Fernando Untoja
Las recientes jornadas de bloqueo han producido algo más profundo que una crisis económica o política. Han hecho reaparecer viejos lenguajes, antiguas clasificaciones y prejuicios que parecían haber desaparecido. Vuelven a escucharse expresiones conocidas: “estos ‘indios'», “estos ‘indígenas’ salvajes”, “los aymaras violentos”, “los irracionales”. La crisis parece autorizar nuevamente la palabra racial. Sin embargo, el problema no reside únicamente en la reaparición del prejuicio. También emerge una peligrosa confusión intelectual. Los bloqueadores se convierten rápidamente en “los aymaras”; los aymaras pasan a ser identificados con los kataristas; el katarismo se reduce a Túpac Katari; y finalmente cualquier conflicto social termina explicado por una supuesta naturaleza violenta del mundo aymara.
La operación no es inocente. Toda sociedad en crisis busca responsables visibles. Cuando las instituciones fracasan, cuando la economía se deteriora y cuando el Estado pierde capacidad de respuesta, aparece la necesidad de fabricar un culpable. El riesgo actual consiste precisamente en convertir al aymara en un nuevo chivo expiatorio nacional. No se trata solamente de una generalización política. Se trata de una racialización del conflicto.
Las categorías “indio” e “indígena” merecen ser examinadas críticamente. Ambas fueron construidas históricamente desde el poder colonial y posteriormente administradas por el Estado republicano. Son nombres que clasifican poblaciones diversas desde una mirada exterior. No son necesariamente las categorías mediante las cuales las propias sociedades se han pensado históricamente. Paradójicamente, el Estado Plurinacional no eliminó esta problemática. La categoría de lo “indígena” fue elevada a fundamento de legitimidad política y terminó convirtiéndose en un nuevo indigenismo estatal. Bajo la aparente valorización de la diversidad, múltiples experiencias históricas concretas fueron absorbidas por una representación homogénea. Lo aymara, lo quechua o las diversas formas de organización andina quedaron frecuentemente subordinadas a una categoría administrativa y política: lo “indígena”. De este modo, el indigenismo dejó de ser solamente una construcción colonial o republicana para convertirse también en una forma contemporánea de administración de las identidades.
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Quizá por ello resulte necesario volver a preguntar: ¿qué conoce realmente Bolivia del katarismo? ¿Conoce su historia? ¿Ha preferido ignorarla? ¿La ha reducido a la memoria de Túpac Katari? ¿La ha confundido con el indianismo, el indigenismo o la movilización coyuntural?
El katarismo no puede reducirse a una técnica del bloqueo ni a una política de la confrontación. Tampoco constituye una simple prolongación de la rebelión de 1781. Sus raíces parecen encontrarse en elementos más profundos de la experiencia histórica aymara: la territorialidad, la memoria colectiva, las formas de autoridad, las relaciones de reciprocidad, de rivalidad, las estructuras comunitarias y la larga duración de una civilización que precede tanto a la República como al Estado moderno.
Los bloqueos, los dirigentes, los partidos o las coyunturas pertenecen al terreno de los fenómenos. Son acontecimientos visibles y cambiantes. El katarismo remite a otra dimensión: a las estructuras profundas que organizan la experiencia histórica aymara. Confundir ambas dimensiones significa convertir un acontecimiento político en una identidad colectiva.
Quizá la pregunta más incómoda sea también la más necesaria: ¿la historia boliviana ha ocultado el katarismo, lo ha simplificado o simplemente ha sido incapaz de comprenderlo? Mientras esta discusión permanezca pendiente, el prejuicio continuará ocupando el lugar de la reflexión y el aymara seguirá apareciendo, una y otra vez, como el responsable de crisis que tienen causas mucho más complejas. El debate sobre el katarismo apenas comienza. Y quizá la primera condición para iniciarlo sea abandonar las etiquetas y volver a las preguntas.