Fernando Untoja
Bolivia vive semanas de extrema tensión política y social. Bloqueos, amenazas, acusaciones cruzadas, discursos radicalizados y un creciente clima de confrontación muestran que la crisis actual ya no es solamente económica o institucional. Estamos entrando en una crisis más profunda: la crisis del lenguaje común y del diálogo nacional.
Toda sociedad necesita ciertos acuerdos mínimos para convivir:
Reconocimiento mutuo, legitimidad de las instituciones, reglas compartidas, confianza básica en la palabra.
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Cuando esos elementos se debilitan, el diálogo comienza lentamente a transformarse en cacofonía: todos hablan, pero nadie escucha. Cada actor político, regional o social habla desde su propia verdad absoluta. El adversario ya no aparece como interlocutor sino como enemigo moral, político o histórico.
Bolivia parece acercarse peligrosamente a ese escenario. Durante años, el país acumuló fracturas: polarización política, agotamiento económico, crisis de representación, regionalismos, conflictos identitarios, desconfianza institucional.
Pero las últimas semanas muestran algo todavía más grave: los bolivianos comienzan a perder la capacidad de soportarse mutuamente. El lenguaje político ya no busca persuadir; busca intimidar, condicionar o amenazar. La palabra deja de ser puente y se convierte en arma.
Aquí aparece un fenómeno profundamente contemporáneo. La sociedad postmoderna debilitó los grandes consensos colectivos. Las verdades comunes fueron reemplazadas por relatos fragmentados, memorias enfrentadas e identidades incompatibles. Cada grupo construye su propia legitimidad: el pueblo, la democracia, la revolución, la nación, la víctima, la resistencia.
Pero cuando todas las narrativas se absolutizan, el diálogo se vuelve casi imposible. En este contexto emerge la anomia: las normas pierden autoridad y la sociedad entra en incertidumbre. Nadie reconoce plenamente la legitimidad del otro. El ciudadano común observa con angustia cómo las instituciones se desgastan mientras el conflicto invade calles, medios y redes sociales.
La violencia comienza entonces a adquirir una peligrosa centralidad simbólica. Y aquí la reflexión del autor del «Chivo expiatorio» resulta inquietante. Girard sostenía que las sociedades en crisis tienden a buscar un “chivo expiatorio”: un responsable absoluto sobre el cual descargar el miedo, la frustración y la agresividad colectiva. Cuando las tensiones internas crecen demasiado, aparece la tentación de sacrificar simbólicamente —o incluso políticamente— a alguien para restaurar el orden.
La pregunta es inevitable: ¿Bolivia está entrando en una lógica de búsqueda del culpable absoluto? Porque cuando una sociedad deja de dialogar, comienza lentamente a buscar enemigos fundadores:
Traidores, antipatrias, enemigos internos, conspiradores, culpables históricos.
El riesgo es enorme. La historia muestra que las sociedades incapaces de reconstruir un lenguaje común terminan desplazando el conflicto hacia formas crecientes de violencia.
Por eso el problema boliviano no es solamente económico ni electoral. Es también un problema filosófico y cultural. El país parece haber perdido parcialmente un horizonte compartido. Ya no existe consenso sobre: el Estado, la democracia, el futuro, la legitimidad, ni siquiera sobre el significado de nación.
Y cuando una sociedad pierde el significado común de las palabras, el diálogo entra en crisis. La pregunta final resulta decisiva:
¿Todavía existe algo que los bolivianos quieran construir juntos?
Porque una democracia puede sobrevivir a las diferencias políticas, incluso a las crisis económicas. Lo que difícilmente puede sobrevivir es a la destrucción total del lenguaje común y de la posibilidad de reconocerse mutuamente como parte de una misma comunidad histórica.