La Corte chilena alertó sobre el opaco control de Ferroviaria Oriental y Ferroviaria Andina, pero el Gobierno no actuó; el ministro de Economía fue director suplente de una de las firmas durante siete años.
Fuente: El País.bo
En noviembre de 2025, la Corte de Apelaciones de Santiago emitió una resolución que sembró dudas sobre quién controla realmente los ferrocarriles bolivianos. La sentencia advertía sobre la imposibilidad de determinar “el control efectivo de la sociedad y la identidad de los beneficiarios finales” de Ferroviaria Oriental S.A. (FOSA) y Ferroviaria Andina S.A. (FASA), las dos concesionarias que desde 1996 administran la red férrea del país. Comunicaciones oficiales trasladaron esa incertidumbre a las autoridades bolivianas.
La regulación vigente ofrecía una salida inmediata: exigir que cualquier nuevo financiamiento a esas empresas estuviera respaldado por garantías hipotecarias, prendarias o cláusulas de mantenimiento de valor. Era la vía para que el Estado recuperara el pulso sobre un sector estratégico. Sin embargo, no ocurrió nada.
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Entre aquel fallo y hoy, FOSA recibió desembolsos millonarios. El último tramo, documentado en los hechos relevantes reportados a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), rescatados en la última Calificación de Riesgo hecha por Pacific Credit Rating (PCR), incluye un préstamo del Banco Unión por Bs 1.550.000 en noviembre de 2025 y otro del Banco Ganadero por Bs 1.740.000 en diciembre del mismo año. Pero estas cifras son apenas la punta del iceberg: al cierre de 2025, la deuda financiera total de FOSA ascendía a Bs 733,7 millones, de los cuales Bs 130,6 millones vencían en el corto plazo. ¿Quién puso ese dinero? La respuesta conduce al corazón del sistema previsional boliviano.
El ministro, el director suplente
La omisión del Gobierno empieza a entenderse cuando se examina quién ocupa hoy la silla de Ministro de Economía y Finanzas Públicas. José Gabriel Espinoza Yáñez fue, durante siete años consecutivos —desde septiembre de 2015 hasta abril de 2022—, director suplente de FASA. Las memorias anuales inscritas en la Bolsa Boliviana de Valores lo certifican.
Ya en el puesto, una de las primeras maniobras de Espinoza Yáñez fue la aclaración de las afirmaciones que el presidente Rodrigo Paz Pereira dio sobre los dineros custodiados en la Gestora: “No hay sus aportes en la Gestora, se los gastaron. ¿Voy a decir que hay los aportes? No, no hay los aportes”. El 3 de diciembre de 2025, Espinoza dijo que trabajaría para que la Gestora Pública cuente con “un reglamento de inversiones transparente que direccione los recursos hacia inversiones que den rentabilidad y protejan el poder adquisitivo de los aportantes”, documento que todavía no se ha dado a conocer.
El 9 de abril de 2026, después de que este diario publicara los primeros hallazgos, Espinoza remitió una carta en la que confirmaba el dato. “En el ámbito societario, un director suplente cumple una función específica y limitada: sustituir al director titular únicamente en caso de ausencia de este”, argumentó. Y subrayó: “Equiparar la condición de director suplente con una participación activa, continua o determinante en la gestión de una empresa no refleja la naturaleza real de dicho rol”.
Sin embargo, los registros públicos muestran que los directorios de FASA aprobaron durante ese período estados financieros, distribuciones de dividendos y las obligaciones derivadas de emisiones de valores inscritas ante la propia ASFI, el regulador que ahora debe supervisar el ministro. Espinoza no respondió a la pregunta de si ejerció efectivamente el cargo en alguna de esas sesiones, ni aclaró por qué esa experiencia no figura en su perfil público de LinkedIn. Sobre todo, guardó silencio ante la cuestión central: ¿declaró formalmente su conflicto de interés al asumir el Ministerio, y se ha inhibido de intervenir en decisiones que involucren a FOSA, FASA, la ASFI o la Gestora Pública?
La respuesta institucional fue el silencio. La carta del ministro tampoco abordó otro dato incómodo: el actual Gobierno designó a Cynthia Aramayo Aguilar —quien fue Gerente General de FASA entre 2015 y enero de 2024, bajo la presidencia de Carlos Gill Ramírez— como Coordinadora General Interina de la Unidad Técnica de Ferrocarriles (UTF) del Ministerio de Obras Públicas. La “puerta giratoria” entre el regulador y el regulado quedó sellada.
Este medio también envió preguntas a la Coordinadora de la UTF que hasta el momento no han tenido respuesta.
