Bolivia vuelve a encontrarse con una vieja conocida: la bonanza de un recurso natural. Esta vez no es el gas, sino el oro y la plata. Y como suele ocurrir, la noticia llega envuelta en cifras que invitan al optimismo antes que a la reflexión.
Según los datos disponibles para el primer trimestre de 2026, las exportaciones del país habrían alcanzado unos 3.582 millones de dólares, cerca del doble del mismo periodo del año anterior. Detrás de ese salto está, sobre todo, el oro, cuyas ventas habrían pasado de 73 a 786 millones de dólares en apenas un año, y la plata, que por primera vez superaría los mil millones en un solo trimestre. Visto así, parece el regreso triunfal de Bolivia al club de los exportadores de materias primas.
Conviene, sin embargo, mirar el dato con calma. Un crecimiento de casi diez veces en un solo producto y en tan poco tiempo no se explica solamente por una mayor producción. Hay al menos tres posibilidades, y son muy distintas entre sí. La primera es que efectivamente se esté produciendo más de manera formal, lo cual sería una buena noticia. La segunda es que operaciones que antes ocurrían en la informalidad ahora se estén registrando, lo que infla la estadística sin crear riqueza nueva. La tercera, más incómoda, es que parte de ese oro sea importado, refundido y reexportado, de modo que el metal solo cambia de nacionalidad en los papeles. No tengo forma de saber cuál de las tres pesa más; lo honesto es señalar que la diferencia es enorme. Una cosa es generar riqueza productiva real y otra muy distinta es maquillar cifras comerciales sin que la economía del país sea más fuerte.
Lo que sí parece claro es que la minería y la metalurgia explican hoy la mayor parte del crecimiento exportador. Lejos de diversificar su economía, Bolivia estaría reforzando una vieja costumbre: concentrar su suerte en muy pocos productos. Y mientras tanto, el gas – que durante años fue la principal fuente de divisas – sigue su declive. En doce meses habría pasado de representar alrededor del 16% de las exportaciones a menos del 6%. El país, casi sin debatirlo, está dejando de ser una economía gasífera para volver a ser una economía minera.
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El problema de fondo no es geológico ni de precios internacionales. Es fiscal, y es ahí donde la conversación se vuelve verdaderamente estratégica.
Durante el ciclo del gas, el Estado capturaba una porción muy grande de la renta, lo que le permitió financiar subsidios, sostener reservas, ampliar el aparato público y mantener satisfechos a una enorme red de regiones, sindicatos y organizaciones. Ese andamiaje sigue existiendo, con su tamaño y sus costos intactos. Pero el régimen tributario que se aplica a la minería es comparativamente mucho más laxo: el Estado se queda con una proporción bastante menor del excedente. Si el nuevo auge se consolida bajo las reglas actuales, buena parte de la ganancia quedaría en manos de empresas, cooperativas y comercializadores, mientras el Estado celebra el éxito exportador pero recauda poco.
Ahí está la tensión que tarde o temprano habrá que resolver, y no es una cuestión ideológica: es de pura aritmética. Un Estado grande, caro y acostumbrado a la generosa renta del gas no encaja fácilmente con un sector minero que tributa poco. Los actores que durante años vivieron de la renta gasífera seguirán demandando recursos y redistribución, pero la nueva fuente de divisas podría no alcanzar para alimentar a todos bajo las reglas vigentes.
La pregunta, entonces, no es solo si el boom minero es real y sostenible – algo que todavía está por verse –, sino cómo se va a repartir esa renta y quién va a decidirlo. Sería deseable que esa discusión ocurra en universidades, en el parlamento y en espacios técnicos, con datos sobre la mesa, antes de que se traslade – como tantas veces en nuestro país – a las calles y los bloqueos.
Ganarse de nuevo la lotería de los recursos naturales es cuestión de suerte y de precios internacionales. Aprender a administrarla sin repetir los errores del ciclo anterior es mucho más difícil, y es la verdadera tarea pendiente.