Bascopé sostuvo que la propuesta legislativa reemplaza a la normativa anterior, conocida como Ley Copa, que fue abrogada, y aseguró que incorpora elementos que no estaban contemplados en la legislación precedente.
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Mientras la Cámara de Senadores realiza el tratamiento en su estación en detalle del proyecto de ley de Regulación de los Estados de Excepción, el ministro de Trabajo, Williams Bascopé, afirmó que la propuesta normativa, en el caso de ser aprobada y promulgada, no implica una aplicación automática de esta medida y que su eventual activación requerirá de un decreto supremo que esté contemplado bajo los parámetros establecidos por la Constitución Política del Estado.
La aclaración surge en medio del debate legislativo sobre la iniciativa que busca establecer un marco normativo para la aplicación de estados de excepción ante situaciones que afecten el orden público, la transitabilidad y la seguridad de la población.
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«La ley solamente establece la normativa que puede regir más adelante. Para activar un estado de excepción no basta con la aprobación de la ley, sino que se requiere de un decreto supremo. No existe una aplicación inmediata», enfatizó la autoridad, ante la consulta sobre la implementación de la propuesta de norma, en el caso de ser aprobada y promulgada.
Bascopé sostuvo que la propuesta legislativa reemplaza a la normativa anterior, conocida como Ley Copa, que fue abrogada, y aseguró que incorpora elementos que no estaban contemplados en la legislación precedente, como la vigencia temporal de la medida, los contenidos mínimos que debe incluir el decreto supremo y la definición de competencias para las instituciones encargadas de resguardar el orden constitucional, en referencia a la Policía y Fuerzas Armadas.
Según el ministro, el proyecto busca dotar al Estado de mecanismos legales para responder a situaciones extraordinarias sin apartarse de los principios constitucionales ni del respeto a los derechos ciudadanos. La autoridad enfatizó que la Constitución establece como deber del Estado proteger la igualdad y la dignidad de las personas, además de preservar la unidad territorial y el sistema democrático.
En ese sentido, alertó sobre la presencia de «sectores oscuros» que, a su juicio, intentan aprovechar las actuales movilizaciones para promover escenarios de confrontación entre bolivianos y generar mayor conflictividad en el país.
Asimismo, aseguró que el Gobierno mantiene como prioridad la búsqueda de soluciones mediante el diálogo y señaló que cualquier decisión relacionada con la aplicación de mecanismos excepcionales deberá enmarcarse en la Constitución y en la protección de la población. Hace minutos atrás la propuesta de normativa fue aprobada en su estación en grande en la Cámara Alta.
