El bloqueo —como medida de protesta social— es una violación directa a la libertad individual y a la libertad económica. Y mucho más allá, el bloqueo del acceso a los servicios de salud y al libre tránsito de las ambulancias es un delito de lesa humanidad y una violación de los Derechos Humanos y de la vida. Un bloqueo de carreteras interfiere con la libre circulación y con el uso de la propiedad privada (vehículos) y pública (la propia carretera). Las protestas que coaccionan a otros bloquean el acceso legítimo a recursos y son agresiones a la propiedad física de las personas. Bloquear el paso es una violación de la libertad de asociación y del libre movimiento de los ciudadanos que deben utilizar esas vías para sus propios fines productivos.
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Las organizaciones sociales en Bolivia utilizan ciertas tácticas —marchas o bloqueos— como “repertorios de acción colectiva” para hacer visible una demanda o solicitud al Estado. Esta lógica de disrupción sugiere que cuando los canales institucionales —votos, peticiones formales— fallan, los grupos recurren a la “disrupción estratégica”. En este sentido, el bloqueo de carreteras no busca solo detener el tráfico, sino generar un costo económico y político tan alto que obligue al gobierno a sentarse a negociar y acceder a sus demandas, lo que en ocasiones lleva a plantear demandas tan dictatoriales y manipuladas, como la renuncia de un gobierno democráticamente electo –exigencias que atentan contra el orden democrático–. Sin embargo, esta “disrupción estratégica” muestra un dilema ético y jurídico fundamental: la colisión de derechos fundamentales. Si bien la libertad de expresión y la protesta son acciones aceptadas en una democracia, su ejercicio no es absoluto. Cuando el costo económico y político se traduce en el bloqueo de vías arteriales, se produce una vulneración directa del derecho a la libre locomoción, la libertad de trabajo y, en casos críticos, el acceso a servicios de salud urgentes —tal como sucede frecuentemente en Bolivia—. De esta manera, la táctica de disrupción deja de ser un diálogo con el Estado para convertirse en una imposición sobre otros ciudadanos, quienes, sin ser parte del conflicto ni los responsables de las acciones del Estado, terminan asumiendo el costo material de una demanda ajena.
Las demandas sociales por medio de la protesta y el bloqueo son medidas que en Bolivia se utilizan como una herramienta de presión y de chantaje para obtener ciertos fines, no siempre legítimos. Por el contrario, muchas veces se constituyen en la exigencia o el capricho de ciertos sectores que no comprenden que sus peticiones son económicamente inviables para un gobierno, debido a la restricción presupuestaria del gobierno o a la imposibilidad técnico-económica de esas demandas. Y surge la idea de que el gobierno debe proporcionar todo gratis a los ciudadanos, lo que es “socialismo” puro, en el que se ignora el respeto a la propiedad privada y en el que no se considera de dónde salen los recursos que tiene el Estado, recursos que generalmente se les expolia a algunos para dárselos a otros. Además, estos sectores tampoco comprenden que el gobierno atraviesa una situación crítica a nivel presupuestario por culpa de gobiernos de izquierda anteriores, que consideraron que el gasto debería ser ilimitado y descontrolado, incurriendo en desfalcos y robos.
En lo que se refiere a la ética de la protesta de la COB ante el Gobierno, existe un conflicto entre la “demanda social” y el abuso en el ejercicio de un supuesto “derecho”. La captura del Estado por grupos de presión no busca el bienestar de la sociedad —lo cual ya es debatible bajo la óptica de la violación de ciertos derechos en esa misma búsqueda—, sino que, la mayor parte de las veces, busca beneficios específicos para ciertos sectores (privilegios salariales desproporcionados, cuotas de poder o favores políticos). Cuando la demanda no tiene una base técnica justificada, el bloqueo deja de ser una herramienta de justicia aparente para convertirse en una herramienta de extorsión política, con consecuencias para la ciudadanía. Aquí emerge la tragedia ética del conflicto: el bloqueo diseñado para presionar al Estado termina a menudo presionando al ciudadano. Entonces se produce lo que en economía se entendería como una transferencia del costo del conflicto: mientras el Gobierno puede resistir el bloqueo, el campesino no puede vender su cosecha, el enfermo no llega al hospital o el trabajador pierde su empleo por no poder transitar. Al final, son ellos quienes pagan la falta de reglas claras del Gobierno frente al bloqueo.
En Bolivia, hay una desconexión social enorme entre el medio (el modo en que se obtiene algo) y el fin (lo que se pretende obtener), ya que se da una paradoja cruel: la COB dice luchar por “el pueblo”, pero el método que utiliza —el bloqueo— perjudica directamente al pueblo y a los sectores que esta misma considera los más vulnerables: campesinos, transportistas y consumidores de escasos recursos. Esto provoca que la “organización social” deje de ser vista como una “defensora” y empiece a ser vista como una “secuestradora” de la economía. El bloqueo es una medida de “fuerza bruta”. Si bien puede obligar al gobierno a sentarse a negociar, no resuelve el problema de fondo debido a las restricciones gubernamentales. Entonces, a menudo se llega a acuerdos temporales o parches que no solucionan las demandas —que además no tendrían por qué solucionarse si se violan derechos individuales y derechos de propiedad—, pero que, no obstante, dejan un rastro de profunda destrucción económica.
La carretera es la arteria vital que mantiene vivo al país. Sin embargo, muy a menudo esta arteria se convierte en el escenario principal de la lucha política. Cuando los sectores sociales sienten que el Estado es sordo a sus demandas, el bloqueo es el megáfono perfecto capaz de forzar la atención del poder. Y no existe una instancia de intermediación que les haga entender que sus demandas son —la mayor parte de las veces— irracionales en ciertos contextos, especialmente económicos y jurídicos. Es aquí donde el bloqueo deja de ser una medida excepcional para convertirse en un mecanismo de presión dictatorial que revela una falla profunda en el contrato social. Por lo que es urgente que se le ponga un freno o un límite a la violación de los derechos individuales del resto de la ciudadanía.
Lorena Gutiérrez Marconi – Economista y Politóloga