23 de junio de 2026: después de más de 50 días Bolivia amaneció sin bloqueos. Días de tensión, violencia, perjuicio y angustia para el país.
Hoy miles de familias pueden volver a circular, trabajar, producir, transportar alimentos, estudiar y retomar poco a poco su vida. Eso nos devuelve esperanza. Pero también nos deja una reflexión muy fuerte: el país no puede ser sometido nuevamente al chantaje, a la presión ni a la violencia como método político.
He venido manifestando que hay demandas que deben ser escuchadas y atendidas, que el diálogo siempre será necesario en democracia. Pero también hay otros sectores que no buscan soluciones, buscan desestabilizar; no quieren respuestas, quieren imponer; no defienden al pueblo, lo castigan con su forma de actuar.
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Bolivia necesita paz, pero también autoridad. Necesita diálogo, pero también ley. El daño causado no fue menor: se golpeó la economía del país, se afectó al Estado boliviano, se perjudicó a millones de ciudadanos y se dañaron carreteras, bienes públicos, espacios urbanos y fuentes de trabajo. ¿Quién responde por todo eso? Quienes promovieron, financiaron o ejecutaron estos hechos no pueden quedar impunes. Deben responder ante la justicia.
Ahora corresponde recuperar el país, restablecer el orden y garantizar que esto no vuelva a repetirse. Los acuerdos firmados no pueden ser obligaciones de un solo lado ni como imposiciones al Estado; un acuerdo verdadero implica compromisos entre partes. Así como el Gobierno debe cumplir lo que corresponda, quienes firmaron también deben comprometerse a no bloquear, a no paralizar el país y a dejar trabajar a la gente.
¿Cuánto tiempo va a costar volver a las actividades normales? ¿Cuánto tiempo en recuperar lo perdido? El estado de excepción debe mantenerse y estar alertas a cualquier reinicio de actividades desestabilizadoras. No podemos volver a vivir una Bolivia bloqueada, amenazada y paralizada. La democracia se defiende con diálogo, con firmeza y haciendo cumplir la ley.
Mario Herrera es diputado Supraestatal