Mientras Bolivia mantiene las tarifas eléctricas más bajas de Sudamérica, el salario promedio es hasta tres veces menor que en Chile o Uruguay. El subsidio energético no reduce la pobreza: la reproduce ocultando el costo real de vivir.
Fuente: El País.bo
Durante dos décadas, Bolivia ha exhibido con orgullo una de las tarifas eléctricas más reducidas del continente: alrededor de 15 dólares por megavatio‑hora (MWh) para los hogares y valores similares para la industria. En los discursos oficiales, esa cifra se presenta como un escudo social.
Sin embargo, la literatura económica y la experiencia comparada sugieren una lectura inversa: la energía artificialmente barata ha sido también el soporte de salarios artificialmente bajos, y el principal beneficiario no ha sido el consumidor vulnerable, sino el gran consumidor industrial y comercial.
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Los datos regionales permiten dimensionar la anomalía. Según el Banco Mundial y la Agencia Internacional de Energía (IEA), en 2024 el precio residencial promedio en América Latina oscilaba entre 80 y 180 USD/MWh. Colombia, con una matriz hidro‑térmica, cobraba 105 USD/MWh; Perú, 120 USD/MWh; Chile, 160 USD/MWh. Bolivia, en cambio, facturaba 15 USD/MWh, es decir, una décima parte del promedio regional.
Brecha extrema
El subsidio eléctrico boliviano equivale al 2,1% del PIB, pero el quintil más rico captura el 40% del beneficio.
La diferencia no es un logro de eficiencia: es un subsidio implícito que YPFB absorbió vendiendo gas a las termoeléctricas a 1,2‑1,6 dólares por millón de BTU, mientras ese mismo gas se exportaba a Brasil y Argentina por encima de 4‑6 dólares.
Ese subsidio representó, según cálculos del Harvard Growth Lab y del CNDC, una transferencia anual equivalente a entre el 1,5% y el 2,1% del PIB. Para ponerlo en perspectiva: el gasto público en educación en Bolivia ronda el 7% del PIB, de manera que la energía barata ha costado al Estado, cada año, casi un tercio de lo que invierte en formar capital humano.
¿Y los salarios?
El espejo regional es esclarecedor. En 2025, el salario mínimo en Chile equivalía a 530 dólares mensuales; en Uruguay, a 605; en Argentina, a 400; en Perú, a 330; en Colombia, a 335. Bolivia reportaba un salario mínimo de 325 dólares (2.250 bolivianos al tipo de cambio oficial), el más bajo de Sudamérica si se excluye Venezuela. El salario promedio en el sector formal privado boliviano no superaba los 450 dólares. La aparente paradoja es que la energía más barata del subcontinente convive con la fuerza laboral peor remunerada.
Una tarifa eléctrica y un combustible vehicular subsidiados comprimen el costo de reproducción de la fuerza de trabajo, lo que reduce la presión para aumentar los ingresos nominales. En otras palabras, la canasta básica es “barata” porque el Estado asume una parte del costo energético, permitiendo a los empleadores mantener salarios sin que estalle la conflictividad social. Así, el subsidio funciona como un salario indirecto que, lejos de empoderar al trabajador, lo ata a un modelo de bajos ingresos y bajo consumo.
Además, la distribución del beneficio es profundamente regresiva. Un informe de CEPAL (2024) sobre subsidios energéticos en América Latina señala que, en promedio, el 40% del valor de los subsidios a los combustibles y la electricidad es capturado por el quintil más rico de la población, que posee vehículos, consume más electricidad y opera actividades productivas intensivas en energía. En Bolivia, esto se magnifica: la minería cooperativa y mediana, la agroindustria oriental y el transporte pesado gozan de electricidad y diésel subvencionados, mientras el hogar rural apenas consume 80 kWh al mes y no siente alivio real.
Tres casos para el debate
En la región, existen tres casos paradigmáticos de subvención de la energía que permiten calibrar el debate al interior de nuestras fronteras.
Brasil (2002‑2016) mantuvo precios administrados de gasolina y electricidad como herramienta antiinflacionaria. El resultado fue un déficit creciente en Petrobras, desinversión en refino y una crisis que acabó con el impeachment de Dilma Rousseff. Los salarios reales, mientras tanto, crecieron por transferencias condicionadas (Bolsa Família), no por el subsidio energético.
Argentina (2003‑2015) congeló tarifas residenciales de luz y gas; los hogares pagaban facturas de 5 a 10 dólares mensuales. Simultáneamente, el salario mínimo aumentó hasta superar los 500 dólares nominales, pero el déficit fiscal del sector energético se multiplicó por ocho y la producción de gas cayó. Cuando los subsidios se retiraron parcialmente entre 2016 y 2018, la inflación se disparó y los salarios reales colapsaron. La conclusión: el subsidio no había creado riqueza, solo la había disfrazado.
