El militar boliviano lleva 6 meses en detención preventiva. Los vocales del tribunal castrense negaron otra vez que recobrara la libertad.
El suboficial Johnny Gil, detenido hace casi seis meses
Página Siete / La Paz
La defensa del suboficial Johnny Gil presentará el séptimo recurso de acción de libertad contra las autoridades militares que ayer, una vez más, negaron al suboficial la cesación de la detención preventiva.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
«Corresponde que presentemos un nuevo recurso de acción de libertad. Será el séptimo, porque el tribunal militar se niega a cumplir con las resoluciones legales”, informó uno de los abogados de Gil, Osvaldo Rojas.
El 15 de abril se dispuso la detención preventiva de Gil por el riesgo procesal de «peligro de fuga”, contemplado en el artículo 234 del Código de Procedimiento Penal Ordinario, en el proceso que se le sigue por «rebelión, sedición y motín” tras exigir la adecuación de las leyes militares a la Constitución.
En julio, ese riesgo fue desvirtuado, pero aún así no se le dio la libertad. Después de varias audiencias, el 15 de agosto los vocales de la Sala de Apelaciones y Consultas (SAC) negaron la cesación a la detención preventiva e incorporaron un nuevo riesgo, el peligro de obstaculización, contemplado en el artículo 235 del Código Penal.
El 23 de septiembre, en el sexto recurso de acción de libertad, el juez Primero de Sentencia, Luís Yepez, dispuso que los vocales de la SAC fundamenten por qué habían aumentado un nuevo riesgo procesal y den nueva respuesta al pedido de cesación.
Ayer se realizó la audiencia y los vocales de la SAC reafirmaron su voto para negar la libertad al suboficial. La vocal Zaide Dubalie argumentó: «Si bien en las resoluciones pasadas no se encuentra de forma explícita el riesgo de peligro de obstaculización, este riesgo ha sido considerado en su contenido al evidenciarse resistencia y desobediencia (de Gil ante la autoridad militar)”.
Rojas pidió a Dubalie le explique cómo se puede considerar el peligro de obstaculización sin estar éste «explícito” en las pasadas resoluciones, cuando la norma señala que la incorporación de este riesgo procesal debe ser fundamentada.
Antes de cerrar la audiencia con el golpe de su martillo, Dubalie aseveró que la resolución estaba clara y que no había nada qué explicar.