La polémica por la designación de Zvonko Matkovic al frente de ENDE Valle Hermoso volvió a poner sobre la mesa si el lugar de nacimiento debe ser un criterio para acceder a cargos públicos. La Constitución reconoce igualdad de derechos para todos los bolivianos.
eju.tv / Video: LHP
La controversia generada por la designación de Zvonko Matkovic como gerente de ENDE Valle Hermoso reabrió un debate que va más allá de un nombramiento específico: ¿debe el origen regional ser un criterio para ejercer un cargo público o la evaluación debe centrarse en la capacidad profesional y los méritos de la persona designada?
La discusión surgió luego de que dirigentes políticos y autoridades cuestionaran el nombramiento por el hecho de que Matkovic nació en Santa Cruz. Entre las voces críticas se encuentra Manfred Reyes Villa, quien expresó su rechazo a la designación.
Sin embargo, el propio alcalde de Cochabamba constituye uno de los casos más conocidos de una autoridad que desarrolló su trayectoria política fuera de su departamento de nacimiento: nació en La Paz, pero fue elegido en distintas oportunidades como alcalde y prefecto de Cochabamba, donde consolidó su carrera política.
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Ese tipo de situaciones no constituye una excepción dentro de la estructura del Estado boliviano. Magistrados, jueces, fiscales, militares, policías, diplomáticos y ejecutivos de empresas públicas son destinados o designados regularmente para ejercer funciones en departamentos distintos al de su nacimiento, de acuerdo con las necesidades institucionales y los procedimientos establecidos por la ley.
En las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, por ejemplo, el personal cumple destinos en cualquier región del país como parte de la carrera profesional, mientras que en el Órgano Judicial jueces y vocales pueden ser designados para desempeñar funciones en distintos distritos judiciales conforme a las decisiones de las instancias competentes.
“Del Poder Judicial vienen designaciones directamente de Sucre, como todo se decide en Sucre, porque ahí está el Consejo de la Judicatura, el Tribunal Supremo de Justicia. Muchos, muchos funcionarios, muchos jueces, vocales, incluso tenemos de Sucre y nunca ha pasado nada, digamos, no creo que eso nos haga más o menos, al contrario, es una muestra de tolerancia”, afirma el abogado constitucionalista William Herrera.
Algo similar ocurre en el Servicio Exterior, donde diplomáticos y representantes del Estado ejercen funciones dentro y fuera del país sin que el lugar de origen constituya un requisito para el desempeño del cargo. En las empresas públicas nacionales, las designaciones también responden a decisiones del nivel central del Estado y a los requisitos establecidos para cada función.

Para el experto, el debate debería centrarse en la idoneidad de las personas designadas y no en su procedencia regional.
«No existe ninguna disposición que prohíba que un ciudadano boliviano desempeñe funciones públicas en un departamento distinto al suyo. Si una persona no reúne la capacidad o los méritos para ejercer un cargo, ese es un debate legítimo; otra cosa distinta es cuestionarla únicamente por el departamento donde nació», sostuvo el jurista.
En esa línea, el analista Johnny Nogales afirmó que convertir el lugar de nacimiento en un requisito para ejercer cargos públicos en otra región que no sea su origen significaría la fragmentación del país en nueve; además, dejó en claro que la designación de Matkovic debe ser apoyada o criticada en base a sus capacidades y no así en su origen, pues una empresa estatal es de los bolivianos y no del departamento donde asienta su sede.
Herrera añadió que la Constitución Política del Estado reconoce la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y garantiza el acceso a la función pública sin discriminación, principios que la Ley N.º 045 Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación sostiene, la cual prohíbe actos de exclusión basados en el origen, la identidad o cualquier otra condición protegida por la norma.
Incluso, el presidente del Comité Cívico de Cochabamba, Marco Gómez, pidió dejar de lado posturas discriminatorias y defendió la permanencia de Matkovic en el directorio de la eléctrica estatal. Aseveró que las objeciones responden más a intereses políticos que a criterios técnicos y dijo que cualquier boliviano, sin importar su origen, puede desempeñar funciones públicas en cualquier otro departamento.
En ese contexto, el debate abierto por la designación en ENDE vuelve a poner en discusión cuál debe ser el principal criterio para evaluar a una autoridad pública: el lugar donde nació o su capacidad para ejercer la responsabilidad que le fue encomendada.