Chile optó por el camino inverso. Las tarifas reflejan el costo marginal de generación y se revisan semestralmente. Existen subsidios focalizados (Ley de Equidad Tarifaria) para el 40% más vulnerable, pero el precio base es real. El salario mínimo chileno duplica al boliviano, y la productividad mediana es cuatro veces mayor. La lección es que la señal de precio correcta facilita la inversión, promueve la eficiencia y, en un marco institucional sólido, no empobrece a los hogares.
En Bolivia, la eliminación de subsidios suele agitar el fantasma del “gasolinazo” y la inestabilidad. Pero mantenerlos tampoco es gratuito: la Gestora Pública de la Seguridad Social tiene hoy activos por más de 29.500 millones de dólares, mayoritariamente invertidos en instrumentos de deuda estatal y depósitos de baja rentabilidad. De acuerdo a la analista financiera, Edith Gálvez, consultada para esta serie, un programa de bonos de YPFB y ENDE para financiar la puesta en valor de Mayaya, Bermejo y la nueva generación renovable permitiría redirigir parte de ese ahorro hacia activos productivos internos. “De este modo, el levantamiento ordenado del subsidio —acompañado de un aumento progresivo del salario mínimo y de mecanismos de compensación directa a los hogares— rompería el círculo donde giran energía barata, baja productividad, salarios estancados, y pensiones sin anclaje en la economía real”.
Financiamiento de la soberanía
Gálvez traza un escenario alternativo que prescinde del falso dilema “Estado o privados”. “El verdadero nudo es el subsidio, no la propiedad”, afirma. “Si se libera el precio del gas y la electricidad, el mercado interno reflejará su costo real. Eso permite que un proyecto hidroeléctrico, solar o eólico sea viable sin primas artificiales. El Estado, a través de ENDE y YPFB, puede participar en pie de igualdad con privados, siempre que los contratos garanticen reinversión y transparencia”.
“Hay un punto que los defensores del subsidio nunca mencionan”, añade Gálvez. “ENDE vende energía a 15 dólares el megavatio-hora, pero cuando va a comprar una turbina nueva, la paga a precio de mercado internacional, es decir, un millón de dólares por megavatio instalado, más los servicios de ingeniería, más la logística. Lo mismo ocurre con una línea de transmisión o un transformador de potencia. Esa brecha entre ingresos subsidiados y costos reales de inversión es lo que va descapitalizando silenciosamente a la empresa estatal. Si queremos que ENDE compita, invierta y lidere la transición, el primer paso es que sus ingresos reflejen el costo real de generar y transportar electricidad. De lo contrario, la estamos condenando a ser una empresa grande pero financieramente frágil, que depende de aportes fiscales para no deteriorarse”.
Gálvez agrega un horizonte de largo plazo: “Bolivia podría impulsar la electrificación total del parque automotor público y privado, utilizando el gas remanente como puente mientras se construyen pequeñas centrales hidroeléctricas de pasada. Ese programa absorbería la sobreoferta temporal de electricidad, crearía demanda firme para Mayaya y Bermejo, y, unido a una Ley del Litio que exija la industrialización en el país, atraería inversión china, rusa o de otros orígenes para fabricar baterías y vehículos eléctricos en territorio boliviano, generando empleo de calidad y regalías. Con precios reales de la energía, los salarios tenderán a subir porque el trabajador ya no dependerá de un subsidio oculto, sino de su productividad”.
Bonos para la soberanía: ahorro previsional al rescate
La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo administra cerca de 29.500 millones de dólares, el mayor fondo institucional del país. Hoy, la mayor parte está colocada en títulos del Tesoro y depósitos bancarios.
De acuerdo a Gálvez, si la gestora adquiriese bonos de YPFB destinados a desarrollar Mayaya y Bermejo —por un monto de 300 a 500 millones de dólares en una primera fase— lograría un doble objetivo: mejorar la rentabilidad de largo plazo para los jubilados y dotar a Bolivia de gas propio para la generación eléctrica.
La emisión podría estructurarse a 15 años, con garantía de producción futura y tasa indexada al precio del gas en el mercado interno real, sin subsidio. Este mecanismo evitaría recurrir a endeudamiento externo soberano y cerraría el círculo entre ahorro nacional, seguridad energética y transición hacia una matriz más diversificada.
La Asociación de Fondos de Pensiones ya ha señalado que existe apetito institucional por instrumentos vinculados a infraestructura, siempre que cuenten con calificación de riesgo y un marco regulatorio que garantice la estabilidad del flujo de caja. Si el gobierno incluye este componente en su agenda legislativa, la “catástrofe inminente” que describen los diagnósticos tradicionales podría transformarse en una oportunidad de desarrollo soberano.
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