Las seis Federaciones del Trópico de Cochabamba aceptaron hace un mes. Los cocaleros yungueños todavía no han aceptado el pago de este tributo por el paquete de 50 libras. Según el senador Lino Villca, no se sabe el destino de los pagos de los detallistas a Digcoin.
Protesta: cocaleros de los Yungas toman, en diciembre de 2008, las oficinas de Digcoin, en La Paz
La Prensa. El Gobierno aplicará desde el próximo año un impuesto de cinco bolivianos por cada taque de hoja de coca. El vicepresidente de las Seis Federaciones del Trópico cochabambino, Julio Salazar, confirmó que ese sector aceptó hace un mes la propuesta del Ejecutivo.
La elaboración del proyecto de ley para gravar la coca fue planteada inicialmente por el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora.
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En febrero de 2007, la autoridad anunció que “los cocaleros estaban dispuestos a tributar”, sin embargo, los afiliados a Adepcoca rechazaron en abril pasado la propuesta gubernamental de gravar con diez bolivianos cada taque de coca.
De la cartera de Economía, el proyecto pasó al Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas para su redacción.
El dirigente cocalero y senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Julio Salazar confirmó que la tributación comenzará a aplicarse en 2010, cuando la Asamblea Legislativa Plurinacional apruebe el documento.
La nueva Constitución establece que una de las atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional será crear impuestos nacionales, a iniciativa del Órgano Ejecutivo.
Para ello, es necesario cumplir tales pasos procedimentales establecidos por la legislación para que la nueva normativa no sufra impugnaciones en el futuro.
Un segundo tema que es abordado por técnicos de Defensa Social es el referido al control que se debe ejercer sobre las sustancias controladas, o sea, los productos químicos necesarios para sintetizar cocaína.
En ese documento figuran penas muy duras para los traficantes y productores de cocaína.
Para ser puesta en vigencia, esa ley también deberá tener el visto bueno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, cuyos integrantes serán elegidos el 6 de diciembre.
Los cocales en Bolivia
De acuerdo con datos oficiales de Naciones Unidas, a septiembre de 2008, los cultivos de coca en Bolivia cubrían 30.500 hectáreas, 18 por ciento más que las 28.900 del año anterior.
La expansión de los cultivos es consecuencia de la “flexibilización” de la Ley 1008, que comenzó en 2005, cuando los cocaleros del Chapare y el entonces presidente Carlos Mesa firmaron un convenio que autorizó la plantación de un cato (1.600 metros cuadrados) por familia.
La ley vigente establece que los cultivos pueden cubrir hasta 12.000 hectáreas, pero el Gobierno sostiene que para cubrir la demanda legal se necesitan 20.000.
La producción debe ser puesta a disposición de los consumidores legales a través de los mercados de Sacaba y Villa Fátima, reconocidos por la Ley 1008, y un tercer centro de acopio, situado en la calle Santa Rosa, también en Villa Fátima, que funciona con una autorización del Viceministerio de la Coca, durante la actual gestión gubernamental.
La hoja fue objeto de tributación desde la época colonial hasta 1988, cuando entró en vigencia la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas.
Salazar dio cuenta de que, si bien existe un acuerdo con los campesinos del Chapare, todavía no se produjo el encuentro con los representantes de la Asociación Departamental de Productores de Hoja de Coca de La Paz (Adepcoca).
La propuesta de gravar la producción de coca fue hecha por el presidente Evo Morales en 2006, y entonces técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas comenzaron a elaborar un proyecto.
Cada taque o paquete tiene 50 libras y actualmente se cotiza, en el mercado legal de Adepcoca, entre 1.300 bolivianos para la hoja especial y 820 para la “choqueta”, que comienza a descomponerse, por lo que es más barata.
Mensualmente, los comerciantes al detalle pagan a la Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización (Digcoin) 40 bolivianos para transportar los diez taques autorizados.
Un detallista, que pidió la reserva de su identidad, dijo que con esa papeleta de depósito bancario se pide la hoja de ruta, que autoriza el transporte de la coca al punto de venta declarado por el vendedor.
“En realidad, no tenemos ni siquiera un recibo de haber pagado ese dinero y no sabemos a dónde se va”.
El senador oficialista Lino Villca, quien representa a los cocaleros yungueños en la Cámara Alta, explicó ayer a La Prensa que, si bien no tiene conocimiento de que se elabore un proyecto en este sentido, dijo que “es necesario que se legalice el actual impuesto que pagan los detallistas” a Digcoin.
“No sabemos si todas las recaudaciones ingresan al Tesoro General del Estado, por lo que será necesario que el Gobierno aplique este impuesto, cuyo cobro, además, dará mayor fuerza a las zonas productoras tradicionales”.
El parlamentario dio a entender que Digcoin no rinde cuentas de tales ingresos.
Villca agregó que debe hacerse un estudio para favorecer a las regiones productoras, como ha sucedido en la historia con la tributación por este concepto.
