Las consecuencias del bloqueo ordenado desde el Chapare
En 50 días de bloqueo una de las peores calamidades traídas por la Central Obrera Boliviana (COB) y el mentor del Chapare que tiene en su haber el récord «de cercar ciudades», matar a la gente por falta de alimentos, medicinas, oxígeno y el riesgo de pérdidas de vidas humanas en carreteras con más de 5.000 motorizados, es la imposición de la idea brutal de ser pueblo y que tienen derecho a gobernar, incluso, con el repudio e indignación de todos los bolivianos.
La sociedad que vive en los 9 departamentos del país, principalmente las del eje central y otras, ante la incompletud de decisiones estatales permitidas por la Constitución ha salido a las calles ha defender su espacio de transitabilidad y trabajo, pero el estado tranca del pasado y hoy, se estimula con «la dosis indefinida de diálogos», bajo ultimátum del dirigente de la COB, quien debería ser aprehendido por el fiscal general y fiscales que fungen «de veedores» en la Comisión jurídica de trabajo, para que responda de los crímenes de sedición, terrorismo, muertes y reparación de daños económicos que se estiman en más de 2.800 millones de dólares.
La realidad presenta capas de mayor complejidad engañosa e impositiva si el bloqueo sigue en evolución (43 puntos según la ATT). Y lacera el sentimiento humanitario de toda la población, cuando la COB con sus manos manchadas de sangre en conexión con los ligados al narcoterrorismo del Trópico de Cochabamba (Evo Morales), piden con el mayor cinismo y crueldad:
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El Gobierno reconozca el bloqueo con dinamitas, piedras, asaltos y muertes como «derecho a la manifestación», al solicitar Mario Argollo la libertad de todos los hermanos aprehendidos en la lucha por el supuesto bien del país. Además, no se accione ninguna reparación de daños civiles.
Admitir que todos los revolucionarios causantes de más de 3.000 millones de dólares, no sean alcanzados por las leyes penales. En otros términos, cierre de tribunales y fiscales, admitiendo por si acaso al Fiscal Superior, Martín Daniel Irusta Flores ex abogado de Evo Morales.
Mantener impunidad por los actos ocasionados sea por ley o decreto de amnistía por su defensa inclaudicable de defender al pueblo. Ser humano desalmado por tamaña audacia.
Convertirse en contralor externo «de facto» de los órganos democráticamente elegidos. Confundiendo olocracia con democracia.
Reconocer los sacrificios enormes que despliegan para sostener los bloqueos, con sueldos por ley y financiamientos con dólares bajados del cielo como cristales de hielo (blanquita).
Con esta agenda extorsiva y de absoluta falta de respeto a las autoridades de Gobierno, autoridades regionales y municipales, en modo especial al presidente, a quien al unísono cobista le pidieron su renuncia, sin calcular que pisaban sobre la cornisa del tejado, ahora buscan cómo salvarse de su catastrófica derrota y de la responsabilidad cuantiosa que deberán pagar con sus bienes y congelación de cuentas bancarias.
Nuestras sociedades están cansadas de vivir del autoflagelo, la gente rechaza con indignación e ignorancia toda forma de secuestro y de exterminio; por ello, el Gobierno no puede ser tan permisible y complaciente con los lobos negros que se muestran de ovejas descarriada.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) establece que: » Toda persona tiene derecho a la vida, a la libertad y seguridad de su persona”.
Y determina que: «Toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia en el territorio del Estado, así como: «a salir de cualquier país, incluso del propio y a regresar» (Arts. 3 y 13.1.2 (DUDH).
El Gobierno deberá restablecer el orden y desbloquear todas las rutas y al amparo de la Constitución y la Ley 1740 de Regulación de los Estados de Excepción, porque se entiende que hay desesperación de toda la población del país, que está pasando situaciones dolorosas (Art. 56 I. II. CPE).
Cuando cerraba este enfoque cerca de la media noche del viernes a tiempo de agradecer a Dios por los dones recibidos, confieso qué en las primeras horas del sábado al leer la noticia del Estado de Excepción decretado, fue u sensación de alivio y perspectivas de paz.
Declaración de Estado de Excepción en el país
El presidente y sus ministros mediante DS. 5636 de 20 de junio decretó el Estado de Excepción en todo el territorio nacional por 90 días, con la finalidad de pacificar el país, restaurar el orden público y levantar los bloqueos con despliegue de la policía nacional y la participación del Ejército.
La medida deberá ser remitida a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para su aprobación o rechazo por simple mayoría.
Aunque el Estado de Excepción decretado por el Gobierno, surge como a remolque, después de 50 días de brutal bloqueo, lo importante (positivo) es que la medida garantiza los derechos fundamentales de las personas, el debido proceso, el libre tránsito, el derecho a la salud, educación, trabajo normal en instituciones públicas y privadas, así como la seguridad jurídica en el tema de la cadena productiva a nivel nacional.