Pirámide legal con ahorro ajeno
Mientras las alertas de gobernanza se acumulaban, FOSA siguió nutriéndose del mercado de valores. Al 31 de diciembre de 2025, la empresa mantenía vigentes las emisiones de bonos 6, 7, 9, 10 y 11, además de pagarés bursátiles y privados. El monto colocado de las dos últimas emisiones —autorizadas por ASFI en diciembre de 2024— suma Bs 220 millones. El destino declarado en los prospectos es, en su mayor parte, “recambio de pasivos”: pagar deuda vieja con deuda nueva, alargando plazos, pero sin reducir el endeudamiento neto.
¿Quiénes compran esos papeles? Los informes de la calificadora PCR revelan que los principales tenedores son fondos de inversión cerrados y la banca local. Y estos, a su vez, se fondean con los recursos que administra la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo. El dinero de las cuentas individuales de los trabajadores termina así irrigando las operaciones de empresas controladas por el empresario paraguayo-venezolano Carlos Gill Ramírez, quien preside los directorios tanto de FOSA como de FASA. La circularidad es perfecta: los ahorros previsionales se invierten en bancos y FICs; los bancos y FICs adquieren bonos de FOSA; FOSA paga intereses con esos mismos fondos o con nuevas emisiones, mientras los trabajadores asumen un riesgo que ni siquiera conocen.
Un análisis interno de las inversiones de la Gestora indica que las colocaciones en FOSA, FASA y Gravetal —otra firma vinculada al mismo grupo económico— arrojan un “saldo negativo en la contabilidad de la cartera de inversiones del Fondo Integral de Pensiones”. Dicho de otro modo: el dinero que se suponía debía preservar el capital de los jubilados se está usando para financiar a empresas cuyos resultados difícilmente justifican esa exposición.
La clave de esta arquitectura es un artificio contable. En el balance de FOSA figura la cuenta “Reserva por revalúo técnico”, con un saldo de Bs 201,1 millones por revalorización técnica de activos fijos al cierre de 2025. Sin ese revalúo, el patrimonio neto de la empresa se desplomaría y la Relación Deuda / Patrimonio —compromiso clave de los bonos— reventaría el límite de 1,0 veces pactado con los inversores. Es decir, FOSA pudo seguir emitiendo títulos porque, años atrás, se le permitió actualizar el valor de sus locomotoras y vagones sin que mediara un solo peso de capital fresco. Una maniobra que los auditores externos detallan sin ambages.
Los números a bordo
Los indicadores financieros al cierre de 2025 presentan un retrato de fragilidad extrema. La utilidad neta de la gestión fue de apenas Bs 3,58 millones —un ROA de 0,17% y un ROE de 0,27%—, y solo se alcanzó porque en el segundo semestre se aplicaron reajustes de tarifas y porque la empresa obtuvo ingresos extraordinarios por la venta de isotanques. La operación pura apenas genera lo suficiente para cubrir los costos crecientes del combustible, las obligaciones laborales y el servicio de la deuda.
La tabla siguiente, elaborada con cifras del balance general y del estado de resultados, expone el deterioro en los últimos tres ejercicios:
| Indicador (a diciembre) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Liquidez general (veces) | 1,61 | 1,48 | 1,13 |
| Prueba ácida (veces) | 1,11 | 1,42 | 0,81 |
| Deuda financiera / Patrimonio | 0,46 | 0,52 | 0,56 |
| Pasivo Total / Patrimonio (RDP) | 0,52 | 0,55 | 0,64 |
| EBITDA / Gastos financieros | 3,27 | 1,35 | 0,80 |
| Cobertura del servicio de deuda | 3,01 | 1,78 | 1,64 |
| Margen neto | 7,15% | 0,25% | 1,29% |
Fuente: Estados financieros de FOSA y análisis PCR.
La calificadora PCR mantuvo en marzo de 2026 la nota “AA2” con perspectiva estable, una decisión que se apoya en las proyecciones de un flujo de caja futuro positivo, sustentado a su vez en la expectativa de que los volúmenes de carga —soya, cemento, urea— se recuperen y las tarifas sigan al alza. Esa misma proyección, sin embargo, reconoce que durante 2025 la falta de combustible y la escasez de divisas ya golpearon a los clientes del ferrocarril, y que la empresa debió recurrir a medidas como la apertura de cuentas en USDT para sortear las restricciones cambiarias.
