Mariaca recordó que la decisión de un Tribunal de Garantías concedió tutela al dirigente sindical mediante una acción de libertad, determinando que la Fiscalía ponga a disposición de la defensa el cuaderno de investigación.
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La Comisión de Fiscales que investiga al ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, analiza las acciones legales que asumirá en el marco del proceso abierto por los hechos violentos registrados durante los bloqueos de carreteras que afectan al país desde hace más de un mes, afirmó este martes el fiscal General del Estado, Roger Mariaca.
«Es importante señalar que esta resolución mediante la cual se concede la tutela al señor Argollo va en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional. En ese sentido, dentro de las 24 horas, el Código Procesal Constitucional establece que deberá remitirse a la capital del Estado, Sucre, para que el TCP determine si ratifica o revoca dicha resolución, que en primera instancia fue emitida por un Tribunal de Garantías Constitucionales en La Paz», sostuvo Mariaca.
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Ante ello, indicó que el Ministerio Público está evaluando dos alternativas: emitir una citación formal para que el dirigente preste su declaración informativa o disponer una nueva orden de aprehensión debidamente fundamentada.
Mariaca recordó que la decisión de un Tribunal de Garantías Constitucionales concedió tutela al dirigente sindical mediante una acción de libertad, determinando que la Fiscalía ponga a disposición de la defensa el cuaderno de investigación y estableciendo que cualquier futura orden de aprehensión deberá contar con la debida fundamentación legal.
Sin embargo, aclaró que la resolución aún debe ser revisada por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), instancia que tendrá la facultad de ratificar o revocar la determinación adoptada en primera instancia.
El Fiscal General señaló que la determinación final corresponde exclusivamente a la Comisión de Fiscales encargada del caso, que actualmente revisa los antecedentes, el cuaderno de investigación y las actuaciones policiales para definir el siguiente paso procesal.
La investigación contra Argollo se desarrolla en medio de un escenario de alta conflictividad social, marcado por más de 30 días de bloqueos de carreteras en distintas regiones del país. Según las autoridades, las pesquisas buscan establecer posibles responsabilidades en los hechos de violencia registrados durante las medidas de presión.
La evaluación fiscal se produce apenas días después de la reaparición pública de Argollo. El dirigente participó este martes en un ampliado de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto, donde afirmó que actúa por mandato de las bases y ratificó la continuidad de las medidas de presión que mantienen bloqueadas distintas rutas del país.
Hasta el pasado 29 de mayo, Argollo permanecía en la clandestinidad debido a la orden de aprehensión emitida en su contra. Sin embargo, tras quedar sin efecto la medida judicial, reapareció públicamente y descartó una salida negociada al conflicto, convocando a los sectores movilizados a mantener los bloqueos hasta lograr la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