Como cuestiones negativas se podrían extraer algunas de enorme preocupación: a) Los acuerdos previos con los sindicatos de Huanuni, Colquiri y la COB que se traducen en que el Gobierno no puede realizar investigaciones y aprehensiones a los miembros de la COB que participaron en los bloqueos con resultados de pérdidas de más de 19 personas, sin duda que es tender un manto de impunidad por crímenes de lesa humanidad, terrorismo, sedición y tentativa de golpe de Estado,
- b) El Gobierno se obliga a reconocer el derecho a la manifestación de la COB y no podrá dictar la ley antibloqueo desde la Asamblea Legislativa Plurinacional, c) Al no sentar precedentes contra los presuntos autores del intento de golpe de estado identificados en: Mario Argollo, Vicente Salazar y Evo Morales, los presuntos coautores tendrían licencia para repetir los actos de barbarie y desestabilizar en cualquier momento a Gobiernos democráticos, d) No llegarán inversiones al país si se ha aceptado que empresas transnacionales con concesiones legales desarrollen actividades de exploración o explotación de Yacimientos hidrocarburíferos y reactivación minera;
- e) El Gobierno se obliga a garantizar el funcionamiento de todas las empresas públicas deficitarias que durante 20 años han recibido préstamos del Banco Central para pagos de sueldos de sus planillas, sin que hasta la fecha hayan devuelto los créditos.
Lo más cuestionable, es qué ante el destrozo de las cadenas productivas en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, quién responde de las pérdidas de 3.000 millones de dólares en los 50 días de bloqueo. Los culpables están identificados por el Comité Pro Santa Cruz y la sociedad civil que se vio asfixiada como consecuencia de los bloqueos duros, los que deberían ser investigados y aprehendidos por el fiscal general y sus fiscales que participaron en comisiones jurídicas de revisión, aplicando medidas de congelamiento de cuentas y de su patrimonio, a fin de reparar el “daño civil causado” a los productores, comerciantes, transportistas, turismo y exportadores.
Lo relevante es que el país retorna a la normalidad, pero el Estado de Excepción no repara los daños causados, la reconstrucción de los edificios públicos y privados destruidos, los incendios
de vehículos de la policía y de transportistas de servicio público y privado, y los saqueos de los comercios y, menos, el daño inmaterial a que fueron sometidos ciudadanos que fueron flagelados por los Ponchos Rojos y otros vándalos de puntos de bloqueo. La esperanza es que el Gobierno administre y gobierne el país, sin la extorsión de los sediciosos de la COB, Tupaj Kari y los del Chapare.
Finalmente, el Estado de Excepción llegará hasta Villa Tunari, Sacaba y Lauca Ñ y, en otro conflicto como los avasallamientos a propiedades, se aplicará la ley con la policía y el ejército en rutas para “expulsar a los ocupantes de propiedades”, para devolver la normalidad y seguridad jurídica a los legítimos propietarios afectados por grupos armados que aprovecharon el bloqueo y traficaron con tierras desde el sistema colapsado.
Avasallamiento a propiedad El Vallecito
En el Departamento de Santa Cruz según autoridades del área productiva existen más de 70 propiedades avasalladas por traficantes de tierras, y el derecho a la propiedad privada individual o colectiva está garantizada siempre que cumpla una función social y el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo.
Se comprende la incertidumbre, inseguridad jurídica y la angustia cuando con fuerza y violencia avasallan grupos la propiedad «El Vallecito» de María Cynthie Foianini Gutierrez, ubicada en la población de San Javier, Provincia Ñuflo de Chávez del Departamento de Santa Cruz.
Se conoce que la propiedad tiene una superficie de 1519.8569 hectáreas; ha sido saneada por el INRA (la Res ministerial está para firma en el ministerio de la presidencia); calificada como área protegida por el Municipio; y, calificada como Mediana propiedad.
La propiedad cumple con la función social-económica, al contar con 1.000 plantas de Achachairú fruta nutritiva y refrescante cuya cosecha se ha perdido este año por la ocupación ilegitima de los avasalladores, que se apropian de facto del patrimonio ajeno como si no hubieran leyes y autoridades que protejan los derechos legítimos e inversiones con pagos de impuestos.
Entre otras actividades se tiene el fomento y cría de ganadería Gyr Gyr Orlando, cabras, cerdos y caballar. La lechería instalada producía hasta 1.500 litros de leche día; sin embargo, hoy debido al avasallamiento la producción lechera ha disminuido a 200 litros, causando un daño económico de magnitud a la propietaria.
