La nueva aprehensión de Mendoza amplía el alcance de una investigación que ya involucra a distintas áreas estratégicas de la petrolera estatal. El proceso fue impulsado por la diputada opositora Lissa Claros.
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La investigación por el denominado caso de la gasolina desestabilizada sumó este lunes un tercer aprehendido. El Ministerio Público de La Paz ejecutó una orden de aprehensión contra Nelson Alejandro Mendoza, gerente Comercial de YPFB, quien deberá prestar su declaración informativa en las próximas horas antes de que la Fiscalía defina su situación jurídica.
De acuerdo con la información oficial, replicada por Cadena A, la orden fue emitida dentro de las investigaciones que buscan establecer responsabilidades en torno a la comercialización y manejo de combustible observado por las autoridades. Tras su aprehensión, Mendoza será sometido a los actos investigativos y posteriormente se prevé la presentación de una imputación formal acompañada de una solicitud de medidas cautelares.
Según la orden de aprehensión de la Fiscalía, el ejecutivo es investigado por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, los mismos tipos penales por los que ya son procesados otros funcionarios de la estatal petrolera.
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Con esta nueva actuación fiscal, el caso alcanza ya a tres ejecutivos vinculados a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). El primero en ser procesado fue Carlos Cuéllar Pinto, gerente de Productos Derivados e Industrialización, quien fue enviado con detención preventiva por seis meses al penal de Palmasola tras una audiencia cautelar desarrollada el pasado fin de semana.
Posteriormente, la Fiscalía ejecutó una segunda orden de aprehensión contra Eddy Rolando Torrico Ibáñez, gerente general de YPFB Logística, quien fue arrestado en la ciudad de Santa Cruz y trasladado a dependencias policiales para la toma de su declaración informativa.
La nueva aprehensión de Mendoza amplía el alcance de una investigación que ya involucra a distintas áreas estratégicas de la petrolera estatal. El proceso fue impulsado por la diputada opositora Lissa Claros y se desarrolla con la participación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
