Desde la Cainco afirman que es indispensable que las normas y reformas sean discutidas con argumentos técnicos, económicos y jurídicos, en espacios de socialización amplios y transparentes, mucho antes de que los temas escalen a escenarios de confrontación.
La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) cuestionó este viernes que las decisiones legislativas en el país estén condicionadas por medidas de presión y conflictos sociales, en medio de la creciente tensión por el debate de la Ley 1720 de conversión de tierras.
«Es inadmisible que el silencio de quien produce e invierte sea ignorado, mientras el estruendo de la calle y la piedra en la carretera dicta el rumbo de las leyes. Esa dinámica debilita la democracia, ahuyenta inversiones y erosiona la confianza en el país», sostiene la entidad empresarial a través de un comunicado, en referencia al escenario de conflictividad que rodea el tratamiento de la norma.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Desde la Cainco afirman que es indispensable que las normas y reformas sean discutidas con argumentos técnicos, económicos y jurídicos, en espacios de socialización amplios y transparentes, mucho antes de que los temas escalen a escenarios de confrontación. «El país no puede seguir funcionando bajo un esquema de ensayo y error, donde leyes necesarias son retiradas o modificadas únicamente por temor a medidas de presión. Gobernar también significa explicar, defender las decisiones correctas y construir consensos sin capitular frente a intereses que buscan imponer la fuerza sobre la razón».
Asimismo, la institución empresarial pidió que las normas y reformas sean debatidas en espacios técnicos, transparentes y con participación amplia, evitando que decisiones estructurales sean modificadas o retiradas por temor a movilizaciones o bloqueos.
El sector productivo boliviano permanece en estado de emergencia mientras la discusión sobre la Ley 1720 continúa abierta en la Asamblea Legislativa, en un contexto marcado por la presión de distintos sectores sociales y económicos.
El pronunciamiento surge luego de que el sector agroproductivo convocó a una reunión de emergencia para el próximo 14 de mayo en Montero, donde definirán posibles medidas de presión para evitar la abrogación de la Ley 1720, considerada por el sector como una garantía para mantener la producción y las inversiones.