Por Ricardo V. Paz Ballivián
Hace ya varias semanas que Bolivia vive sometida a una de las formas más perversas de violencia política, el bloqueo sistemático de carreteras, el estrangulamiento de ciudades enteras y la interrupción deliberada del abastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles. Una estrategia que pretendió presentarse como una legítima protesta social, pero que cada día revela con mayor claridad su verdadera naturaleza, una operación política destinada a derribar a un gobierno democráticamente elegido hace apenas seis meses.
La paradoja de esta coyuntura podría resumirse en una frase. El bloqueador ha terminado bloqueado. Quienes impulsaron esta escalada de conflicto apostaron a reproducir una fórmula que durante años les dio resultados. La lógica parecía sencilla. Cercar las ciudades, provocar desabastecimiento, generar desesperación colectiva, forzar una reacción violenta del Estado y, finalmente, utilizar a las inevitables víctimas como combustible político para acelerar la caída del gobierno. No era una reivindicación social lo que estaba en juego. No se trataba de salarios, empleo, salud o educación. Tampoco de una demanda sectorial específica. Desde el principio quedó claro que el objetivo era político. Imponer por la fuerza lo que no pudo conseguirse en las urnas.
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Los propios acontecimientos han terminado desenmascarando la verdadera naturaleza del conflicto. Cuando una movilización persiste incluso después de que las supuestas demandas originales pierden relevancia, cuando se rechazan sistemáticamente los espacios de diálogo, cuando se mantiene el castigo contra la población civil aun sabiendo el enorme daño que se está causando, resulta imposible seguir sosteniendo la ficción de una protesta social. Lo que aparece es otra cosa. Una estrategia sediciosa orientada a desestabilizar el orden constitucional.
Pero hay algo más. Los principales damnificados de los bloqueos son precisamente aquellos sectores que los bloqueadores dicen representar. Son los pequeños productores que no pueden comercializar sus cosechas. Son los transportistas que ven paralizadas sus actividades. Son los comerciantes que pierden ingresos diarios. Son los trabajadores informales que viven de lo que generan cada jornada. Son las familias humildes que deben pagar precios cada vez más altos por alimentos cada vez más escasos. La tragedia es que quienes afirman hablar en nombre del pueblo han terminado convirtiendo al pueblo en su principal víctima. El cerco ha dejado de ser una herramienta de presión contra el gobierno para convertirse en un castigo contra la sociedad.
Sin embargo, existe otro elemento que merece ser destacado. Contra todos los pronósticos, el gobierno ha resistido la tentación de responder con la violencia que sus adversarios parecían buscar con desesperación. No ha sido fácil. Los costos económicos son inmensos. El sufrimiento ciudadano es evidente. La presión sobre las autoridades aumenta cada día. En semejantes circunstancias, cualquier gobierno podría sentirse inclinado a resolver el problema mediante la fuerza. Pero precisamente allí radica la importancia de la estrategia adoptada hasta ahora. La contención pacífica ha comenzado a producir un efecto inesperado. Está bloqueando el propio bloqueo. Al negarse a proporcionar las imágenes de represión, muertos y enfrentamientos que los insurrectos necesitan para legitimar su ofensiva, el gobierno les ha arrebatado su principal combustible político. Cada día que pasa sin que se produzca el escenario de violencia buscado por los promotores de la sublevación, el movimiento pierde legitimidad, apoyo social y capacidad de expansión.
Los bloqueadores se encuentran atrapados en una contradicción creciente. Ya no pueden retroceder sin admitir el fracaso de su estrategia. Pero tampoco pueden avanzar porque el país observa con creciente claridad quién está causando el daño y con qué propósito. Por eso el desafío principal sigue siendo mantener la serenidad. Ojalá el gobierno conserve el pulso firme hasta el final. Ojalá no sucumba a la desesperación ni a las provocaciones. Ojalá comprenda que, aunque el costo de la paciencia sea enorme, el costo de la violencia sería infinitamente mayor. Porque lo que está en juego no es solamente la circulación por las carreteras ni el abastecimiento de las ciudades. Lo que se está poniendo a prueba es la capacidad de la democracia boliviana para defenderse sin renunciar a sus principios.
La historia demuestra que las victorias obtenidas mediante la fuerza suelen dejar heridas profundas y duraderas. En cambio, cuando la ley, la institucionalidad y la legitimidad democrática prevalecen sobre la sedición, el resultado fortalece al conjunto de la sociedad. El sufrimiento de estos días es real. Las pérdidas económicas son enormes. El desgaste ciudadano es inocultable. Pero incluso ese dolor resulta preferible al escenario de muerte, luto y confrontación civil que algunos parecían necesitar para justificar su felonía. Quizás por eso la imagen más precisa de este momento histórico sea la del título de esta columna. El bloqueador ha terminado bloqueado. Y cuanto más tiempo transcurre, más evidente resulta que el principal obstáculo para sus objetivos no es el gobierno al que pretende derrocar, sino la propia estrategia que decidió emplear.