El círculo se ensancha mientras los controles brillan por su ausencia
El primer trimestre de 2026 no ha hecho sino confirmar la dependencia del artificio contable. El 28 de abril, FOSA comunicó a la ASFI los compromisos financieros de sus bonos con cifras al 31 de marzo. La Relación Deuda / Patrimonio se situó en 0,63 veces, cómodamente por debajo del límite de 1,0. Sin embargo, esa holgura es ilusoria: sin la reserva por revalúo técnico que infla el patrimonio en Bs 201 millones, la compañía habría incumplido el compromiso y se habría visto obligada a cancelar anticipadamente sus obligaciones. Mientras, la empresa siguió sumando pasivos. El 17 de abril, antes de renovar su directorio, FOSA ya había colocado una emisión privada de pagarés por Bs 7,5 millones con GANASAFI S.A., una administradora de fondos que canaliza recursos institucionales.
En el mismo período, la otra gran pieza del conglomerado aceleró su demanda de financiamiento. Gravetal Bolivia S.A., el mayor procesador de soya del país y cliente cautivo del ferrocarril oriental, obtuvo dos préstamos del Banco Económico en apenas cuatro días: Bs 29,75 millones el 24 de abril y Bs 30,87 millones el 28 de abril, totalizando Bs 60,6 millones. Gravetal es uno de los principales clientes de FOSA, empresa controlada por Carlos Gill Ramírez, cuyo grupo económico fue protagonista de la compra de la procesadora de soya y su posterior venta al grupo de Juan Valdivia. La sucesión de créditos revela que el grupo no solo somete a los fondos de pensiones a un riesgo indirecto a través de los bonos ferroviarios, sino que también absorbe directamente recursos de la banca, cuyas fuentes de fondeo están atadas al ahorro de los trabajadores.
Una decisión tomada en silencio
Las evidencias muestran que, lejos de activar los mecanismos regulatorios que el propio ordenamiento jurídico le permitía, el Gobierno optó por mantener inalterado el statu quo. Las emisiones siguieron su curso, los préstamos se desembolsaron, los directorios fueron renovados y, más recientemente, se planifican las emisiones 12 y 13 de FOSA.
En la última Junta General de Accionistas de FASA —celebrada el 9 de abril de 2026—, Carlos Gill Ramírez fue ratificado como presidente del directorio. Ese mismo día, la Gestora Pública propuso a Boris Branisa Caballero y a Bernardo Xavier Fernández Tellería como directores titulares, llenando temporalmente los vacíos existentes. La vicepresidencia de FOSA, por su parte, quedó en manos de Isabel Virgilia Pantoja Barroso, una de las nuevas representantes del Estado en el directorio. Las mesas quedaron armadas, pero la pregunta de fondo permanece sin respuesta: ¿es posible que el Estado recupere el control estratégico de sus ferrocarriles cuando el ministro encargado de hacerlo fue parte de esa misma estructura corporativa?
Doce días después, el 21 de abril, la propia FASA oficializó la mesa directiva que encabezará su gestión. Gill Ramírez retuvo la presidencia y Fernández Tellería fue elegido vicepresidente. La pieza es significativa: el mismo Bernardo Xavier Fernández Tellería que la Gestora Pública había postulado para el directorio de FOSA ocupa ahora la vicepresidencia de la otra concesionaria. La doble pertenencia refuerza el control unificado del grupo sobre ambas ferroviarias y tiende un puente directo entre la administración de los fondos de pensiones y la cúpula corporativa que los recibe.
Mientras tanto, el dinero sigue fluyendo. Los trabajadores bolivianos, a través de sus cuentas de pensiones, siguen siendo los grandes financistas de un negocio que el Estado parece haber decidido no recuperar.
La Gestora y el círculo del dinero
Los fondos de inversión cerrados (FIC) que compran los bonos de FOSA se financian mayoritariamente con los recursos de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, entidad que a su vez administra los ahorros previsionales de los trabajadores. Ese dinero fluye primero a las entidades bancarias y a las administradoras de fondos, desde donde se canaliza hacia las emisiones de deuda de las ferroviarias.
La Gestora, además, es accionista de ambas empresas —posee 49,91% de FOSA y 49,93% de FASA—, pero no nombra directamente a la totalidad de los directores que le corresponden; varios puestos permanecen “pendientes de designación”. A ello se suma que determinadas inversiones en este entramado presentan saldo negativo en la contabilidad de la cartera de la Gestora, lo que implicaría que el valor de mercado de esos instrumentos es inferior al monto invertido originalmente.
En la práctica, mientras las utilidades privadas se distribuyen regularmente —FOSA pagó dividendos en 2023 y 2024—, el ahorro colectivo asume riesgos crecientes sin que exista un control efectivo por parte del Estado sobre el destino de esos fondos. La renovación de los directorios, la designación de un vicepresidente de FASA que es a la vez candidato a director de FOSA por la Gestora, y los créditos simultáneos a Gravetal terminan de dibujar un circuito cerrado en el que las fronteras entre el ente previsional, el regulador y el grupo controlante se han desdibujado por completo.
Fuente: El País.bo