló también otro pasivo más discreto: Bolivia había acumulado una deuda de 2,5 millones de dólares con los propios estudios jurídicos externos y centros de arbitraje, parte de la cual correspondía a honorarios impagos desde 2023. El gobierno de Luis Arce dejó literalmente sin pagar a los abogados que defendían al Estado en sus litigios más costosos. Esta irregularidad no ha sido investigada públicamente.
Lo que Paz Pereira sabía en diciembre de 2025 y lo que no
El 2 de diciembre de 2025, el presidente Rodrigo Paz Pereira, en ejercicio del cargo desde apenas tres semanas, anunció en Santa Cruz que Bolivia estaba “a punto de perder” dos demandas arbitrales vinculadas a las AFP: una por 94 millones de dólares y otra por 77 millones. Precisó también que Bolivia debía varios millones a sus propios abogados defensores, y que esas deudas llevaban meses sin saldarse.
¿Sabía Paz Pereira, cuatro meses antes del fallo definitivo de abril de 2026, que Bolivia perdería? La pregunta, formulada en esos términos, contiene una premisa incorrecta. El primer laudo del CIADI había sido emitido en julio de 2022, más de tres años antes. Bolivia lo apeló en 2024 ante el Tribunal de Apelación de La Haya y perdió. En diciembre de 2025 quedaba únicamente el recurso de casación ante el Tribunal Supremo neerlandés, la última instancia disponible y estadísticamente la menos probable de prosperar. Lo que Paz recibió fue un informe oficial de la Procuraduría que describía dos litigios en sus etapas finales, con apelaciones casi agotadas y honorarios impagos.
No era conocimiento anticipado del resultado: era el informe de una situación de alto riesgo creada por años de inacción. Vale preguntar por qué ningún gobierno entre 2022 y 2025 informó a la ciudadanía sobre el estado real de estos litigios con el detalle y la urgencia que merecían.
A propósito del inicio del escándalo, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, el 3 de diciembre de 2025 aclaró que trabajará para que la Gestora Pública cuente con “un reglamento de inversiones transparente que direccione los recursos hacia inversiones que den rentabilidad y protejan el poder adquisitivo de los aportantes”. Hasta hoy, no se conoce ese nuevo reglamento.
BBVA, Palantir y la simultaneidad que no es causalidad
Casi al mismo tiempo en que se conocía el fallo final en el caso BBVA, circularon análisis que vinculaban el desenlace del arbitraje con el contexto geopolítico del gobierno de Paz Pereira. El argumento implícito conecta varios hechos reales: BBVA y Santander son inversores en Palantir Technologies; un artículo publicado en el medio colega y homónimo de España el 20 de marzo de 2026 por el periodista Daniele Grasso documentó que más de cien grandes instituciones financieras europeas —entre ellas ambos bancos— incrementaron su participación conjunta en Palantir en más del 60% durante el último año; Peter Thiel, cofundador de Palantir, tiene presencia creciente en América del Sur; y el mismo día de su posesión, el gobierno de Paz Pereira firmó un acuerdo que abrió la puerta a Starlink, la red satelital de Elon Musk, en Bolivia.
Aunque estos hechos son verificables, no está establecido es que tengan relación causal con el resultado del arbitraje. El Tribunal Supremo de los Países Bajos, instancia judicial independiente, revisó si el laudo del CIADI de 2022 tenía causales legales de nulidad. No las encontró, y esa conclusión está fundada en hechos que ocurrieron entre 2010 y 2023, mucho antes de que Paz Pereira asumiera el poder.
Más allá del contexto geopolítico, relevante para entender el momento histórico en que Bolivia enfrenta estos pagos y toma nuevas decisiones de política exterior y tecnológica, la investigación abre preguntas que por ahora no tienen respuesta oficial: ¿Qué estudios jurídicos defendieron a Bolivia en el caso BBVA, cuánto cobraron y cuánto se les adeuda? ¿Por qué se contrató al mismo bufete que perdió contra BBVA para defender a Bolivia ante Zurich? ¿Cuántos contratos obtuvo Alliance Abogados Asociados con entidades del Estado después de que sus socios dejaron sus cargos públicos? ¿Qué medidas tomó el gobierno de Arce cuando el CIADI emitió su laudo adverso en julio de 2022? ¿Cuál es hoy el estado real del proceso Zurich y cuándo se prevé el fallo?
Este medio presentó una solicitud de acceso al expediente completo del caso BBVA ante la Procuraduría General del Estado. Al cierre de este informe, no se había recibido respuesta.
Fuente: El País.bo