Solo una medida firme como el estado de excepción, dotará a las fuerzas del orden de los instrumentos y garantías necesarias para cumplir su rol constitucional ante una amenaza interna. Cuando sectores supuestamente movilizados por reivindicaciones sociales hacen uso de armas para resistir a la fuerza pública, confirman que su protesta es ilegítima e ilegal. Ninguna reivindicación puede justificarse mediante la violencia, la intimidación o el uso de armas de fuego. Quienes recurren a estos métodos renuncian a cualquier pretensión de legitimidad democrática.
Fuente: El Diario
Ante el uso de distintos tipos de armas de fuego, por parte de grupos minoritarios que llevan adelante movilizaciones y bloqueos, el exdiputado Amílcar Barral aseguró que esta es la respuesta de una mafia en busca de quebrar el orden constitucional, por lo que la declaratoria de un estado de excepción es la única forma de garantizar la vida de policías, militares y civiles.
Según Barral, luego que autoridades confirmaron el uso de armas de fuego en grupos movilizados que se enfrentaron a la policía para impedir el levantamiento de bloqueos en la zona de San Julián, se hace necesaria la aplicación de medidas firmes y contundentes como un estado de excepción, siendo esta disposición la mejor forma para evitar que organizaciones terroristas ligadas estrechamente al narcotráfico generen más violencia y muerte disfrazada de protesta social.
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Asimismo, afirmó que solo una medida de estas características dotará a las fuerzas del orden de las garantías necesarias para cumplir su rol constitucional de luchar contra una amenaza interna, además de poder accionar como corresponde en caso de que su integridad o su vida se encuentre en peligro.
“En caso de que delincuentes financiados por mafias utilicen armas de fuego, atentando contra la vida de efectivos, estos están autorizados a utilizar sus armas de fuego, cuando ven en peligro inminente contra sus vidas”, explicó.
En criterio del exparlamentario, es urgente asumir medidas firmes para evitar que elementos infiltrados en estas movilizaciones, con financiamiento del narcotráfico y el crimen organizado, generen mayor confrontación y muerte en su búsqueda de generar malestar en la sociedad boliviana para usar el descontento con fines políticos.
“Ya los hemos visto manejar fusiles y otras armas de forma pública, incluso más modernas que las de la Policía y las Fuerzas Armadas. Si les dejamos seguir haciendo lo que quieran, en Bolivia se puede desatar una verdadera convulsión”, advirtió Barral, insistiendo en que el estado de excepción es el único camino para contrarrestar a quienes mediante el uso de armas de fuego tratan de seguir convulsionando.
“Estas personas tendrán que atenerse a las consecuencias, pero demos garantías a la Policía y las Fuerzas Armadas para que hagan su trabajo de una vez”, finalizó.
Ayer, pobladores de Faja Norte y personas afines al “evismo” impidieron el desbloqueo de la carretera que pasa por el municipio de San Julián, en Santa Cruz, impedida de circulación normal desde hace más de veinte días. Durante los enfrentamientos con las fuerzas del orden se reportó el uso de armas de fuego con las que se hirió a dos policías afectados por impacto de bala.
Según reportes oficiales y la cobertura de medios de comunicación desplegados en la zona, los bloqueadores se resistieron a abandonar el lugar, primero, lanzando piedras, petardos y escombros, hasta que, un policía cayó al piso tras llegarle un disparo, aproximadamente a las 9.00. Posteriormente, un segundo efectivo recibió un impacto de bala en la pierna derecha, por lo que ambos fueron evacuados para que sean atendidos en un centro de salud cercano.
Durante el operativo y ante la resistencia de estas personas, los uniformados emplearon agentes químicos para dispersar a los grupos movilizados y recuperar el control de la vía.
El operativo de desbloquear la vía que une a Santa Cruz de la Sierra con Beni y la Chiquitania inició aproximadamente a las 6.00 del sábado. Con el contingente policial llegaron también los ministros de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Mario Justiniano y de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco.
“Estamos viendo estas acciones para que se hagan dentro del respeto, primero que nada, es la vida humana, pero también el respeto a las leyes y a los mandatos constitucionales que se tienen (…) estamos nosotros garantizando que se actúe en ese marco y coadyuvando también con las autoridades para que se genere la paz y la tranquilidad que se necesita”, dijo el ministro Justiniano minutos antes de la agudización del conflicto.
Autoridades como el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, condenaron que sectores supuestamente movilizados por reivindicaciones sociales hagan uso de armas de fuego para resistir a la fuerza pública, situación que confirma el carácter ilegítimo e ilegal de una protesta encabezada por la dirigencia “evista”.
“Se trata de actos violentos que atentan contra el orden democrático, ponen en riesgo la vida e integridad de policías, militares y ciudadanos, buscando destruir la democracia en Bolivia. Ninguna reivindicación puede justificarse mediante la violencia, la intimidación o el uso de armas; quienes recurren a estos métodos renuncian a cualquier pretensión de legitimidad democrática”, sostuvo.
Personajes del ámbito cívico como el cruceño Stello Cochamanidis fueron más allá y apuntaron directamente a Evo Morales y sus aliados por la violencia desatada en San Julián y la permanente amenaza contra la estabilidad del gobierno y el país.
“Son terroristas, francotiradores, milicianos enviados por el narcotráfico de Evo Morales y gente enviada del Chapare. Estos son grupos paramilitares del MAS. Hay que darlo con nombres y apellidos (…). Hay policías heridos de bala (…) son grupos que estaban armados. Por eso decimos: un grupo de paramilitares, de francotiradores del Chapare que están actuando en contra de la Policía, en contra de los ciudadanos”, indicó.
Fuente: El Diario