El diálogo es la palabra clave que plantean desde el Legislativo, desde la Defensoría del Pueblo y desde los órganos Electoral y Judicial para encarar las reformas estructurales y solucionar los conflictos sociales que impulsan la COB y maestros.
Fuente: El Deber
Este 8 de mayo se cumplirán los primeros seis meses del Gobierno del presidente Rodrigo Paz, un tramo que comenzó con la promesa de estabilizar una economía golpeada, pero que llega a su primer balance en medio amenazas de presión, así como demandas de reformas estructurales y pedidos de un gran acuerdo nacional para sostener la gobernabilidad. El Poder Ejecutivo reivindicó avances en el ordenamiento fiscal, el pago de deuda externa, la generación de divisas y la reformulación del Presupuesto General del Estado 2026, pero desde la Asamblea Legislativa y otros órganos del Estado advirtieron que esos pasos serán insuficientes si no se traducen en leyes, pactos institucionales y una ruta compartida para enfrentar la crisis heredada.
El periodo transcurrió entre luces y sombras. Por un lado, el Gobierno sostiene que recibió en noviembre de 2025 un Estado en una situación “absolutamente dramática” y que, en los últimos 120 días, logró estabilizar indicadores clave. Por otro, la conflictividad social volvió a instalarse como una amenaza, con bloqueos esporádicos, marchas, pliegos sectoriales y una Central Obrera Boliviana (COB) que presiona por un incremento salarial del 20% y otras demandas.
En este escenario, el presidente Paz llamó a un encuentro nacional para viabilizar las reformas estructurales. La idea también fue planteada desde la Asamblea Legislativa, instituciones públicas y especialistas que advierten sobre el costo político y social que recae de forma constante sobre la ciudadanía cuando conflictos sustituyen al diálogo.
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El frente económico
Desde el Ejecutivo, el balance tiene como eje la estabilización. El Ministerio de Economía destacó el pago de más de $us 530 millones de deuda externa, la generación de divisas, la estabilidad del tipo de cambio, un superávit fiscal y la contención de la inflación. Para el Gobierno, estos resultados permitieron evitar un deterioro mayor de la economía y abrir una primera etapa de recuperación.
A ese diagnóstico se suma la modificación total del Presupuesto General del Estado 2026, estructurado sobre tres pilares. El primero es un acuerdo con los gobiernos subnacionales, que contempla más de Bs 2.000 millones adicionales para gobernaciones, alcaldías y universidades. El segundo es un pacto con la ciudadanía, que incluye nuevos ítems para salud, educación, Policía y Defensa. El tercero es un entendimiento con el sector productivo, orientado a la reducción de impuestos y a la reactivación de la actividad económica.
Sin embargo, una de las medidas más sensibles fue la eliminación parcial de la subvención a los carburantes, aplicada en diciembre de 2025. En la Asamblea Legislativa, ese paso fue reconocido como una decisión necesaria, incluso por voces críticas al Gobierno. Pero su impacto político quedó opacado por el escándalo de la denominada “gasolina basura” y por la crisis que golpeó a YPFB, que derivó en la salida de dos presidentes de la estatal petrolera y del ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli.
Miradas desde la Asamblea
Las evaluaciones políticas sobre los primeros seis meses de Paz son divididas. El diputado Carlos Alarcón, de la alianza Unidad, advirtió a EL DEBER que el Gobierno muestra señales de debilidad institucional y social. En su criterio, la victoria electoral de Paz frente a Jorge Tuto Quiroga no se tradujo en una mayoría legislativa sólida, especialmente por la fragmentación del Partido Demócrata Cristiano (PDC).
Alarcón también observó que el conflicto social se mantiene como un mecanismo recurrente de presión política, incluso por encima del trabajo legislativo. “Tenemos un Gobierno que no tiene la fortaleza suficiente, tanto en el plano institucional como en el social”, afirmó. Por ello, planteó la necesidad de convocar a una cumbre nacional para impulsar reformas estructurales, incluida una modificación parcial de la Constitución Política del Estado.
En una línea más favorable al Ejecutivo, el diputado Juan Justo Chávez señaló a EL DEBER que, pese a las dificultades, las medidas adoptadas por el Gobierno son adecuadas frente a la crisis que dejó el Movimiento Al Socialismo (MAS). El legislador también respaldó la posibilidad de una cumbre para fortalecer la gobernabilidad. “La única salida es el diálogo”, sostuvo, al evaluar este primer tramo de gestión.
