Por Ricardo V. Paz Ballivián
La Bolivia de hoy está atrapada en una espiral peligrosa. Veintidós días de bloqueos, marchas, enfrentamientos, cierre de carreteras y paralización parcial del aparato productivo no son solamente una crisis política: son una señal inequívoca de fractura social. Y cuando un país se fractura, no hay victoria posible para nadie.
Las movilizaciones que comenzaron como reclamos sectoriales han derivado en una demanda política mayor: la renuncia del presidente Rodrigo Paz. En torno a esa exigencia se han articulado sindicatos, organizaciones campesinas, sectores indígenas, juntas vecinales, grupos de transportistas y organizaciones sociales que sienten que el Gobierno no ha escuchado sus demandas o que ha reaccionado tarde frente a una crisis económica que golpea diariamente a la población. Aquí se han juntado el hambre y las ganas de comer. Una agenda “legítima” de reivindicaciones sectoriales con una evidente agenda sediciosa que se montó a la primera y cuyo objetivo es el derrocamiento antidemocrático del gobierno constituido el año pasado.
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Pero más allá de esa evidencia, la verdad es que Bolivia no enfrenta únicamente un conflicto político, económico o institucional. En el fondo, lo que se percibe es una crisis de representación, una profunda desconfianza mutua entre el Estado y una parte importante de la sociedad movilizada. Y cuando la desconfianza sustituye a la política, aparecen el bloqueo, la confrontación y el miedo.
Hoy el país vive con carreteras cortadas, desabastecimiento de alimentos y combustibles, dificultades para el acceso a medicamentos, pérdidas económicas millonarias y una creciente tensión social. La situación se ha agravado además por hechos de violencia, enfrentamientos y uso excesivo de la fuerza, sobre todo de grupos radicales muy bien organizados.
Evidentemente existe un intento de desestabilización y algunos sectores buscan precipitar una interrupción del orden democrático. Los sectores movilizados, por su parte, afirman que el Ejecutivo perdió legitimidad política y capacidad de conducción. La ciudadanía común —la inmensa mayoría— es la que paga el costo diario de esta confrontación.
En este escenario conviene detenerse y observar con serenidad quiénes son los actores reales de esta crisis.
Por un lado, está el Gobierno nacional, debilitado políticamente, obligado a administrar simultáneamente la conflictividad social, el deterioro económico y la presión internacional. Algunas señales recientes muestran intentos de rectificación: cambios ministeriales, anuncios de diálogo y apertura parcial hacia ciertos sectores. Pero esas señales no han logrado todavía reconstruir confianza.
Por otro lado, están los sectores movilizados: la Central Obrera Boliviana, federaciones campesinas, organizaciones indígenas y grupos vecinales que han encontrado en la presión callejera el único mecanismo que consideran eficaz para ser escuchados, sumados a ellos sectores políticos subordinados a la estrategia golpista de Evo Morales
El problema es que, conforme se prolonga el conflicto, también aparecen grupos más radicalizados, actores con agendas particulares y expresiones violentas que dificultan cualquier negociación racional.
Existe además un tercer actor silencioso pero decisivo: la ciudadanía agotada. La población que no participa directamente en el conflicto, pero que sufre sus consecuencias. Comerciantes, trabajadores, pequeños empresarios, transportistas, enfermos que esperan medicamentos, familias que viven en incertidumbre diaria. Ese sector no tiene micrófonos ni dinamita, pero constituye el verdadero termómetro social del país.
Y finalmente aparece un cuarto actor: las instituciones morales y de mediación. La Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos han comenzado a desempeñar un papel crucial, convocando a espacios de entendimiento y llamando a un “diálogo por el bien común”.
Es precisamente allí donde hoy se encuentra la salida menos costosa y más razonable para Bolivia.
Porque conviene decirlo con claridad: las salidas de fuerza no son viables.
La historia boliviana ha demostrado repetidamente que la represión no resuelve conflictos estructurales; los agrava. Cada vez que el país intentó resolver tensiones sociales mediante la imposición coercitiva, el resultado terminó siendo más polarización, más víctimas y mayor deterioro institucional.
