El día de hoy el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, anunciaba la apertura de la carretera La Paz–Oruro después de 50 días, alegando que las labores de desbloqueo no fueron graves y se vivieron sin violencia ni altercados. Esto ocurre dos días después del decreto de estado de excepción promulgado por el presidente, lo que no deja de resultar significativo en términos de lectura política. Que el Gobierno haya esperado ese margen antes de anunciar la reapertura no es un detalle menor: es una forma de atribuirse la autoridad del desenlace, de marcar quién puso el punto final.
Aunque parece una medida tardía frente a la magnitud de la situación, sorprende que, a pesar de que aún existen detractores de dicha política, se haya instalado una especie de «desmoralización» generalizada. Alrededor de los cabildos y ampliados, las acusaciones no tardaron en llegar: desde traición hasta la de haber sido instrumentalizados por intereses ajenos al movimiento. Lo que comenzó como una demanda con respaldo popular fue mutando, con el paso de las semanas, en un escenario donde la legitimidad de los propios dirigentes quedó en entredicho. La base ya no seguía con la misma convicción, y eso es quizás la señal más clara de que algo se había roto por dentro antes de que se rompiera por fuera.
Resulta que la respuesta siempre fue el desgaste, aunque en su momento sonara a disparate. El tiempo, sin embargo, va dando la razón: la gente ha deslegitimado las formas de protesta y las ha criminalizado. Desde la clase media, el repudio fue masivo; pero en las clases populares lo que predomina no es la condena, sino la decepción ante un resultado que no estuvo a la altura de los costos asumidos. Cincuenta días de bloqueo implican desabastecimiento, pérdida de ingresos, incertidumbre cotidiana. Cuando ese sacrificio no se traduce en ningún logro concreto, la ecuación se vuelve intolerable para quienes lo sostuvieron desde abajo.
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No está de más recordar que hace unas semanas, en su tradicional radio documental, María Galindo les decía enfáticamente a los dirigentes de los movimientos sociales: «Vayan a dialogar, no se pueden dar el lujo de que el movimiento popular sufra una derrota. Él no va a renunciar.» Palabras que, aunque suenan simples, ocultan un peso enorme, porque María Galindo sabe mejor que nadie que una derrota puede concluir con la desarticulación de causas e ideales que, aunque legítimos, terminaron desvirtuados por intereses políticos coyunturales. Hay una lucidez incómoda en ese llamado: no era rendición lo que pedía, sino pragmatismo. Reconocer los límites de un movimiento no es traicionarlo; insistir más allá de ellos, en cambio, puede destruirlo.
La historia no miente. En 1984, la «marcha por la vida» de los mineros de la COMIBOL fue detenida en Calamarca, cercada y forzada a negociar en condiciones de derrota; dos años después, el Decreto 21060 desmanteló el modelo minero estatal y el movimiento obrero nunca volvió a tener esa fuerza. En 2020, el movimiento opositor del 21F y «PITITA» se desgastó hasta el agotamiento, allanando el retorno del MAS con más del 55% en primera vuelta y sepultando cualquier chance real de construir una oposición nueva. Y en 2022, los 36 días de paro cívico en Santa Cruz terminaron diluyéndose entre divisiones internas y hartazgo ciudadano: el censo se postergó en los términos que el Gobierno decidió, y el Comité salió sin logro concreto y con una imagen de intransigencia que le pasó factura
El ciclo es conocido, y por eso mismo resulta más doloroso repetirlo. Bolivia tiene una larga memoria de movilizaciones que cambiaron el curso de su historia, pero también de otras que se consumieron a sí mismas sin dejar nada más que fragmentación y resentimiento. La diferencia entre unas y otras no siempre estuvo en la justeza de la causa, sino en la inteligencia política con que se supo leer el momento.
Es así que la firma de una tregua entre la COB y el Gobierno, más que una victoria, se lee como una derrota. El acuerdo no ha producido orgullo sino un efecto de «pérdida» difícil de disimular: no hay entusiasmo en ese apretón de manos, sino la cordialidad forzada de quien contiene el llanto. Una tregua, por definición, no resuelve nada: suspende. Y lo que queda suspendido aquí no es solo el conflicto, sino la pregunta sobre qué viene después, qué queda en pie, quién lidera y hacia dónde.
Aún no sabemos cómo termine esto, pero sí queda claro que el Gobierno parece haber jugado mejor sus fichas: resistió más golpes y ahora agarra del cuello a un movimiento social sin rumbo, fragmentado y sin una figura política que lo represente. No ganó por superioridad de argumentos ni por legitimidad acumulada, sino por algo más prosaico y efectivo: la capacidad de aguantar. En política, a veces, eso es suficiente.
Al final, el movimiento quedó huérfano: sin representación legislativa, ejecutiva ni de liderazgo visible. Un sinsentido que fue utilizado para construir una narrativa de renuncia que nunca pudo concretarse. Y ahí reside quizás la tragedia más profunda de este episodio: no es que hayan perdido, sino que perdieron sin saber exactamente por qué luchaban al final, ni quién hablaba en su nombre. Cuando un movimiento no puede responder esas preguntas, la derrota no es coyuntural. Es estructural.
Jorge Caro Molina
Abogado