Ayer, el vocero presidencial José Luis Gálvez confirmó que la madera boliviana retenida no fue impregnada con sustancias controladas, lo que significa que en este caso denominado Narcomaderas se actuó de manera irresponsable.
Tras conocerse que las pruebas de laboratorio de presencia de droga en madera dieron negativas, los camiones bolivianos comenzaron a ser liberados; sin embargo, la pérdida para la economía nacional fue de Bs 183 millones, informó la Cámara Forestal de Bolivia (CFB).
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“La economía nacional perdió 183 millones de bolivianos y bueno, se han puesto en riesgo inmediato miles de fuentes de empleo”, dijo Walter Rioja, gerente de la CFB en entrevista en Red Uno.
Ayer, el vocero presidencial José Luis Gálvez confirmó que la madera boliviana retenida no fue impregnada con sustancias controladas, lo que significa que en este caso denominado Narcomaderas se actuó de manera irresponsable.
Rioja señaló que los cargamentos de madera que fueron detenidos en pasos fronterizos de Brasil y Chile, ya están siendo liberados y se dirigen a puerto para llegar a sus destinos finales.
No obstante, indicó que la pérdida y afectación por este caso son “enormes”. Solo las exportaciones de madera cayeron en un 66 %, lo que significa un porcentaje superior al verificado en la época de pandemia por Covid.
“En mayo de este año se exportó 1,8 millones de dólares, lo mismo se exportó en mayo de 2020, el mes con más restricciones que hubo en la pandemia. Y junio fue todavía peor, en junio de 2020 se exportaron más de 4 millones de dólares. En junio de este año apenas hemos llegado a 1 millón”, refirió el representante.
Recordó que todo se originó por una declaración “temeraria” en prensa de un fiscal de Chile quien dio por hecho el tráfico de cocaína mediante cargas de madera, y los medios comenzaron a citar empresas “que no se sabe de dónde han salido”.
Una vez que se conocieron las pruebas negativas, Rioja solicitó volver a la normalidad, es decir, que se permita al sector exportar con el flujo habitual, para lo cual también se demandó la elaboración de un protocolo a fin de evitar que lo sucedido vuelva a ocurrir.
Recalcó que el daño es grande porque cuando hay una interrupción no se puede cubrir, por ejemplo, sueldos, servicios y materia prima, de la cual los proveedores en un 80 % son las comunidades indígenas.
“Entonces es un efecto en cadena que engloba desde comunidades indígenas hasta las mismas empresas”, mencionó.
Entre tanto, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes aseguró que el fiscal chileno utilizó a Bolivia para sus fines personales de ascender en su carrera judicial en el vecino país.
“Ha tratado de utilizar a Bolivia para, digamos, destacarse”, cuestionó el viceministro en entrevista en El Deber.