Diputado de Alianza Popular condena violencia en La Paz y pide investigar a responsables de saqueos y destrozos


Edwin Huiza asegura que los sectores campesinos ‘no generan esos daños’, cuestiona los hechos violentos registrados durante las movilizaciones en el centro paceño y pide a la justicia identificar a los vándalos.

eju.tv / Video: Brújula Digital

Edwin Huiza, diputado de Alianza Popular, frente político del expresidente del Senado Andrónico Rodríguez, expresó este martes su rechazo a los hechos de violencia, saqueos y destrozos registrados durante las movilizaciones en el centro de La Paz y sostuvo que ese tipo de acciones no representan al movimiento campesino boliviano.



El legislador lamentó las ‘actitudes violentas’ protagonizadas durante las protestas y remarcó que los sectores campesinos históricamente no se caracterizan por generar daños contra la población o la infraestructura pública. “Yo vengo del sector campesino y el sector campesino no genera esos daños”, afirmó Huiza al referirse a los disturbios registrados en calles y avenidas del centro paceño.

Las declaraciones surgen tras una jornada marcada por enfrentamientos, agresiones, saqueos y ataques a bienes públicos y privados durante las movilizaciones impulsadas por sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira. El asambleísta sostuvo que los hechos violentos deben ser investigados por las autoridades competentes para identificar a quienes participaron en agresiones y actos vandálicos.

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“La justicia tendría que investigar quiénes han realizado esto”, señaló el legislador, quien además pidió no confundir las demandas sociales con acciones de violencia organizada; aunque dejo abierta la posibilidad a que haya personas infiltradas en las protestas que aprovechan la situación para generar desmanes; en ese sentido, pidió a la Policía Boliviana y al Ministerio Público que aceleren las investigaciones para dar con los autores.

El diputado de Alianza Popular, Edwin Huiza. Foto: Cámara de Diputados

En las pasadas horas circularon numerosos videos en redes sociales donde se observan agresiones a civiles, destrozos en vías públicas, ataques a vehículos y enfrentamientos entre grupos movilizados y fuerzas del orden en distintos puntos de La Paz y El Alto. “Estas acciones son catalogadas como delitos y la justicia debe proceder como corresponde”, enfatizó el parlamentario de una de las líneas que se escindieron del Movimiento al Socialismo (MAS)

Las declaraciones de Huiza reflejan además el creciente distanciamiento de algunos sectores políticos y sociales respecto a los hechos vandálicos registrados durante las protestas. En medio de la escalada de tensión, distintas organizaciones comenzaron a deslindarse de los grupos que protagonizaron saqueos, ataques y agresiones contra civiles y periodistas.

El Gobierno sostiene que detrás de algunos hechos violentos existirían estructuras organizadas que buscan generar desestabilización política bajo el amparo de las movilizaciones sociales. El vocero presidencial José Luis Gálvez denunció incluso la existencia de grupos radicalizados y advirtió que el Ejecutivo no permitirá que “la violencia se imponga sobre la ley”.

La sede de gobierno continúa afectada por bloqueos, marchas y protestas impulsadas por sectores campesinos, sindicales y organizaciones afines al evismo, que mantienen como principal consigna la renuncia del primer mandatario; movilizaciones que iniciaron con reclamos económicos y sectoriales, pero en los últimos días derivaron en una confrontación política abierta signada por hechos de violencia y creciente radicalización.