Se presume que los animales fueron sacrificados para la comercialización indebida de su carne entre los vecinos y negocios del lugar.
Los funcionarios de la Alcaldía alteña comenzaron a revisar las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la zona donde se encontraron los restos de perros que presuntamente fueron sacrificados para la comercialización indebida de su carne.
«Estamos trabajando con las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona para identificar a las personas que dejaron todos estos restos; si se confirma que se trata de partes de perro nos vamos a constituir en la Fiscalía para impulsar la denuncia», afirmó este jueves el secretario municipal de Seguridad Ciudadana Elio Pacheco.
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La intervención se llevó a cabo ayer cerca de la extranca Río Seco, en inmediaciones de la Plaza del Dinosaurio de la zona Brasil, Distrito 4 de la urbe alteña, donde los vecinos denunciaron el hallazgo de restos óseos de lo que parecen ser canes.
«En un depósito de basura encontramos los restos de animales, personal técnico encontró cráneos, costillas y colas de perro, todos estos restos van a ser entregados a laboratorio de la universidad para que certificar a qué animal pertenecen los restos y así iniciar la investigación por biocidio y atentado contra la salud pública», dijo Pacheco.
La Alcaldía alteña habilitó la línea 6766919 de la Oficina de Defensa del Consumidor, a la que llegaron las fotos de los restos y la ubicación exacta del hallazgo, denuncia que derivó en la intervención que activó la alerta en la zona.
«Se ha instruido a la Intendencia y Odeco que haga la investigación en todos los centros de venta de la zona, vale decir en restaurantes, friales, todo lo relacionado con el uso de la carne, existen serios riesgos para la salud, esta carne no es apta para consumo humano», advirtió el funcionario.
La Intendencia pide que las compras de productos cárnicos se lleven a cabo sólo en los mercados, supermercados y frigoríficos legalmente establecidos, ya que la compra en la calle «es altamente peligrosa, hay personas que venden el producto y desaparecen».
Una vez se confirmen las sospechas con las pruebas de laboratorio, los responsables de este hecho arriesgan de dos a cinco años de cárcel por el delito de biocidio, y de uno a 10 años por atentados contra la salud pública.
