“Expresamos nuestra preocupación por la repetida anulación o paralización de normas”, resaltaron desde la CEPB, apuntando a la imprevisión, la insuficiente socialización y la debilidad ante la presión de ciertos sectores.
Fuente: Unitel
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) planteó la conformación de un equipo de mediación para abordar los conflictos que se registran en el país y un espacio permanente de diálogo técnico, jurídico y político para viabilizar leyes consideradas clave para la estabilidad económica, la inversión y la reactivación productiva.
El pronunciamiento surge en medio de movilizaciones que son impulsadas por diferentes sectores y consenso alcanzado este martes para la abrogación de la Ley 1720 de conversión de tierras.
“Considerando que la emergencia económica es la cuestión más urgente a resolver, proponemos la conformación inmediata de un espacio formal y permanente de diálogo técnico, jurídico y político (…) orientado a construir consensos y viabilizar la aprobación de las leyes de inversión, hidrocarburos, minería, litio y energía”, reza el comunicado.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Desde la CEPB apuntan a sentar en la misma mesa al sector público, empresariado, instituciones de la sociedad, regiones y cooperación internacional, de modo que se garanticen la estabilidad, la producción, las exportaciones y la atracción de capitales.
En la jornada, el presidente Rodrigo Paz también hizo un llamado al diálogo para socializar un paquete de 10 leyes que están listas en el Ejecutivo, contemplando abordarlas con los diferentes frentes políticos que integran la Asamblea Legislativa y con instituciones y organizaciones sociales.
“Expresamos nuestra preocupación por la repetida anulación o paralización de normas”, resaltaron desde la CEPB, apuntando a la imprevisión, la insuficiente socialización y la debilidad ante la presión de ciertos sectores.
Para la CEPB es clave también el diseño, socialización y ejecución de un plan nacional de emergencia económica integral y sostenible, que contemple medidas de estabilización macroeconómica, reactivación productiva, mitigación social, fortalecimiento institucional y seguridad energética.
No obstante, también consideran urgente la convocatoria a un equipo de mediación integrado por entidades nacionales de derechos humanos y organismos internacionales que puedan promover un diálogo efectivo entre los sectores movilizados y el Gobierno nacional.
Según el pronunciamiento, la premisa es encontrar soluciones a las demandas que sean atendibles, que no vulneren la Ley ni pongan en peligro la estabilidad democrática, contemplando también que se imponga la ley y se abran procesos contra quienes incurran en acciones y delitos como los bloqueos de carreteras.