“En el tema jurisdiccional no nos metemos, pero sí en el tema administrativo cuando un juez incumpla los plazos, incumpla los términos administrativos, ahí sí entramos para poder realizar los procesos disciplinarios a todas las autoridades”, afirma el presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer.
Por eju.tv / La Paz / Video: Radio Fides
El Consejo de la Magistratura activará de oficio un proceso administrativo para verificar si se cometió o no prevaricato o una presunta corrupción en el litigio que enfrentó a Fancesa con Soboce por competencia desleal y en el que habría intercedido a favor de la segunda empresa el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero.
Fue la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz la que concedió tutela a Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), en mayo de 2025, y dejó temporalmente sin efecto la sentencia que le ordenaba pagar una indemnización a la Fábrica Nacional de Cementos (Fancesa). El caso quedó en manos del Tribunal Constitucional Plurinacional, encargado de revisar y confirmar o revocar esa decisión.
“Vamos a hacer los levantamientos técnicos para determinar si hay un prevaricato o si hay actos de corrupción y poder denunciar al Ministerio Público”, indicó el presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer, en declaraciones difundidas por radio Fides.
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La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), considerada una de las principales instancias especializadas de la Policía española, afirmó que el expresidente español habría recibido 200.000 euros para realizar gestiones ante el Gobierno de Luis Arce y otras autoridades bolivianas en favor del conglomerado peruano Grupo Gloria, propietario de Soboce.
Según la UDEF, los pagos fueron canalizados mediante un contrato de asesoría con la empresa peruana Focus Social Research, firma que los investigadores consideran una “sociedad interpuesta” utilizada para justificar transferencias que estarían vinculadas a gestiones en favor del Grupo Gloria y de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce).
La empresa cementera arrastraba desde 2011 una demanda por competencia desleal presentada por Fancesa.
La justicia boliviana determinó que Soboce utilizó de manera indebida acciones de Fancesa como garantía para financiar su propio crecimiento y, tras años de litigio y apelaciones, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia confirmó en febrero de 2025 la sentencia: el pago de $us 107 millones a favor de Fancesa, refiere un reporte de el diario cruceño El Deber.
El presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer. Foto: Archivo
No obstante, en mayo del mismo año la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz concedió tutela a Soboce, y dejó temporalmente sin efecto la sentencia que le ordenaba pagar una indemnización a Fancesa. El caso quedó en manos del Tribunal Constitucional Plurinacional, encargado de revisar y confirmar o revocar esa decisión.
Se presume que en ese intermedio Zapatero se reunió con las autoridades nacionales, como el presidente Arce, para congelar el dictamen contra Soboce.
Spencer aclaró que el Consejo de la Magistratura no se mete en “en el tema jurisdiccional, pero sí en el tema administrativo cuando un juez incumpla los plazos, incumpla los términos administrativos, ahí sí entramos para poder realizar los procesos disciplinarios a todas las autoridades”.
“Como Consejo de la Magistratura hacemos los levantamientos técnicos cuando realizan las denuncias, vamos a hacerlas de oficio, el levantamiento técnico y hay también los recursos que nosotros no nos metemos al tema jurisdiccional, eso que quede claro, que también le damos la autonomía plena a las autoridades jurisdiccionales para que ellos puedan determinar de acuerdo a un bloque de constitucionalidad que ellos puedan determinar y hacer un análisis para poder determinar y darle certidumbre a la población”, explicó.