Desde la oposición, el senador José Manuel Ormachea, de Libre, planteó a EL DEBER que, más allá de una cumbre, el Gobierno debe priorizar el envío de proyectos de ley estructurales a la Asamblea Legislativa. Entre las normas pendientes mencionó un nuevo pacto fiscal, reformas en hidrocarburos, minería, régimen electoral, inversiones y cambios constitucionales. “El Ejecutivo no ha enviado ningún proyecto estructural a la Asamblea. Lo urgente es avanzar en esas reformas”, afirmó.
Ormachea también cuestionó que el Gobierno continúe operando con una estructura heredada del MAS, particularmente en el PGE 2026, lo que —según su lectura— limita la capacidad real de transformación del nuevo ciclo político.
Otros poderes
Las demandas de cambio no se limitan al Ejecutivo ni al Legislativo. El Órgano Judicial remitió al Legislativo al menos cinco proyectos para reformar el sistema de justicia, mientras que el Tribunal Supremo Electoral prepara ajustes a las leyes electorales e incluso a la Constitución, con el objetivo de fortalecer el sistema democrático del país.
Ambas entidades buscan abrir espacios de diálogo interinstitucional para impulsar reformas y garantizar recursos. En el caso del TSE, una de las prioridades es la elaboración de un nuevo padrón electoral, una tarea considerada estratégica tras el cierre del largo ciclo electoral que comenzó con las elecciones nacionales y concluyó con los comicios subnacionales.
En paralelo, los gobernadores electos aguardan una convocatoria del Ejecutivo para debatir un nuevo pacto fiscal que redefina la distribución de recursos bajo el esquema 50/50. Esta demanda cobra fuerza en un contexto en el que las nuevas autoridades departamentales y municipales asumirán funciones con instituciones presionadas por limitaciones financieras.
A ello se suma la exigencia al Legislativo para completar la elección de magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional correspondientes a Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Cochabamba. En esas regiones, la carga pendiente de casos supera los 7.000 expedientes. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Rómer Saucedo, instó a la Asamblea a concluir la tarea que quedó pendiente tras los comicios judiciales de 2024.
Presión social
La conflictividad social es uno de los principales desafíos de Paz en este primer semestre. El mandatario mantuvo una agenda activa con distintos sectores, entre ellos indígenas de tierras bajas, cooperativistas mineros y cocaleros de los Yungas. Sin embargo, marcó distancia con los tradicionales pliegos petitorios de la COB y planteó un cambio de método en la relación entre el Estado y las organizaciones sociales.
Desde Palacio Quemado, en un mensaje televisado a la nación en la víspera del 1 de Mayo, Paz llamó a un “gran encuentro nacional” para viabilizar un paquete de leyes estructurales y pidió sustituir los “pliegos petitorios” por “planes de trabajo” con compromisos verificables.
La convocatoria, según explicó, incluirá al Gobierno, al Parlamento, a organizaciones sociales, actores productivos y representantes de distintas instancias del país. Paz mencionó, además, la necesidad de encuentros específicos sobre minería y tierra, dos áreas que considera estratégicas para la reactivación de la economía nacional.
Punto de vista
Por Carlos Cordero
Entre los aspectos positivos es que el Gobierno del presidente Paz Pereira ha significado una sorpresa electoral. Ganó las elecciones un candidato nuevo y se produjo una transición pacífica. La democracia ha demostrado su fortaleza.
El gobierno de Paz comenzó con un gran impulso y grandes expectativas de que se iban a producir transformaciones, reordenar la administración pública y que se iban a resolver los problemas.
Asimismo, en estos seis meses no existe una sensación de ruptura, hay cierta estabilidad en la economía, no se ha producido lo que se temía los primeros meses con una especie de resistencia a que ingrese un nuevo gobierno.
Pero hoy el país está entrando en una espiral de conflictividad por demandas, por una gestión que no termina de tomar decisiones. A los seis meses se ve a un Gobierno entrando en un proceso de parálisis por las renuncias de autoridades de cargos importantes.
Hoy después de seis meses después de que Paz está en el Gobierno, el país está despertando a la conflictividad y eso viene porque ese primer impulso que tomó Paz parece que se está desinflando y es absolutamente pertinente que el presidente convoque a todos los actores a un diálogo nacional para empezar a tomar decisiones y que detengan esta espiral de conflictividad que está viviendo Bolivia porque si no se atiende las demandas estaríamos hablando de que las organizaciones movilizadas van a empezar a presionar para pedir incluso la renuncia del presidente y para evitar mayor tensionamiento es pertinente convocar a un diálogo nacional.
Y ese diálogo debería ser de largo aliento, de unos 15 días para reunirse con todos los actores desde líderes políticos, gobernadores, alcaldes, empresarios y organizaciones sociales.