La norma señalada es particularmente nociva contra el trabajo periodístico, aseguran los gremios del sector, debido a las limitaciones excesivas y en algunos casos infundadas que contempla, el favorecimiento de la discrecionalidad funcionaria, los plazos inaceptables y los procedimientos engorrosos que demanda.
Las organizaciones de la prensa observaron este sábado el proyecto de Ley de Acceso a la Información, que recientemente fue aprobado en grande en la Cámara de Senadores, porque no recoge los compromisos asumidos anteriormente y no fue socializado, además, porque afecta el trabajo periodístico.
“Observamos que, debido a la naturaleza crítica de esta norma, la Cámara de Senadores no hubiera convocado en audiencias públicas a los representantes de las instituciones del periodismo y de las organizaciones de la sociedad civil para analizar en detalle este proyecto normativo a la luz de los estándares internacionales, lo que hubiese evitado las graves contradicciones y vacíos que presenta”, señala una parte de la nota.
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El actual Proyecto de Ley N° 066/2025, cuyo debate se inició el Senado este 2 de julio pasado, contiene disposiciones contrarias a la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2006 sobre la materia (Claude Reyes y otros vs. Chile) que señala que “el acceso a la información pública constituye un derecho humano autónomo; toda persona puede solicitar información sin necesidad de justificar interés alguno; el Estado tiene la obligación positiva de entregarla; la carga de justificar una negativa corresponde exclusivamente al Estado; el principio rector es la máxima publicidad”.
Se advirtió, agrega la nota, que el nuevo proyecto no hace referencia al Art. 106 de la Constitución Política del Estado que garantiza el derecho a la información y el derecho a la comunicación y tampoco tomó en cuenta las observaciones que fueron hechas por el informe legal del Ministerio de la Presidencia, al que dice haber consultado.
La norma señalada es particularmente nociva contra el trabajo periodístico, aseguran los gremios del sector, debido a las limitaciones excesivas y en algunos casos infundadas que contempla, el favorecimiento de la discrecionalidad funcionaria, los plazos inaceptables y los procedimientos engorrosos que demanda.
Aparte de ello, da margen para que cualquier entidad pública pueda establecer a discreción sus propios criterios de excepción, algo que estuvo presente en un cuestionado proyecto de ley que el Movimiento Al Socialismo (MAS) presentó en 2013.
“Nos parece inadmisible y atentatorio a la protección de datos personales y derechos conexos que las solicitudes de información deban ser escritas, previa entrega de fotocopia del Carnet de Identidad, y que se exija registrar los datos personales del solicitante”, agrega.
Esta medida no solo es burocrática y contraria al DS 5595, sino que constituye un riesgo para la integridad y la seguridad de los trabajadores de la prensa que pueden verse en peligro cuando realizan trabajos de investigación que demanden información pública.
La pretendida ley determina que el ciudadano que pida información al Estado debe garantizar que ésta no genere “perjuicios a terceros” y le impele a “asumir responsabilidad plena por la información obtenida”.
Esta disposición, no solo vulnera el principio de que la información que genera el Estado pertenece a los ciudadanos, sino que además puede usarse para amedrentar e impedir que se publiquen investigaciones sobre corrupción u otros delitos cometidos por servidores públicos ya que estos alegarán ser “perjudicados” por las denuncias.
Las organizaciones firmantes de la nota son la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional (ACPI), Asociación Nacional de la Prensa (ANP) Asociación Boliviana de Radiodifusión (ASBORA), Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB) Asociación de Medios Digitales de La Paz (AMDLP) y el Círculo de Mujeres Periodistas de La Paz (CMPLP).