Además, Adepcoca cobra determinado monto de dinero a sus afiliados por internar su producción en el centro de acopio de Villa Fátima.
Esas sumas son invertidas, anotó Villca, en la construcción de infraestructura en ese mercado, así como en la implementación de los servicios médicos y de internet.
El Viceministerio de la Coca y Desarrollo Integral puso en vigencia, el 10 de agosto de 2006, la Resolución Administrativa 102/06, mediante la cual autoriza a Digcoin el cobro de cinco bolivianos por los tres taques con los que trimestralmente los productores pueden practicar trueque por otros productos agrícolas o artesanales.
Los cultivadores tienen derecho a efectuar estos cambios en todo el territorio nacional.
Las leyes 1008 y 843, de Reforma Tributaria, promulgadas por Víctor Paz Estenssoro entre 1987 y 1988, no instituyen tributación por la hoja de coca y a partir de entonces este producto no paga al Estado impuestos por concepto alguno.
Obras erigidas con este tributo
Caminos de penetración a Yungas; el penal de San Pedro; el Hospital de Clínicas; los hoteles prefecturales de Chulumani e Irupana; la Catedral Metropolitana de La Paz; edificios de las universidades de de San Andrés, en la sede del Gobierno, y de San Simón, en Cochabamba, fueron algunas de las obras que el Estado pudo erigir con las recaudaciones generadas por los impuestos a la hoja de coca.
También, la hoja de coca permitió financiar las operaciones militares de la Guerra del Pacífico de 1879.
El historiador Herbert S. Klein describe que durante los últimos años de la Colonia el régimen realista aplicó fuertes gravámenes a la coca para mantener las arcas del Gobierno español, situación que se mantuvo después del 6 de agosto de 1825.
Hasta la guerra de 1879, el 49 por ciento de los ingresos del Tesoro General de la Nación provenían del impuesto a los indígenas y a la hoja de coca. En realidad, era el mismo sector social que aportaba al Estado, pero indígenas y campesinos no recibían beneficios a cambio de su esfuerzo tributario.
En 1923, estimaciones hechas por Alfredo Ascarrunz, entonces presidente del Comité de Propaganda y Defensa Nacional, daban cuenta de que Bolivia contaba con 12.000 hectáreas de cocales, de las cuales unas 8.000 estaban ubicadas en la región yungueña paceña, en tanto que las restantes 4.000 se encontraban en el trópico del departamento de Cochabamba.
Por ello, ambas regiones se beneficiaban directamente con la mayor parte de las recaudaciones impositivas por la producción y comercialización de la hoja de coca, aunque se hacía una bolsa común y otros departamentos recibían parte de los recursos generados por el cultivo del arbusto.
La tributación de los cocaleros
ENTRE 1882 Y 1880, la recaudación tributaria por la hoja de coca alcanza al 9 por ciento de los ingresos del erario. El historiador Herbert S. Klein anota que éste fue el segundo rubro, por detrás del impuesto indigenal, en los primeros años de la República.
LA ADUANA establece receptorías en Yanacachi, Pacallo, Chulumani, Circuata e Irupana para el cobro de los tributos a la coca.
EN 1829 se crea el “Impuesto Patriótico” a la hoja de coca. Se cobraba cuando el producto salía de los límites del departamento de La Paz.
EN 1842, el Gobierno instituye un impuesto de cuatro reales por cesto de 30 libras de coca.
LA CONVENCIÓN NACIONAL de 1881 ratifica un impuesto de 20 centavos por cesto para financiar las operaciones militares de la Guerra del Pacífico.
LAS EXPORTACIONES de coca a Perú y Argentina son gravadas con cinco centavos por cesto entre 1896 y 1904. Eran tiempos en los que no había restricción a la venta de coca en el exterior.
EL 42% DEL TESORO Departamental de La Paz en 1905 proviene del cobro de los impuestos a la hoja.
EN 1925 se fija una tasa de un boliviano por cesto con destino a las actividades de homenaje al primer centenario de la fundación de la patria.
ESTE AÑO se cambia la unidad de medida. Se deja atrás el cesto de 30 libras y se lo reemplaza por el tambor de 100 libras.
EN 1938, el Congreso aprueba una profunda reforma del sistema de impuestos y crea tributos especiales y ad valorem para la coca.
EN 1942, el Gobierno crea la Aduana de la Coca para recaudar estos impuestos.
EN 1956 se crea un impuesto del 10 por ciento sobre los ingresos de las exportaciones, monto que será reducido a la mitad al año siguiente.
EN 1971, la recaudación impositiva por la coca alcanzó 250.000 dólares y en 1976 se llegó a obtener 650.000 dólares. Una casa en la zona Sur, en 1976, costaba hasta 100.000 dólares.
Industrialización
El próximo año comenzará a funcionar la primera planta industrializadora de coca.
La factoría se halla en Lauca Ñ, provincia Chapare del departamento de Cochabamba.
Uno de sus primeros productos serán los energizantes a base de frutas.
La hoja será “desalcaloidizada” durante un proceso de calentamiento.