Durante el operativo, el Ministerio Público procedió al secuestro de documentación y otros elementos considerados relevantes para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.
eju.tv / Video: Gigavisión
La Fiscalía Anticorrupción realizó este lunes un allanamiento en instalaciones de Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB),ubicadas en Santa Cruz de la Sierra, como parte de una investigación abierta de oficio por un presunto caso de tráfico de influencias relacionado con la venta de combustible. El fiscal asignado al caso Alberto Hurtado informó que la intervención se ejecutó junto a efectivos policiales de la unidad especializada con el objetivo de realizar el registro del lugar de los hechos y recolectar elementos que permitan avanzar en las investigaciones.
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«Hay una investigación dentro de un caso aperturado contra personas que actualmente ya no se encuentran trabajando en instalaciones de YPFB. Sin embargo, como la investigación continúa, es por ello que el suscrito fiscal, así como efectivos policiales de la Unidad Anticorrupción, se ha constituido en el lugar a efecto de recabar elementos indiciarios», informó.
Según explicó la autoridad, el proceso fue abierto tras conocerse indicios de que determinadas personas que presuntamente habrían sido favorecidas con el suministro de combustible, situación que derivó en la apertura del caso por el presunto delito de tráfico de influencias.
Durante el operativo, el Ministerio Público procedió al secuestro de documentación y otros elementos considerados relevantes para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.
Hurtado evitó revelar nombres de posibles involucrados para no afectar el desarrollo del proceso y sostuvo que, por el momento, el caso se encuentra en etapa investigativa, por lo que tampoco se confirmó si existe daño económico al Estado.
«Se aperturó de oficio toda vez que se tomó conocimiento de que habrían personas que estaban siendo beneficiadas con el combustible. Estamos en etapa investigativa», sostuvo sobre el presunto daño económico.