Se ha denunciado a la policía, fiscalía, Defensoría del Pueblo, Alcaldía, Agasaj, FEGASACRU, ABT, INRA, Gobernación y otras instituciones hasta identificar al promotor principal, que es Luís Albero Ibáñez Barba, que sigue amenazando con llevar gente de Yapacaní para hacerla violar y quitarle la vida a la propietaria o su familia.
Lo peor, es el ¡dolor!, ante una sociedad asediada por la injusticia de jueces legales que no desarrollan un enfoque integral del problema jurídico a tiempo de decidir, si la víctima en este caso María Cynthia Fioanini Gutierrez es una persona viuda, y “adulta mayor», que supone que, por su condición de género y edad avanzada, goza de protección reforzada y, las amenazas de violación grupal seguida de muerte, no pueden ser subvaloradas o desconsideradas por la jurisdicción penal.
Se sabe por la prensa que los avasalladores han abierto camino por la parte más alta de la propiedad «El Vallecito» donde existe una estructura que preserva «la fuente de agua», que hasta antes de 19 de noviembre de 2025 (segunda toma) alimentaba a más de 25.000 pobladores de San Javier y otras comunidades circundantes, porque los ocupantes decidieron cortar el suministro, vulnerando el derecho humano al agua. Es de esperar que las autoridades hagan cumplir los desalojos y se restituya el predio a su propietaria.
Propiedad Santa Rita avasallada
Melissa Barba propietaria de la propiedad Santa Rita denunció ante la policía de Santa Cruz que personas encapuchadas en moto y con armas en número de 20 personas avasallaron su propiedad por sexta vez. Procedieron al secuestro de su esposo, el suegro y los trabajadores.
Ante su impotencia se derramó en llanto pidiendo a las autoridades policiales, judiciales y la Gobernación hagan algo para liberar a los secuestrados. Siempre es más cómodo decir que la solución es simple, que ellos van a lograr salir sin que su integridad física sea afectada, el problema pasa por la frustración psicológica de las víctimas de sentirse abandonados por autoridades que tienen la responsabilidad de ofrecer la seguridad jurídica. Permitiendo que la ley de la selva se profundice y se extienda hasta límites incontrolables con riesgos de vidas humanas.
La propiedad Santa Rita está ubicada en el municipio de El Puente en la Provincia Guarayos del Departamento de Santa Cruz. Tiene una extensión de 6.000 hectáreas de superficie, de las cuales 4000 son cultivadas y se siembra soya en la época de invierno con tecnología de punta. Además, que la propiedad cuenta con el saneamiento del INRA y con un programa de preservación de la fauna (animales mamíferos, aves, reptiles, insectos, monos, que conforman el ecosistema importante para el equilibrio de la región geográfica de Santa Rita.
Melissa Barba ha señalado a El Deber que Vicente Ollisco Jamira es el que encabeza el grupo de 20 personas armadas y que la autoridad jurisdiccional hace dos años expidió en su contra el mandamiento de aprehensión, sin que se haya ejecutados por la policía y fiscales. Ahora ha trasladado gente para estaquear la propiedad en lotes que abarcan un 60% de la superficie total.
La víctima del brutal avasallamiento de un sujeto perseguido por la justicia, levanta su voz para pedir a las autoridades que intervengan y aprehendan a los avasalladores y sean llevados ante la justicia.
Los traficantes de tierras aprovechan los bloqueos para amenazar y tomar propiedades y, desde luego, que se trata de organizaciones armadas, que solo la policía estará en condiciones de desactivar esta dinámica delincuencial que tiende a sembrar el terror en las familias que se dedican a actividades productivas agrícolas, ganaderas y frutales.
Propiedad Yabaré de la UAGRM avasallada
La propiedad Yabaré está ubicada cerca a la localidad de Tres Cruces de 20.000 hectáreas y legítimamente le pertenece a la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Ha sido avasallada por grupos violentos, sin que los desalojos ordenados por las autoridades hayan tenido los efectos perdurables en el tiempo, por cuanto han regresado a tomarla, pese a que la UAGRM cuenta con el saneamiento y sentenciad firmes emitidas por el Tribunal Agroambiental (TA). Las autoridades departamentales están obligadas en coordinación con el INRA y la fiscalía a ejecutar las órdenes judiciales.
Cabe preguntarse ante la frecuencia de avasallamientos, denuncias, procesos penales, civiles, acciones de garantías de los propietarios víctimas de la desprotección, ¿dónde quedan los principios constitucionales informadores del ordenamiento jurídico en las jurisdicciones ordinarias y constitucional de: legalidad, seguridad jurídica, igualdad, proporcionalidad, jerarquía normativa y el debido proceso?
Ana Pastor dice: “Todo dentro de la Constitución y nada fuera de ella”. De modo que la medida del Gobierna de Estado de excepción es legítima y Constitucional.
Santa Cruz, 20 de junio del 2026 Pedro Gareca Perales