La autoridad informó que Bolivia registra 43 feminicidios en lo que va de la gestión, 17 de ellos en La Paz, y anunció acciones orientadas al monitoreo de casos, prevención, justicia con perspectiva de género y reparación integral para hijas e hijos huérfanos por feminicidio.
Fuente: Comunicación VIODyD
Ante un nuevo hecho de feminicidio que enluta al país, la Viceministra de Igualdad de Oportunidades, Descolonización y Despatriarcalización, Jessica Echeverría, expresó su profunda preocupación por el incremento de la violencia contra las mujeres y advirtió que el feminicidio no puede ser entendido únicamente como un crimen contra la víctima directa, sino como un hecho de violencia extrema que rompe familias, deja niñas y niños huérfanos y genera consecuencias sociales, económicas y emocionales que se extienden durante años.
Durante una entrevista televisiva, la autoridad se refirió al reciente caso de Bianca, una joven de 26 años que perdió la vida tras haber sido brutalmente agredida por su pareja. Según informó, el presunto agresor fue enviado con detención preventiva al penal de Chonchocoro, mientras avanza el proceso penal por el delito de feminicidio.
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“Realmente es muy doloroso porque estamos hablando de una persona tan joven que ha perdido la vida de una manera extremadamente violenta. Es otro crimen cruel en el que una mujer pierde la vida”, señaló la Viceministra.
Echeverría informó que, a la fecha, se registran 43 feminicidios a nivel nacional, de los cuales 17 corresponden al departamento de La Paz, situación que coloca a este departamento como uno de los más afectados por esta problemática.
Frente a este escenario, la autoridad indicó que el Viceministerio viene trabajando en el lanzamiento de un Plan Nacional contra los Feminicidios, además de acciones de monitoreo, seguimiento y articulación con instancias del sistema de justicia.
“Hemos tenido una reunión con el Fiscal Departamental de La Paz y estamos solicitando una reunión con el Fiscal Superior de Feminicidios para poder hacer un monitoreo de los casos de feminicidio y tentativa de feminicidio. Necesitamos comprender dónde está fallando el sistema para actuar con mayor oportunidad”, afirmó.
La Viceministra señaló que una de las principales preocupaciones está vinculada a las debilidades en la prevención desde los municipios, especialmente cuando no se cuenta con equipos completos en los Servicios Legales Integrales Municipales, Defensorías de la Niñez y Adolescencia y otras instancias de atención.
Asimismo, advirtió que las medidas de protección no siempre cumplen su finalidad si no existe un seguimiento efectivo por parte de las instancias correspondientes. En ese sentido, remarcó que la reincidencia de agresores representa uno de los principales cuellos de botella en la protección de las víctimas.
“Se supone que las medidas de protección deberían garantizar la vida de la víctima; sin embargo, muchas veces se otorgan medidas, pero no existe el seguimiento necesario. En muchos casos estamos hablando de agresores reincidentes, con altos niveles de peligrosidad”, indicó.
La autoridad también hizo énfasis en la necesidad de que jueces y tribunales apliquen de manera efectiva el protocolo para juzgar con perspectiva de género, recordando que la impunidad reproduce más violencia y profundiza la desconfianza de las víctimas hacia el sistema de justicia.
“Cuando existe impunidad, esto replica más impunidad. Necesitamos de manera urgente que los jueces puedan aplicar el protocolo para juzgar con perspectiva de género”, afirmó.
Uno de los puntos centrales abordados por la Viceministra fue la necesidad de visibilizar a las víctimas secundarias del feminicidio, especialmente hijas, hijos, madres, padres, hermanas, hermanos y familias enteras que quedan afectadas de forma profunda tras el asesinato de una mujer.
En ese marco, recordó que el Viceministerio impulsó el estudio sobre el feminicidio como un crimen expansivo, que permite comprender que las consecuencias de estos hechos no terminan con la muerte de la víctima ni con una sentencia penal contra el agresor.
“El feminicidio deja hijas e hijos huérfanos, madres y padres devastados, hermanos afectados emocionalmente y familias enteras obligadas a reorganizar sus vidas. Por eso hablamos de un crimen expansivo, porque rompe el tejido social y deja consecuencias que permanecen durante años”, remarcó.
La autoridad destacó que muchas mujeres víctimas de feminicidio eran también proveedoras económicas y principales responsables del cuidado familiar. Por ello, su ausencia profundiza la vulnerabilidad de todo el hogar, obliga a abuelas y abuelos a asumir nuevamente tareas de crianza y expone a niñas, niños y adolescentes a situaciones de pobreza, interrupción educativa y afectaciones emocionales severas.
En ese contexto, resaltó la importancia de avanzar en la implementación de la Ley N.º 1680 de Protección Integral y Reparación para Hijas e Hijos Huérfanos Víctimas de Feminicidio y Otros Delitos contra la Vida, norma que reconoce el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir apoyo económico, atención psicológica, acompañamiento especializado, acceso prioritario a salud, alimentación y continuidad educativa.
“Esta ley representa un cambio de enfoque, porque reconoce que las consecuencias del feminicidio no terminan con una sentencia. No se ha hecho suficiente con una condena de 30 años; también debemos tutelar a esas niñas y niños que perdieron a sus madres de la manera más cruel”, señaló.
La Viceministra también alertó sobre el incremento de discursos de odio, machismo y violencia simbólica contra las mujeres, especialmente en redes sociales. Explicó que existen narrativas que buscan desacreditar a las víctimas, instalar la idea de que las denuncias son falsas y atacar públicamente a mujeres que deciden hablar o denunciar.
“Si una víctima se anima a denunciar o a hacer público su caso, comienzan a denigrarla, atacarla y cuestionarla. Eso provoca violencia simbólica y psicológica, y desanima a otras mujeres a pedir ayuda”, advirtió.
Respecto a las señales de alerta en relaciones violentas, la autoridad explicó que muchos agresores inician con prácticas de manipulación emocional, aislamiento progresivo, control psicológico, humillación y devaluación de la víctima, antes de escalar hacia la violencia física.
“El agresor muchas veces primero intenta aislar a la víctima de su familia, de sus amistades y de su entorno. Luego empieza a devaluarla, humillarla y ejercer control psicológico. Cuando siente que la víctima está suficientemente aislada, puede comenzar a ejercer violencia física de manera sistemática”, explicó.
Finalmente, la Viceministra Jessica Echeverría dirigió un mensaje a las mujeres que atraviesan situaciones de violencia y que, por miedo, dependencia económica o desconfianza en las instituciones, aún no han podido pedir ayuda.
“Nadie que diga que te ama va a querer lastimarte o hacerte daño. Eso no es amor. El amor no lastima, el amor no denigra, el amor no insulta. A todas las mujeres que están viviendo violencia les pedimos que soliciten ayuda de manera inmediata, que acudan a su entorno familiar, que no se queden solas. No queremos perder otra vida más”, expresó.
Como cabeza del sector, el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, Descolonización y Despatriarcalización reafirma su compromiso de fortalecer acciones de prevención, monitoreo, articulación institucional, justicia con enfoque de género y reparación integral para las víctimas secundarias del feminicidio.
La institución remarcó que el principal desafío ahora es consolidar una política pública que reconozca plenamente a las víctimas secundarias, fortalezca los mecanismos de prevención, garantice acompañamiento integral y asegure que ninguna familia quede sola después de un feminicidio.
Entender el feminicidio como un crimen expansivo permite diseñar respuestas más humanas, integrales y efectivas. Porque cada feminicidio no solo arrebata una vida: deja una herida profunda en familias, comunidades y en toda la sociedad.