Hay conflictos, pues, que un sistema político competitivo no puede solucionar fácilmente, y aun cabría decir que es incapaz de resolver.

Robert A. Dahl

Hace medio siglo, en 1976, Esteban Bertolusso publicó sus lecciones de filosofía con un título espléndido, La vocación del hombre: pensar por sí mismo. Aun cuando se trata de una introducción para colegiales, su provecho es mayor. Nos recuerda que apelar a nuestra capacidad intelectual es algo meritorio. Esto no significa que despreciemos las ideas forjadas por el prójimo, desde luego. El punto es que no cabe limitarse a la repetición de lo dicho por los demás, resignarse al papel del autómata. Nuestra naturaleza permite una situación distinta. El ser humano, a diferencia del resto, puede caracterizarse por su espíritu crítico. La posibilidad de concebir y, además, refutar razonamientos está presente para todos los que tengan voluntad al respecto. Así, en determinadas circunstancias, un individuo puede, reflexionando autónomamente, expresar su desacuerdo, llegando incluso a proponer reformas sociales.

La protesta es una manera de ser críticos, lo cual, en principio, debe juzgarse deseable. Mientras, tal como lo expone Sartori, el súbdito no tiene voz y está aplastado por el poder, los ciudadanos pueden manifestarse e interpelar a sus autoridades. Contar con esta opción es una gran conquista que ha nacido gracias a luchas no exentas de muertes e innumerables abusos. Tal vez por esto, es decir, debido al esfuerzo que demandó, la indiferencia de varias personas genere molestia. Si nos animamos a revisar la historia, advertiremos cómo las movilizaciones públicas han originado importantes avances. Sin gente en las calles, exigiendo respuestas a sus gobernantes, quizá los cambios positivos nunca lleguen, al menos para países donde confiar en la institucionalidad es muy raro.

No ignoro que tomar vías públicas sea una medida de hecho. En términos formales, el Estado ofrece al ciudadano una serie de caminos para plantear peticiones. La desgracia es que, en muchos casos, esos medios se hallan marcados por trabas, mala voluntad o negligencia. La frustración de no conseguir, aunque sea, una reunión con espíritu abierto puede conducir a otros derroteros. En consecuencia, salvo cuando haya móviles oscuros, un corte de ruta surge como secuela del problema causado por la burocracia. Es obvio que, en ocasiones, la responsabilidad se puede atribuir a gestiones pasadas; no obstante, asumir un cargo de relevancia trae consigo cargas ineludibles. No basta con aducir que los antecesores fueron unos delincuentes; corresponde asumir la tarea de aclarar, persuadir, convencer, en la medida de lo posible.

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Con todo, el ejercicio del derecho a la protesta tiene límites. Es ilusorio suponer que podemos tomar una decisión socialmente relevante sin considerar sus posibles repercusiones en las otras personas. En este sentido, una medida como la del corte de ruta, pongamos por caso, debería evitar prácticas descomedidas o harto lesivas para terceros. Si bien afectan la libertad de locomoción y, asimismo, provocan daños económicos, los bloqueos pueden ser entendidos como acciones legítimas, garantizadas por el Gobierno; sin embargo, tenemos salvedades. Cuando su empleo suscita otras secuelas, se vuelve justificable la intervención oficial para su neutralización. En 2019, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que, cuando hay riesgo concreto e inmediato para la vida o integridad, se puede usar la fuerza, proporcional, para su contención. Es verdad que, conforme a ese mismo órgano, se debe agotar el diálogo y la negociación; no cabe, pues, un uso inmediato de policías con tal finalidad. En cualquier caso, lo central es que, constatada la inutilidad de aquellas salidas pacíficas o consensuadas, surge ese recurso para quienes gobiernan.

Pero la intervención para evitar daños a la vida e integridad del resto no es lo único que conviene tener presente. Podemos también explotar una mirada ético-política del asunto. A veces, las protestas pueden ser criticadas por su impostura. Aludo al fenómeno que se presenta cuando quien se moviliza, en realidad, no lo hace porque nota una injusticia; su propósito es otro: fastidiar al régimen, desestabilizarlo, derrocarlo. Por mucho que se lo intente, cualquier diálogo con quienes están protagonizando aquellos reclamos se halla condenado al fracaso. No hay buena fe en el interlocutor. En este tipo de circunstancias, además, los disturbios pueden ser tan severos que, con justicia, nada impida recurrir a decisiones mayores, como decretar un estado de excepción. La protesta, por consiguiente, siendo ya desnaturalizada, una repudiable mascarada, motiva que haya respuestas de otra índole.

Por último, es menester resaltar cuánto pesa la democracia en esta problemática. Bajo esa forma gubernamental, la protesta es un derecho que no se puede suprimir. Es más, la práctica del bloqueo, por sí sola, no debe conllevar el inicio de acciones penales. La criminalización de toda crítica ciudadana, verbal o física, es un hecho condenable. Un tema distinto es que quienes protesten no midan su proceder, poniendo en claro riesgo la vida del resto, confundiendo reclamos con ataques subversivos. Por otra parte, si su verdadero fin es cambiar un Gobierno, debido a que sus decisiones les resultan insatisfactorias, ideológicamente perjudiciales, tampoco nos encontramos ante un escenario donde se admita una mirada benevolente. No, cuando se producen aquellos sucesos, lo que los ciudadanos esperan es la restauración del orden en el cual su libertad no sea irrespetada por impostores, violentos e intolerantes.

Por Enrique Fernández García, escritor, filósofo y abogado.