El expresidente exige que la investigación se lleve adelante bajo estrictos parámetros del derecho internacional y respetando la presunción de inocencia, consagrada en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El expresidente Luis Alberto Arce Catacora emitió esta noche (25) un comunicado público desde la cárcel de San Pedro de La Paz, en el que desmiente categóricamente cualquier vinculación con el caso Soboce – Fancesa y rechaza las acusaciones surgidas a raíz de un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de España. El exmandatario aseguró que su reunión con el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero en 2024 fue exclusivamente política, que la Procuraduría impugnó el fallo favorable a Soboce y que el expediente aún está en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
En el comunicado, Arce sostiene que el conflicto entre Soboce, el Grupo Gloria y el Estado boliviano no se generó durante su gobierno. En noviembre de 2023, Bolivia obtuvo un laudo de la Corte Permanente de Arbitraje que se declaró sin jurisdicción para conocer la reclamación de Sus 269,4 millones, al concluir que Soboce era una empresa local boliviana, no un inversionista extranjero. Sin embargo, la controversia por la compensación al Grupo Gloria por la expropiación de acciones de Fancesa aún subsiste.
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El expresidente detalla que su relación con Rodríguez Zapatero fue institucional y política, enmarcada en los esfuerzos del Grupo de Puebla para mediar en la crisis interna del MAS-IPSP. La reunión que sostuvieron en La Paz en 2024 abordó la coyuntura política boliviana, las posiciones intransigentes de Evo Morales y la necesidad de unidad del movimiento popular, sin tratar ningún litigio judicial de Soboce. Arce afirma desconocer la agenda que el exjefe de gobierno español llevó adelante en Sucre.
Arce recuerda que, cuando el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz concedió la tutela en la acción de amparo planteada por Soboce en 2025, el ex Procurador General del Estado, Ricardo Condori Tola, impugnó públicamente esa resolución calificándola de extralimitada.
“Si mi gobierno hubiese tenido algo que ver con esa resolución judicial, como falsamente se está pretendiendo señalar, la Procuraduría —que representa los intereses del Estado— no habría rechazado ni combatido ese mismo fallo”, enfatiza el exmandatario.
Para Arce el caso no tiene cosa juzgada constitucional, ya que el expediente 75417-2025-151-AAC se encuentra en revisión ante el TCP desde julio de 2025, sin que se haya emitido sentencia. Por lo tanto, no se ha realizado ningún tipo de liberación de pago a Soboce en relación con este caso, pues la última palabra debe ser del TCP. Si el TCP revoca la tutela, la condena de Bs 744 millones contra Soboce recobra vigencia, si la confirma, corresponderá al Tribunal Supremo de Justicia emitir nueva resolución.
Arce también se refiere a la señora Carmen Almendras, mencionada como nexo con su gobierno, y aclara que fue embajadora durante los gobiernos de Evo Morales, que no integró su gabinete y que ocupó funciones en la gobernación de Chuquisaca y en la alcaldía de La Paz. “No integró mi gobierno en ningún cargo”, enfatiza.
El expresidente exige que la investigación se lleve adelante bajo estrictos parámetros del derecho internacional y respetando la presunción de inocencia, consagrada en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
“Toda denuncia debe ser investigada bajo estrictos parámetros del derecho internacional y en el marco de lo estipulado por nuestra Constitución Política del Estado para evitar arbitrariedades y condenas anticipadas”, sostiene.
Por último, Arce se pone a disposición de cualquier autoridad judicial y asegura: “No me he escapado, no tengo nada que ocultar, respeto la independencia de los Órganos del Estado y no estuve ni estoy involucrado en ningún tráfico de influencias que haya favorecido a SOBOCE o alguna otra empresa privada”.