Aunque ingresen todos los registros al sistema electoral, todavía faltan revisiones, expedientes y fallos de los jurado especial antes de que se confirme formalmente quién asumirá el cargo más alto del país.
Fuente: infobae.com
Por Jordan Arce
A pesar de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) alcance el 100 % de actas procesadas tras la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 en Perú, la definición oficial sobre quién ocupará la Presidencia de la República aún requiere que se resuelvan las actas observadas.
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Esta etapa clave mantendrá en vilo a la ciudadanía y a los equipos de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), los candidatos que disputan el cargo más alto del país.
De acuerdo con la normativa electoral, existe una diferencia fundamental entre las actas procesadas y las contabilizadas. Las actas procesadas son aquellas que ya ingresaron al sistema de la ONPE y fueron digitalizadas, pero aún pueden presentar observaciones que requieren revisión adicional.
Solo una vez que superan todos los controles y no registran incidencias, pasan a ser contabilizadas y sus votos se incorporan al cómputo oficial. Hasta ese momento, la cifra final de votos válidos permanece en suspenso.
En la primera vuelta de abril de 2026, la ONPE anunció haber procesado el 100 % de las actas apenas diez días después de la elección, pero el conteo definitivo demoró mucho más.
La cifra de actas contabilizadas solo se consolidó el 15 de mayo, cuando la oficina electoral informó oficialmente que se habían sumado todos los votos, incluidas las actas que habían sido observadas y luego validadas.
Actas observadas y el jurado electoral
El proceso se vuelve engorroso con las llamadas actas observadas, que incluyen aquellas con inconsistencias, errores o información incompleta. Estas actas son remitidas a los Jurados Electorales Especiales (JEE), que deben examinar cada caso en audiencias públicas y emitir resoluciones que pueden validar, corregir o anular los resultados.
Especialistas en temas electorales explican que, en contextos donde la competencia es estrecha, el tratamiento de las actas observadas puede resultar decisivo para el desenlace electoral.
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Durante la primera vuelta, se reportó que alrededor de cinco mil actas fueron remitidas a los jurados electorales especiales, lo que representó aproximadamente seiscientos mil votos pendientes de resolución. A ese volumen se suman los recursos de apelación que pueden presentar los partidos ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), entidad que actúa como última instancia y tiene la potestad de proclamar al presidente electo.
El rol definitivo del JNE
Solo cuando todas las observaciones han sido resueltas y no quedan recursos pendientes, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) puede declarar oficialmente al ganador.
El titular de ese organismo, Roberto Burneo, ya advirtió que el proceso suele demorar al menos un mes desde la jornada electoral, tiempo en el que se revisan los expedientes y se consolidan los resultados. La proclamación oficial no depende únicamente del avance del conteo de la ONPE, sino de que se hayan agotado todas las instancias legales y administrativas. Con todo esto, se calcula que recién se llegaría a esta última instancia a mediados de julio.
En la presente segunda vuelta, la expectativa se concentra en la resolución de las actas observadas y en las posibles apelaciones que los equipos de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez puedan presentar ante el JNE. El escrutinio público se mantiene atento a cada anuncio oficial, mientras los organismos electorales cumplen con cada etapa del procedimiento.
De acuerdo a la normativa electoral peruana, el proceso de proclamación presidencial en Perú puede extenderse debido a tres factores principales:
- La revisión detallada de las actas observadas,
- La tramitación de apelaciones por parte de los partidos políticos
- La verificación documental de actas provenientes de zonas alejadas.
Esto implica que, aunque la ONPE publique tendencias claras, la definición sobre quién será el próximo mandatario se mantiene pendiente hasta que las autoridades electorales completen todas las verificaciones y resoluciones correspondientes.
Una vez consolidado el resultado y resueltos todos los recursos, el JNE entrega las credenciales oficiales al presidente y vicepresidentes electos. La transición culmina el 28 de julio de 2026, fecha establecida para la juramentación del nuevo gobierno.