El 8 de mayo se cumple un mes de la promulgación de la norma. El Presidente impulsa un encuentro por el tema tierra para fines de mayo.
Por eju.tv / La Paz
Tras casi un mes de la promulgación de la Ley 1720, que permite la conversión de la pequeña a mediana propiedad, los campesinos de Pando y Beni, que marcharon por más de 20 días hasta La Paz para pedir la abrogación de la norma, sumaron el apoyo de varios sectores para masificar su protesta; en tanto, la Cámara Agropecuario del Oriente (CAO) y la Asociación de Avicultores de Santa Cruz (ADA) salieron en defensa de la normativa y se declararon en estado de emergencia.
Impulsada por el senador de la opositora Libre, Branko Marinkovic, la Ley 1720 autoriza al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) la conversión de la clasificación de Pequeña Propiedad Agraria a Mediana o Empresarial.
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De acuerdo con la Ley, la reconversión es un “procedimiento de actualización catastral, por el cual la o el titular del derecho propietario de la pequeña propiedad solicita por escrito de manera voluntaria al INRA, el cambio en la clasificación de su propiedad a mediana propiedad, sin más trámite que la solicitud escrita y una Declaración Jurada voluntaria donde exprese claramente la decisión de la conversión”.
La o el titular del derecho propietario podrá acceder al procedimiento de manera gratuita cumpliendo con el trámite establecido.
“Este no es un problema de latifundios, este no es un problema de quiénes se quedarán con la tierra, es un problema de que aquel que está en el ámbito de lo rural tenga derecho al crédito, tenga derecho a crecer, tenga derecho a tener sus decisiones, no dependiendo de ciertos grupos de poder que son los mismos, en gran medida, que han controlado desde el 52 la tierra en Bolivia”, dijo el 13 de abril el presidente Rodrigo Paz al defender la norma.
No obstante, campesinos de Pando y Beni objetan la Ley y exigen su abrogación. Marcharon por más de 20 días desde Pando hasta la ciudad de La Paz y desde su arribo, el fin de semana, aún no fueron recibidos por el presidente.
En cambio, varios sectores se sumaron a los marchistas y, durante una reunión el 5 de mayo, en la ciudad de La Paz, se comprometieron a “masificar la movilización” y articularse “en una sola plataforma”.
Se trata de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Pando Regional Madre de Dios; la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Beni Regional Vaca Diez; la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (Cpemb); la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb); la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz «Tupac Katari»; la Central Obrera Boliviana (COB); el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo (Conamaq).
Además del Magisterio Nacional Urbano y Rural; la Federación Agraria Provincial de Colonizadores de Caranavi (Fapcca); la Federación Departamental de Comunidades Interculturales Originarias de La Paz Ixiamas (Fdciolp); la Federación Única de Trabajadores Campesinos Originarios de la Provincia Abel Iturralde (Futoc-Pai); la Federación Sindical de Productores Agropecuarios Provincia Abel Iturralde (Fespai-Fesmai) y otros sectores sociales.
En su declaración conjunta rotulada “Pacto de Unidad por la Dignidad, la soberanía nacional, la defensa de la tierra y el territorio para el movimiento indígena originario campesino”, piden la aprobación inmediata en la Asamblea Legislativa Plurinacional de una ley que abrogue Ley 1720, “iniciativa que debe ser presentada por el Presidente del Estado Plurinacional”.
A la par, piden la dotación, titulación y compensación de territorios indígenas originarios campesinos a nivel nacional conforme a la Constitución Política del Estado y las normativas agrarias vigentes, garantizando la seguridad jurídica de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y de las comunidades campesinas e indígenas y la aprobación y promulgación de las leyes de la Amazonia Bruno Racua, de Bosques y otros sistemas de vida y de Gestión Pública para las Autonomías Indígenas Originarias.
Además, exigen el respeto a los territorios indígenas originarios campesinos, como indica la Constitución en el proceso de reforma del régimen agrario, y la paralización del tratamiento del proyecto de ley 060/25 que promueve los mercados de carbono y mercantiliza nuestros derechos y territorios.
A diferencia de ello, la CAO, que aglutina a la agroindustria de Santa Cruz, se declaró en estado de emergencia en defensa de la Ley 1720, pero, además demandó la abrogación del Decreto Supremo 5613, norma que aprobó el Ejecutivo para agiliza la dotación de tierras a campesinos de Pando y Beni con el objetivo de frenar la marcha de los campesinos a La Paz.
“El 90% de los títulos individuales del país son de pequeños productores que quieren salir de la pobreza, que quieren invertir, que quieren tener tecnología, un futuro para su familia y no por un grupo de personas, no por un grupo de organismos internacionales que están financiando vamos a permitir que se abrogue la Ley 1720″, dijo el presidente de al CAO, Klaus Frerking.
En sintonía, la Asociación de Avicultores de Santa Cruz (ADA) se declaró en estado de emergencia “ante la crisis multisectorial que atraviesa el país y que amenaza directamente la sostenibilidad de nuestras granjas”.
Al igual que la CAO, rechazó “categóricamente cualquier intento de abrogación de la Ley 1720” y exigió a la “Brigada Parlamentaria Cruceña y a los legisladores nacionales actuar con responsabilidad, protegiendo el marco legal que garantiza el trabajo del productor”.
También se sumaron y respaldaron las acciones de inconstitucionalidad interpuestas ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en contra del decreto supremo 5613 porque, afirma, “vulnera la jerarquía normativa, atenta contra el derecho propietario y genera una inseguridad jurídica que paraliza la inversión”.
“Exigimos su abrogación inmediata por ser una norma que nace viciada y atenta contra el Estado de Derecho”, refiere el comunicado de ADA.
Además, de ello, el sector definió como una urgencia el “uso de biotecnología” porque “ha dejado de ser un pedido para convertirse en una necesidad de supervivencia” para “garantizar competitividad, eficiencia y precios accesibles para la población”.
En medio de estas posiciones, ya la anterior semana el presidente Paz convocó a distintos encuentros, uno de ellos que versará sobre el tema de las tierras.
Paz informó el fin de semana que el encuentro se realizará a finales del mes de mayo y que la ley puede ser ajustada, pero no abrogada.
“Ni oriente tiene que imponer a occidente, ni occidente tiene que imponer a oriente, pero tenemos que llegar a un acuerdo, tenemos que conciliar”, dijo.