Anahí Bozo, la maestra electa, cuestionó que los aportes sindicales, que suman unos Bs 600 mil por mes, se destinaron al «presente navideño» en lugar de fortalecer la representación y defensa legal de los maestros.
eju.tv / Audio: Radio Erbol
La nueva dirigencia de la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de La Paz anunció este lunes que una de sus primeras medidas será ordenar una auditoría externa a la gestión saliente para revisar el manejo de los recursos sindicales, que, según calcularon, suman aproximadamente 600 mil bolivianos por mes, es decir, más de 7,2 millones de bolivianos por año.
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«Corresponde realizar una auditoría porque, además de todo, la directiva saliente, a la cabeza del profesor Gerardo Bustamante, no terminó de rendir cuentas. Tuvimos un congreso departamental en el que se rechazó su informe económico y se determinó que debía realizarse una auditoría externa. Ni bien asumamos oficialmente la dirección de la Federación, vamos a disponer esa auditoría», afirmó la nueva ejecutiva electa del magisterio paceño, Anaí Bozo.
Tras imponerse en las elecciones sindicales y poner fin a décadas de predominio del frente trotskista URMA, Bozo, representante de Magisterio Combativo, señaló que existen dudas sobre la administración económica de la anterior dirigencia y afirmaron que corresponde transparentar el uso de los aportes de los maestros.
«Hay muchos aspectos que revisar porque, al no haber existido cambios en 46 años, quedan muchas dudas sobre el manejo económico que pudo haber existido dentro de la Federación», afirmó. De acuerdo con el detalle, la Federación recibe alrededor de 600 mil bolivianos por mes provenientes de los aportes sindicales de los docentes. Aunque la dirigencia saliente presentaba informes económicos en los congresos departamentales, aseguraron que las rendiciones eran principalmente orales y que acceder a la documentación de respaldo resultaba difícil para los afiliados.
«Como bases tenemos derecho a conocer cuán real fue el manejo económico. Cuando un colega solicitaba los informes, el trámite era complicado y hasta se exigía la intervención de abogados para acceder a la documentación», reveló.
Asimismo, cuestionó que gran parte de los aportes sindicales se hayan destinado a la devolución de recursos mediante el denominado «presente navideño», que en su criterio, esos fondos deberían haberse priorizado el fortalecimiento institucional y la defensa legal de los maestros.
«Durante mucho tiempo hemos solicitado que la Federación cuente con un bufete de abogados y una representación legal que nos defienda frente a los atropellos que sufrimos, no solo por parte de autoridades educativas, sino también de padres de familia, que en muchos casos han vulnerado la dignidad de los maestros. Cuando un docente es denunciado, intervienen el SLIM, la Alcaldía y se aplican normas como las leyes 1302 y 1320, que, desde nuestro criterio, vulneran la Constitución Política del Estado porque no garantizan plenamente el derecho a la defensa», explicó.
El anuncio se conoce luego de que el frente Magisterio Combativo, encabezado por Anaí Bozo, ganó las elecciones de la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de La Paz con el 35% de los votos, frente al 34% obtenido por URMA, poniendo fin a varias décadas de control del frente trotskista, entre ellos el profesor José Luis Álvarez, sobre el sindicato del magisterio paceño.
