Esta jornada es una oportunidad para visibilizar la presencia de la comunidad en todos los rincones de la sociedad y para continuar la lucha por la reivindicación de sus derechos.
Fuente: Video Defensoría del Pueblo
En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+ y a una década de la promulgación de la Ley 807 de Identidad de Género, la Defensoría del Pueblo llamó este domingo a garantizar el ejercicio pleno de derechos de las personas con diversa identidad de género.
Cada 28 de junio, esta comunidad conmemora el Día Internacional del Orgullo, una fecha que rememora los históricos disturbios de Stonewall en 1969 y que se ha constituido como un potente grito de visibilidad y reafirmación de las diversas identidades y orientaciones sexuales.
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Esta jornada es una oportunidad para visibilizar la presencia de la comunidad en todos los rincones de la sociedad y para continuar la lucha por la reivindicación de sus derechos.
La Ley 807, promulgada el año 2016, marcó un hito en el reconocimiento del derecho a la identidad de género, estableciendo el procedimiento para el cambio de nombre propio, dato de sexo e imagen de personas transexuales y transgénero en toda documentación pública y privada vinculada a su identidad.
Desde su entrada en vigencia, se registraron más de 850 trámites de cambio de identidad, lo que refleja el impacto positivo de la norma en el acceso al reconocimiento jurídico de este derecho.
“Si bien la Ley de Identidad de Género representa uno de los avances más importantes en materia de igualdad y no discriminación, su implementación aún enfrenta barreras administrativas, sociales y estructurales que restringen el acceso efectivo a otros derechos fundamentales, como la educación, la salud, el trabajo, la seguridad social y una atención pública libre de discriminación”, señala el boletín de prensa de la Defensoría del Pueblo.
A diez años de su promulgación, la institución exhortó a las entidades competentes a fortalecer la aplicación efectiva de la Ley 807 mediante la eliminación de prácticas discriminatorias, la adecuación de procedimientos administrativos, la capacitación permanente de las y los servidores públicos y la adopción de políticas que garanticen el acceso igualitario a derechos y servicios.