La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde su sede Washington el 6 de junio, evocó al Estado de Bolivia y a la sociedad que las medidas de estado de excepción establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, su aplicación debe respetar criterios de necesidad, razonabilidad, proporcionalidad, temporalidad y control jurídico, en el contexto de la escalada del conflicto en Bolivia.
La CIDH cumpliendo su función que le confiere la Convención Americana sobre Derechos Humanos ratifica su preocupación ante el ascenso del conflicto social en el país en el marco de las protestas iniciadas en mayo con el pliego de peticiones de la COB, y llama al Estado y a la sociedad toda priorizar el diálogo para atender las demandas sociales.
Recuerda la CIDH a las autoridades nacionales que, ante las discusiones en curso, las medidas de estado de excepción deben adecuarse al artículo 27 de la CADH y a los estándares interamericanos, y deben atender la necesidad, razonabilidad, proporcionalidad, temporalidad y control jurídico.
La exhortación de la CIDH al Estado y a la sociedad, llega en el episodio más deshumanizado de la civilización. Los datos revelan que los efectos de los 40 días de bloqueos por sectores que enarbolan el hambre, el terror en ciudades, carreteras y cerros derrumbados, con el saldo lamentable de más de 13 fallecidos información oficial y decenas de heridos, los últimos diezmados en enfrentamiento violento en San Julián el sábado 6 de junio arrojan 16 civiles y 19 policías heridos, de los cuales 6 son por disparos de armas, que llegaron al Hospital Obrero de Santa Cruz, uno en terapia intensiva al recibir el impacto de bala en la cabeza y, los civiles afectados por la gasificación fueron atendidos en el Hospital Municipal de San Julián.
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Es importante que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se preocupe por la morfología del problema que no es superfluo, sino profundo. Los actores no buscan reivindicación, empuñan armas, piedras y explotan dinamitas para sembrar el caos total en la población boliviana, su objetivo no responde a ninguna de las características tradicionales de protestas sociales, por eso tienen al frente a ciudadanos de su propia cultura e identidad que les han salido a las calles en El Alto con gritos: “dejen trabajar”, “vándalos” que solo viven de la prebenda y el pago diario financiado por el narcotráfico desde el Chapare.
La degeneración del narcoterrorismo ultraviolento, en Bolivia tiene su líder, Evo Morales, y que es un nombre interminable para la CIDH por la STC 084/2017 que por efecto de la OC- 28/21 de 7 de junio emitida por la Corte IDH estableció que la reelección indefinida presidencial no es un derecho humano autónomo; y, por el fraude electoral en las Elecciones generales de 20 de octubre de 2019 que carga en sus espaldas.
Por lo que actualmente se puede afirmar, que los sectores que bloquean al país no reconocen los derechos fundamentales, por el contrario, los derechos al respeto a la: vida, integridad física, psíquica y moral, libertad, seguridad personal, salud y a circular libremente en el territorio nacional, previstos en los artículos 4.1, 5.1, 7.1, 22.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículos 3 y 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, son sistemáticamente vulnerados con actos pluriofensivos permanentes y con armas.
Los militantes de estos grupos dirigenciales, públicamente han sostenido que no quieren dialogar y que el bloqueo indefinido puede durar meses hasta que “renuncie el presidente” Rodrigo Paz. Entonces, con posturas radicales, lenguaje antidemocrático y haber elegido el camino de la toma del poder bajo las sombras de organizaciones internacionales que financian el retorno del poder de la droga, no hay interlocutores de los violentos que acepten una cautelar de la CIDH, si ellos
son los agresores, no el Estado y menos la sociedad, que en un aproximado de 95% rechazan el narcoterrorismo estructurado durante 20 años. El Estado con sus instituciones llamadas por la Constitución y leyes, con firmeza, debe pasar a una nueva etapa de seguridad pública y soberanía para que Bolivia con educación sea una escuela de paz y trabajo.
El Papa León XIV desde la Plaza de Cibeles en Madrid, en la Homilía de 7 de junio, señaló que la religiosidad debe ser “una escuela que nos enseñe a arrodillarse ante Dios y ante él prójimo, porque nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano”. Añadió el Pontífice “Dios es presencia real y que también nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, sino a comprometernos personalmente en la construcción del bien común”.
Pedro Gareca Perales
