Una de las protestas más prolongadas fue la impulsada por la Central Obrera Bolivia (COB) que paralizó gran parte del país por 53 días.
Por eju.tv / La Paz / Video: Radio Erbol
En el segundo trimestre de 2026 – abril y junio – Bolivia registró 246 hechos de conflictividad, de los cuales cerca del 60% se focalizó en los departamentos del eje central del país: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
El dato está incluido en el Segundo Reporte Trimestral sobre la Conflictividad en Bolivia 2026 de la Defensoría del Pueblo.
“En el periodo del segundo trimestre de 2026, a nivel nacional se registró en el Sistema Inteligente de Monitoreo, Análisis y Alerta Temprana (Simat), un volumen de conflictividad de doscientos cuarenta y seis (246), de los cuales doscientos doce (212) son conflictos activos y treinta y cuatro (34) anuncios de conflictos”, se lee en el informe.
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De los 212 conflictos, 91 se reportaron en el departamento de La Paz; 32 en el departamento de Cochabamba; 23 en Santa Cruz; 18 en Beni; 15 en Potosí; 13 en Oruro; 12 en Tarija; seis en Chuquisaca; y dos en Pando.
La medida de presión más utilizada por los actores demandantes fue el “bloqueo” con 89 registros. Esta modalidad se posiciona como el principal mecanismo de protesta, evidencia su recurrencia para visibilizar demandas y ejercer presión sobre las autoridades.
Un bloqueo en la carretera antigua Cochabamba – Santa Cruz. Foto: Archivo RKC
La segunda medida de presión más frecuente fueron las marchas (43) y los mítines de protesta (22). Les siguen los paros (18), estado de emergencia (16), toma de institución (9). En menor proporción se registran los enfrentamientos (6), vigilia (5), huelga de hambre (3) y el cacerolazo (1).
Una de las protestas más prolongadas fue la impulsada por la Central Obrera Bolivia (COB) que paralizó gran parte del país por 53 días.
De pedir la atención a su pliego, que incluía un incremento al salario, pasó a exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Según el informe de la Defensoría del Pueblo, al menos 63 “organizaciones sociales se sumaron a la demanda de renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira entre mayo y junio de 2026”.
“Se observa una ampliación sostenida del apoyo a esta demanda, pasando de un reducido número de sectores a más de 60 organizaciones sociales, sindicales, campesinas, indígenas, vecinales y de transporte, reflejando el escalamiento y la masificación del conflicto” refiere el informe.
Por estos hechos, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, exhortó a las autoridades a fortalecer los mecanismos preventivos de gestión de conflictos “para evitar el escalamiento de la violencia y proteger los derechos humanos”.
Subrayó la importancia de fortalecer mecanismos permanentes de diálogo entre el Estado y las organizaciones sociales.