Bolivia conoce demasiado bien los costos humanos y políticos de la confrontación directa entre el Estado y la sociedad movilizada. Octubre de 2003 permanece todavía en la memoria colectiva como una advertencia histórica. También las experiencias posteriores dejaron una enseñanza elemental: ningún gobierno sale fortalecido cuando la violencia reemplaza a la política.
Por eso resulta preocupante escuchar voces que insisten en “desbloquear por la fuerza”, “imponer orden” o “restablecer autoridad” como si se tratara únicamente de un problema operativo. No lo es. El problema es político y social. Y los problemas políticos jamás se resuelven exclusivamente con mecanismos coercitivos.
Incluso desde una perspectiva práctica, la opción represiva parece inviable. La magnitud territorial de los bloqueos, la diversidad de actores movilizados y el grado de tensión acumulada hacen extremadamente riesgosa cualquier intervención generalizada. Una escalada podría producir víctimas fatales, profundizar la radicalización y terminar generando un escenario todavía más incontrolable.
La alternativa racional es otra: abrir una mediación confiable.
Y esa mediación debe estar encabezada precisamente por las instituciones que todavía conservan credibilidad transversal ante distintos sectores del país: las iglesias, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos.
La Iglesia posee una larga experiencia histórica en facilitación de diálogos nacionales. La Defensoría del Pueblo ha insistido reiteradamente en la necesidad de “desescalar la conflictividad y precautelar la vida. Y las organizaciones de derechos humanos representan una garantía mínima para que ambas partes se sienten sin temor a persecuciones o represalias.
El país necesita construir urgentemente un espacio neutral donde nadie tenga que capitular públicamente para empezar a conversar.
Porque dialogar no significa rendirse.
Dialogar significa reconocer que el adversario existe y que el país no puede seguir atrapado en la lógica de vencedores y vencidos.
El Gobierno debe entender que la legitimidad democrática no se sostiene solamente en el origen electoral, sino también en la capacidad de escuchar y conducir consensos en momentos críticos.
Y los sectores movilizados deben comprender que una crisis prolongada puede terminar erosionando también su propia legitimidad social, especialmente cuando el costo humanitario y económico comienza a recaer sobre la población más vulnerable.
La mediación tendría que establecer objetivos concretos e inmediatos.
Primero, garantizar corredores humanitarios permanentes para alimentos, medicinas y combustible.
Segundo, generar una agenda mínima de distensión que incluya garantías mutuas, reducción progresiva de medidas de presión y suspensión de acciones represivas.
Tercero, abrir una negociación política seria sobre las demandas estructurales que originaron el conflicto.
Y cuarto, construir un compromiso nacional explícito de rechazo a la violencia como mecanismo de resolución política.
Los escenarios posibles hacia adelante son relativamente claros.
El primer escenario es el de la escalada: más bloqueos, más enfrentamientos, más desgaste estatal y eventual violencia mayor. Es el peor camino posible.
El segundo escenario es el del desgaste mutuo: un conflicto prolongado donde nadie gana realmente, pero todos pierden gradualmente legitimidad, capacidad económica y estabilidad institucional.
Y el tercer escenario —el único razonable— es el de una negociación mediada que permita una salida política pactada, imperfecta quizá, pero menos traumática para el país.
Bolivia necesita hoy menos consignas y más estadistas. Menos maximalismos y más responsabilidad histórica.
Porque cuando una nación entra en un ciclo de confrontación permanente, la primera víctima es siempre la convivencia democrática.
Y porque, al final, ningún bloqueo puede sustituir indefinidamente a la política, pero tampoco ningún gobierno puede gobernar mucho tiempo ignorando el tamaño del descontento social.
La hora exige serenidad, sensatez y grandeza.
Todavía estamos a tiempo de evitar que la crisis derive en una fractura más profunda.
Pero para ello alguien debe dar el primer paso hacia el diálogo. Y ese paso no puede esperar mucho más.