La Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del Ministerio Publico dicen con claridad que la Fiscalía tiene la misión de “defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad” y ejercer la acción jurídica pública con base en los principios de legalidad, objetividad, responsabilidad y autonomía.
Fuente: https://boliviaverifica.bo
La participación del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, como garante en la reunión entre la Central Obrera Boliviana (COB) y el Gobierno generó debate sobre la independencia del Ministerio Público. Esto se debe a que los dirigentes de los sindicatos buscan garantías para no ser procesados por la justicia tras las protestas y los bloqueos de casi 50 días, las cuales provocaron muertes y graves pérdidas económicas en el país.
Este encuentro, en el que estuvo presente Mariaca, se dio en medio de un contexto marcado por protestas, bloqueos de rutas y enfrentamientos que dejaron fallecidos, personas heridas y pérdidas de millones de dólares. Una de las peticiones principales de los sectores movilizados es que se les asegure que sus dirigentes y bases no serán juzgados penalmente por los hechos ocurridos durante las medidas de presión.
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Abogados y analistas señalan que el papel de garante del Fiscal General contradice lo que manda la Constitución Política del Estado (CPE). El artículo 225 de la norma suprema explica claramente que el Ministerio Público tiene la tarea de “defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad”, además de dirigir la acción penal pública guiándose por los principios de legalidad, objetividad, responsabilidad y autonomía.
Las críticas aparecen porque la Fiscalía tiene la obligación constitucional de investigar cualquier hecho que parezca un delito y abrir los procesos penales necesarios cuando existan pruebas suficientes. Por eso, los expertos consideran que si el Fiscal General actúa como garante en una negociación en la que el tema central es la situación legal de los manifestantes, se pone en duda la independencia y la objetividad de la institución.
El constitucionalista José Antonio Rivera criticó que el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, participe como garante en el diálogo entre la COB y el Gobierno, pues considera que esa tarea no tiene nada que ver con las funciones que la Constitución le da al Ministerio Público. “Es impropio que el Fiscal General, como cabeza del Ministerio Público, tenga que intervenir en un diálogo en calidad de garante“, afirmó Rivera. Explicó que el artículo 225 de la CPE establece que la misión del Ministerio Público es “defender a la sociedad frente a la criminalidad” y promover la acción penal pública contra quienes incurran en delitos.
El abogado y profesor universitario Julio Veizaga también cuestionó que el Fiscal General del Estado actúe como garante en las conversaciones entre la COB y el Gobierno. Según su análisis, esta función va en contra de la autonomía y las tareas que la Constitución le asigna a la Fiscalía. Veizaga recordó que tanto la Constitución Política del Estado como la Ley Orgánica del Ministerio Público definen claramente a la Fiscalía como una entidad autónoma, encargada de investigar los delitos y defender a la sociedad, por lo que no debería mezclarse en negociaciones de tipo político.
El jurista afirmó que la presencia de la máxima autoridad de la Fiscalía en una mesa de diálogo político distorsiona por completo el verdadero trabajo de la institución. “Según la Constitución y su ley orgánica, no debe participar en ninguna reunión de carácter político porque es una instancia técnica de investigación. Tiene autonomía propia y un ámbito de actuación claramente definido”, señaló.
Riesgo de impunidad
Abogados y representantes de los sectores afectados advirtieron que si Mariaca acepta ser garante del acuerdo, se estaría dando un mensaje de impunidad a los dirigentes que organizaron los bloqueos. Estas medidas de presión duraron más de 40 días e interrumpieron la libre circulación, dañando seriamente la economía de todo el país.
Rivera apuntó que los dirigentes de las protestas no representan a toda la población de Bolivia. “Tenemos movilizados, en el mejor de los casos, a 10.000 personas frente a más de 11 millones de bolivianos. Se están arrogando la representación del pueblo, lo cual está tipificado como un delito contra la seguridad interna del Estado”, manifestó.
También recordó que durante las protestas se cometieron otros delitos que afectaron la salud de la población, el transporte, el libre tránsito y la seguridad de las personas.
“El Ministerio Público debería estar abriendo procesos penales de oficio contra los autores intelectuales y materiales de esta larga lista de delitos, y no participar como garante en una negociación política entre los movilizados y el Gobierno”, sostuvo.
El constitucionalista mostró su preocupación por lo que considera una mala costumbre que se repite en el país: que los sectores que bloquean las carreteras durante semanas busquen después una negociación política solo para evitar que la justicia los procese.
