La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) denunció que, los sectores sociales que bloquean, usan explosivos para hacer caer rocas en la ruta Oruro-Cochabamba
Por: eju.tv
La ley que plantea la reparación civil por los daños ocasionados a bienes del Estado y a la Red Vial Fundamental de carreteras del país como consecuencia de actos vandálicos, bloqueo de carreteras o protestas violentas ha llegado al pleno de la Cámara de Diputados.
La Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado aprobó esta semana el Proyecto de Ley Nº 496/2025-2026, una iniciativa presentada por el diputado Manolo Rojas, del Partido Demócrata Cristiano (PDC).
La norma surge en medio del bloqueo de caminos y movilizaciones que organizan la COB, sectores campesinos y militantes de Evo Morales.
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El proyecto establece tres principios fundamentales para su aplicación: la protección del patrimonio del Estado, la responsabilidad solidaria y la autonomía e independencia de la vía jurisdiccional civil respecto de la acción penal.
La propuesta normativa tiene como finalidad proteger el patrimonio público y la infraestructura vial, garantizar la reparación de los daños causados a personas y entidades afectadas y brindar una protección efectiva a las víctimas de hechos ilícitos.
Pero además buscan diferenciar el ejercicio legítimo de los derechos constitucionales de los actos de violencia o destrucción y establecer mecanismos técnicos y legales para documentar, cuantificar y reclamar la reparación de los daños ocasionados.
Daños
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) denunció que, los sectores sociales que bloquean, usan explosivos para hacer caer rocas en la ruta Oruro-Cochabamba, lo que genera graves daños en la vía, además de quema de llantas y fogatas sobre la plataforma asfáltica y el movimiento de elementos de seguridad vial.
Esas afectaciones representan costos adicionales para el Estado, debido a que las reparaciones necesarias no estaban contempladas dentro de la programación regular de conservación y mantenimiento de la Red Vial Fundamental, informó el Ministerio de Obras Públicas.
Norma
La norma propone un marco de «responsabilidad solidaria en movilizaciones», estableciendo que tanto los autores materiales como los intelectuales, instigadores y miembros de los directorios de las organizaciones que convoquen o ratifiquen públicamente las medidas de presión deberán responder civilmente con sus patrimonios personales y colectivos.
Para asegurar la reparación integral de los daños, el proyecto de ley estipula la aplicación inmediata de medidas cautelares a sola presentación de un Certificado de Cuantificación del Daño, entre estas acciones se contempla la anotación preventiva de inmuebles y vehículos, la retención de fondos y congelamiento de cuentas bancarias a través de la ASFI, y el secuestro de bienes muebles o maquinaria, disposiciones que se mantendrán vigentes de forma ininterrumpida hasta la cancelación total del monto adeudado