La asambleísta de Alianza Libre afirma que los más de 50 días de bloqueos reabrieron el debate sobre los beneficios otorgados a algunas dirigencias sindicales y sostiene que el país debe avanzar hacia un trato igualitario entre todos los trabajadores.
La diputada de Alianza Libre, Lucero Justiniano, afirmó este miércoles que los recientes bloqueos provocaron en la sociedad una profunda discusión sobre la relación entre el Estado y determinadas organizaciones sindicales, al sostener que existen beneficios que no alcanzan al conjunto de los trabajadores bolivianos.
Durante una conferencia de prensa en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), la legisladora señaló que el país no puede mantener un sistema que establezca diferencias entre quienes viven de su trabajo cotidiano y quienes cuentan con beneficios financiados por el Estado.
«No puede haber una Bolivia para quienes trabajan todos los días, pagan impuestos, sostienen a sus familias y asumen las consecuencias de cada crisis, y otra Bolivia para quienes gozan de privilegios que ningún ciudadano común tiene. Eso no fortalece la igualdad; al contrario, genera un profundo sentimiento de injusticia entre millones de bolivianos.»
Justiniano sostuvo que las semanas de conflicto afectaron especialmente a comerciantes, transportistas, pequeños empresarios y trabajadores independientes, quienes vieron reducidos sus ingresos mientras intentaban mantener sus actividades económicas.
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A su juicio, esa realidad obliga a revisar el tratamiento que el Estado brinda a determinados sectores, particularmente cuando existen beneficios que no son compartidos por el resto de la población económicamente activa.
«Mientras miles de personas perdían ventas, paralizaban sus negocios o no podían salir a trabajar por los bloqueos, otros seguían percibiendo el cien por ciento de su salario. Esa diferencia merece una discusión seria porque el país necesita reglas iguales para todos y no beneficios reservados para unos cuantos».
La diputada de la Alianza Libre, Lucero Justiniano. Foto: captura de pantalla
La diputada consideró que el debate trasciende a una organización en particular y se relaciona con la necesidad de revisar políticas públicas que, según afirmó, deben responder a criterios de equidad, transparencia y responsabilidad en el uso de los recursos públicos.
«No estamos planteando una confrontación con los trabajadores; estamos planteando una discusión sobre igualdad. Si queremos construir un país donde todos tengan los mismos derechos y las mismas obligaciones, también debemos revisar aquellas normas que hoy generan diferencias que la ciudadanía ya no considera justificables.»
En consecuencia, la asambleísta presentó este miércoles un proyecto de ley destinado a eliminar el pago íntegro de salarios a dirigentes sindicales declarados en comisión, mediante la abrogación de los decretos supremos 4500 y 4710, normas que, señala, consolidaron un régimen de privilegios incompatible con el principio de igualdad entre los trabajadores bolivianos.
Justiniano refirió que la iniciativa busca dejar sin efecto la figura que permite a determinados dirigentes continuar con la percepción del cien por ciento de su salario mientras desarrollan actividades sindicales, un beneficio que, a su juicio, no existe para el resto de los ciudadanos que viven de su trabajo diario.
«¿Cuántos bolivianos pueden dejar de trabajar un mes, dos meses o incluso más tiempo y seguir recibiendo el cien por ciento de su salario? Ninguno. El comerciante deja de vender y pierde ingresos; el transportista no trabaja y no gana; el emprendedor tiene que abrir todos los días para sostener a su familia. Sin embargo, algunos dirigentes pueden ausentarse de sus funciones y continuar cobrando íntegramente su sueldo con recursos del Estado, ese privilegio es el que estamos planteando eliminar», aseveró.
Justiniano sostuvo que la propuesta no pretende limitar la actividad sindical, sino establecer condiciones de igualdad entre los representantes gremiales y el resto de los trabajadores, quienes deben asumir personalmente el costo económico de sus actividades debido a que no gozan de los privilegios que la norma brinda a aquellos dirigentes que son declarados en comisión.