“Se está haciendo una costumbre en Bolivia. Después de causar semejante daño a la economía, al aparato productivo, al transporte y a personas que requieren atención médica, se pide diálogo para mantener impunidad”, afirmó.
Rivera advirtió que en un Estado de derecho se deben fijar castigos claros por los daños causados en los conflictos sociales. “Se tienen que determinar las responsabilidades correspondientes, aplicar las sanciones y hacer que reparen los daños ocasionados. De lo contrario, tendremos un ciclo permanente en el que grupos minoritarios bloquean carreteras, causan perjuicios y luego buscan amnistías o acuerdos que impidan la acción de la justicia“, indicó.
Veizaga coincidió en que la Fiscalía no solo se dedica a investigar delitos, sino que tiene el deber principal de proteger a la comunidad. “La Constitución es clara: el Ministerio Público es defensor de la sociedad. No puede comprometerse en una negociación política donde aparezca como garante o como alguien que dejará de investigar”, afirmó.
Por esta razón, advirtió que los delitos públicos se tienen que investigar inmediatamente, incluso si nadie presenta una denuncia formal. “De oficio tiene que investigar, no a petición de parte. Están queriendo comprometerlo, neutralizarlo, cuando precisamente el Ministerio Público es el investigador”, dijo. El experto constitucionalista insistió en que las tareas que la Constitución y la ley le dan a la Fiscalía no se pueden cambiar por convenios políticos o acuerdos del momento:
“Sus roles y funciones establecidos por la Constitución y su ley orgánica no son negociables”.
Diálogo
El diálogo entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) ingresó este miércoles a un cuarto intermedio poco después de su instalación en ambientes del Banco Central de Bolivia (BCB), tras dos postergaciones previas.
La reunión comenzó cerca de las 17:00 con la participación del presidente Rodrigo Paz y del dirigente cobista Mario Argollo, quienes encabezaron las delegaciones de ambas partes en busca de una salida al conflicto social que afecta al país desde hace más de seis semanas.
Durante la apertura del encuentro, el mandatario llamó a priorizar la unidad y la búsqueda de soluciones. “Hay otros que buscan la ruptura de la patria, pero creo que todos los que estamos acá estamos buscando soluciones y el crecimiento de la patria“, afirmó.
Por su parte, Argollo señaló que una de las principales demandas de la COB es la liberación de las personas aprehendidas durante las movilizaciones y bloqueos.
“Nosotros ya hemos pedido la respuesta al documento que hemos mandado, pero lo primordial y principal va a ser la liberación de nuestros detenidos“, manifestó el dirigente sindical.
Tras las primeras intervenciones, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, declaró un cuarto intermedio e invitó a los participantes a trasladarse al piso 21 del edificio del BCB, donde las conversaciones continuarán de manera reservada y sin acceso para los medios de comunicación.
El encuentro busca acercar posiciones entre el Gobierno y la dirigencia sindical luego de 47 días de conflicto, marcado por protestas y bloqueos de carreteras en distintos puntos del país.
Piden sanciones
Al mismo tiempo, representantes de los sectores exportador, agropecuario y del transporte exigen que se identifique y castigue a los responsables de los bloqueos, que ya llevan más de 40 días en el país. Los dirigentes denunciaron que estas medidas dañan la economía, frenan la producción y provocan una crisis humanitaria para cientos de choferes atrapados en las carreteras.
El presidente de la Cámara Nacional de Exportadores (CANEB) y de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (CADEX), Oswaldo Barriga, informó a El Deber que las pérdidas acumuladas en el sector de las exportaciones ya suman 978 millones de dólares hasta el 16 de junio. Pidió que las autoridades actúen con firmeza contra quienes organizaron las protestas y la violencia durante este conflicto. “Desde la Cámara Nacional de Exportadores hemos exigido sanciones y lo sostenemos. Queremos cárcel para las personas que han incitado esta violencia y que han financiado estos bloqueos”, afirmó.
El líder empresarial explicó que las consecuencias de los bloqueos van más allá del dinero y advirtió que las muertes ocurridas debido a los cortes de ruta deben ser investigadas por la justicia de forma obligatoria. “Cuando alguien fallece por un bloqueo ya existe una responsabilidad que debe ser establecida por las autoridades competentes”, sostuvo.
Finalmente, los sectores productivos exigieron al Gobierno que garantice la libre circulación en las carreteras, permita el paso de los camiones con mercadería y evite que estos hechos queden sin castigo, ya que los bloqueos han perjudicado gravemente la economía nacional y el abastecimiento de productos básicos.