El abogado y defensor de derechos humanos Jorge Valda señaló que, aunque percibe una menor injerencia del actual Gobierno en las decisiones judiciales, persiste una situación de “justicia absolutamente incierta” debido a la ausencia de una auditoría que permita revisar los casos vinculados a persecución política y presuntos abusos cometidos en años anteriores.
Fuente: ANF / La Paz
El abogado y defensor de derechos humanos Jorge Valda cuestionó el estado actual de la justicia boliviana y afirmó que el sistema continúa marcado por la impunidad, la falta de reformas profundas y la permanencia de procesos que, según su criterio, fueron “montados” durante gestiones gubernamentales anteriores.
Valda señaló que, aunque percibe una menor injerencia directa del actual Gobierno en las decisiones judiciales, persiste una situación de “justicia absolutamente incierta” debido a la ausencia de una auditoría que permita revisar los casos vinculados a persecución política y presuntos abusos cometidos en años anteriores.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Respecto a los aproximadamente 300 perseguidos políticos mencionados en gestiones pasadas, el abogado explicó que varios procesos recién están llegando a la etapa de juicio oral, entre ellos los relacionados con integrantes de la Resistencia La Paz. En otros casos, como el de dirigentes de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), los acusados optaron por procedimientos abreviados.
Sin embargo, sostuvo que la situación de muchos procesados aún está lejos de resolverse. Indicó que, aunque la mayoría ya no permanece en centros penitenciarios, varios continúan con medidas cautelares, detenciones domiciliarias y restricciones que afectan su libertad personal y su situación económica.
Como ejemplo, mencionó el caso de Tonchi Bascopé, quien recuperó su libertad después de cinco años, pero mantiene dos sentencias condenatorias que Valda considera producto de procesos “totalmente montados”.
El defensor de derechos humanos también cuestionó el papel del Ministerio de Gobierno y afirmó que existe una “profunda irresponsabilidad” al mantener acusaciones heredadas sin una revisión previa de su legitimidad. Según Valda, la institución tendría la posibilidad legal de retirar acusaciones que considere arbitrarias, pero opta por continuar los procesos por una lógica de continuidad administrativa.
Asimismo, criticó que el cambio de gestión no haya derivado en modificaciones estructurales dentro del sistema judicial, como el reemplazo de fiscales y jueces cuestionados o la sanción a policías señalados por presuntas torturas y detenciones arbitrarias.
Valda sostuvo que mientras no exista una investigación sobre las autoridades que, según él, manipularon el sistema para perseguir políticamente a opositores, la justicia no podrá recuperar credibilidad. Advirtió que, de mantenerse la impunidad, el Estado podría enfrentar responsabilidades económicas por la reparación integral a las personas afectadas.