Por: Teresa Gutiérrez Vargas
En nuestra cultura nacional, particularmente, en el imaginario popular de los dichos cruceños, una figura tristemente familiar es la del “hijo opa”. Ese hijo, o a veces hija, que ya pasó los treinta o cuarenta años y sigue viviendo bajo la dependencia de la casa de los padres, comiendo de su mesa, usando a veces su dinero, sin pagar los servicios y postergando indefinidamente la responsabilidad de construirse una vida propia.
Este hecho no ocurre siempre por vagancia propia; muchas veces sucede porque la situación económica está muy complicada para independizarse o por una comodidad mutua: los padres brindan todas las comodidades a su chiquito para no sufrir si algo le pasa, y el hijo las acepta cómodamente para no esforzarse. El resultado de este mutuo acuerdo entre padres e hijo “opa” es una minoría de edad perpetua disfrazada de afecto familiar.
Curiosamente, este mismo patrón se reproduce a escala nacional en la relación de muchos ciudadanos con el Estado. Así como el hijo opa se condena a sí mismo a una vida a medias —sin proyecto propio, ni la satisfacción de valerse por sus propios medios—, el ciudadano que aspira a que el Estado le resuelva todo, termina sobreprotegido por el mismo sistema que dice querer liberarlo de la tranca.
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La dependencia económica no es gratis. Tiene un precio invisible pero brutal, tener más de 30 años y seguir viviendo como un adolescente exigente y parrandero, aunque con permiso de sus papás. Cuando otro (tu papá o el gobierno) decide qué comés, cuánto gastás, qué estudios podés hacer o qué negocio podés abrir, ya no sos plenamente adulto. Sos un mayor de edad con permiso de salida.
El trabajo y la iniciativa privada no son un castigo ni una carga moral. Son la forma más noble que tiene el ser humano de afirmarse en el mundo. Cambiar ese potencial por la comodidad de una mesada estatal —sea subsidio, plan social o empleo público improductivo— es un mal negocio.
El hijo opa suele creer que los recursos de sus padres son infinitos. Ignora que papá y mamá envejecen, que los ahorros se acaban y que llega el día en que ya no pueden sostenerlo.
Algo similar ocurre con el Estado. Mucha gente cree que “el gobierno tiene plata”, como si fuera un padre millonario eterno capaz de subvencionar bonos, vuelos solidarios y combustible para solucionar problemas ocasionados por quienes creen tener derecho de bloquear y a apropiarse del poder indefinidamente. ¿ Acaso se olvidan de un principio básico y elemental? El Estado no genera riqueza —claro ejemplo son las empresas que se crearon y quebraron—; solo redistribuye la riqueza que producen el sector privado y cada contribuyente, profesional o emprendedor que decide invertir en la formalidad. Cada subsidio, cada bono y cada empleo público innecesario salen del bolsillo de nosotros, lo que sí producimos y pagamos puntualmente nuestros impuestos.
Lo más preocupante es que muchas de estas medidas de presión terminan afectando a la población trabajadora que dicen defender. Los bloqueos prolongados no castigan al poder político; castigan al ciudadano común que pierde días de trabajo, al pequeño comerciante que no puede vender, al transportista varado y a las familias que ven escasear y subir el precio de los alimentos. Convertir el bloqueo en un método permanente de negociación ha normalizado una cultura donde se paraliza al país entero para imponer demandas sectoriales, debilitando aún más una economía ya golpeada.
Es lamentable que tanto los denominados Ponchos Rojos, la COB y sectores de cocaleros del Chapare hayan convertido el conflicto constante en una herramienta política y no en un mecanismo de defensa social.
Mientras algunas regiones intentan producir, invertir y trabajar, el país sigue atrapado en dinámicas donde cortar carreteras y presionar al Gobierno se vuelve parte habitual de la vida política.
La autonomía que históricamente defiende Santa Cruz no nació de una disputa administrativa con el poder central, sino de una visión de responsabilidad, producción y capacidad de decidir sobre el propio destino. La idea de que las regiones puedan administrar mejor sus recursos, impulsar su aparato productivo y resolver sus problemas desde su propia realidad responde a una lógica de generar menos dependencia del poder central y más confianza en la capacidad de los ciudadanos, municipios y departamentos para generar su propio desarrollo.
En una familia sana, cada miembro aporta según su capacidad. Cuando uno solo consume y nunca contribuye, genera resentimiento y sobrecarga al resto.
El Estado debería actuar como una red de apoyo temporal frente a situaciones fuera del control individual, como enfermedades graves, discapacidad o vejez, no como un proyecto permanente de dependencia. Cuando ese principio se distorsiona, los recursos destinados a quienes realmente los necesitan —niños en situación de calle, ancianos abandonados o personas con discapacidad severa— terminan sosteniendo a adultos sanos que decidieron no asumir su propia responsabilidad.
Esto no es un tema de “flojos” versus “trabajadores”. Es un tema de justicia y reciprocidad. Una sociedad donde muchos buscan vivir del esfuerzo ajeno no es solidaria, es parasitaria. Y termina perjudicando especialmente a los más vulnerables de verdad.
El “hijo opa” no siempre es culpable. Muchas veces es producto de padres sobreprotectores que, con su amor mal entendido, le robaron la oportunidad de madurar. De igual manera, muchas políticas populistas crean incentivos y subsidios clientelistas, regulaciones que ahogan la iniciativa privada y un discurso que estigmatiza al que quiere progresar por su cuenta.
Tal vez ahí radica una de las trampas más profundas del populismo moderno: convencer al ciudadano de que la solución a todos sus problemas vendrá siempre desde arriba, desde el líder, desde el partido o desde el Estado. Y cuanto más fuerte es esa dependencia psicológica, más difícil se vuelve construir individuos autónomos, responsables y capaces de transformar su propia realidad.
La solución no pasa por endurecer el corazón, sino por recuperar el valor de la autonomía. Por diseñar un Estado que ayude a quien realmente lo necesita, pero que no desincentive al que puede y debe valerse por sí mismo. Porque un país de “hijos opas” estatales es un país condenado a la mediocridad perpetua.
Llegó la hora de elegir: ¿queremos seguir siendo eternos adolescentes protegidos por un padre que, tarde o temprano, fallará, o preferimos construir una sociedad de adultos responsables, libres y dignos? La respuesta definirá el tipo de país y de ciudadanos que queremos construir con visión de futuro