El Gobierno reiteró su compromiso de que la ley se cumpla y de que ningún responsable quedará impune, mientras la Fiscalía avanza en las pericias para esclarecer si hubo un uso indebido de la fuerza.
eju.tv / Video: Bolivia TV
El Gobierno nacional lamentó este lunes (25) el fallecimiento de un joven de 24 años durante el pasado operativo ‘Corredor Humanitario de Banderas Blancas’ en la carretera La Paz – Oruro, y se comprometió a supervisar la investigación para determinar responsabilidades. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, en conferencia de prensa, reconoció que inicialmente circularon rumores de múltiples víctimas fatales, desmentidos con base en información preliminar, pero horas después se confirmó un deceso. “El que haya asesinado tiene que pagar”, sentenció, al tiempo que pidió disculpas por la confusión generada.
“Garantizamos que de parte del Gobierno nacional se va a impulsar, a ayudar. No nos corresponde a nosotros, es a la justicia, pero vamos a supervisar la correcta investigación y el que haya asesinado tiene que pagar. La ley no está para ser rota y nadie está por encima de la ley. (…) Habían fotos que correspondían a alguno de esos cinco que era de 2024 y así me fue proporcionado, pero creo que el sentido está explicado. El propósito era decir no son cinco, no son seis, no hay y oficialmente en este momento no lo tenemos y están mezclando imágenes. Eso el pueblo boliviano lo puede juzgar y queremos hacer nuestra labor con la mayor responsabilidad en el marco global de la tarea que tenemos de pacificar el país”, afirmó el vocero.
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La víctima fue identificada como Víctor Cruz Quispe, de 24 años, quien perdió la vida a causa de un “traumatismo cervical penetrante por proyectil de arma de fuego”, según el certificado de defunción. El hecho ocurrió en la localidad de Vilaque Copata, municipio de Calamarca, en medio de un operativo que buscaba habilitar un corredor humanitario para el ingreso de alimentos y medicamentos a La Paz. La instrucción oficial, según el vocero, era clara: las fuerzas del orden no debían portar armas letales.
El vocero explicó que durante la jornada del sábado, mientras se desarrollaban mesas de diálogo, comenzaron a circular rumores sobre cinco o seis fallecidos, acompañados de imágenes que luego se constató que correspondían a eventos anteriores.
“Colegas suyos de la prensa nos alertan y nos dicen esto está pasando y en esos ámbitos de conversación diversos que teníamos, nos exigían una respuesta. En función de la certeza de que las fuerzas del orden no portaban armas de ningún calibre, certificamos que no había documentos de fallecimiento”, relató.
Sin embargo, en la madrugada del domingo, las autoridades tuvieron conocimiento del deceso. El vocero reconoció la presión del momento. “Había la urgencia de poder comunicar y decirles que estaban circulando noticias falsas y ese fue el espíritu del aviso en aquel momento. Está en juego la posibilidad de pacificar el país”, agregó. Tras confirmarse la muerte, el Gobierno expresó su pesar y envió condolencias a la familia, la comunidad y el municipio.
El vocero pidió paciencia mientras se completa la investigación, que ya está en manos de la Fiscalía y un equipo técnico. “Tenemos conocimiento de que hay sendas imágenes que muestran lo que sucedió y que van a especificar, responder preguntas. No me corresponde a mí, le corresponde a las autoridades cuál es el calibre que se utilizó, cuál es la distancia en la que estaba la policía y sucedió el deceso, cuáles son las explicaciones técnicas, la dirección de la bala, qué es lo que ha pasado”, detalló.
Ante la contradicción entre la instrucción de no portar armas letales y la muerte por proyectil de fuego, el vocero ofreció disculpas por la comunicación inicial. “Lamentablemente sucedió esto otro y por eso pido disculpas. No sería lo óptimo, pero estábamos presionados con el tiempo y lo que estaba en juego era la posibilidad de avanzar en la construcción de soluciones”, concluyó. El Gobierno reiteró su compromiso de que la ley se cumpla y de que ningún responsable quedará impune, mientras la Fiscalía avanza en las pericias para esclarecer si hubo un uso indebido de la fuerza.