El sector forestal y el transporte esperan que las gestiones diplomáticas y legales no se queden en declaraciones y que el Gobierno central asuma la defensa del país con la misma firmeza que exigieron los empresarios afectados.
eju.tv / Videos: Radio Fides
El caso mal llamado ‘narcomadera’ dejó un saldo de más de 183 millones de bolivianos en pérdidas para el sector forestal boliviano, tras 40 días de paralización de exportaciones y una caída del 66% en las ventas al exterior. La falsa acusación de las autoridades chilenas, que señalaban la presencia de 108 toneladas de cocaína en cargamentos de madera provenientes de Bolivia, resultó ser infundada, pero el daño económico y reputacional ya estaba hecho. Ahora, la Brigada Parlamentaria de Cochabamba y los empresarios del transporte de Oruro exigen al Gobierno nacional gestionar un resarcimiento económico ante Chile y reforzar los controles en las fronteras para evitar que un episodio similar se repita.
El presidente de la Brigada Parlamentaria de Cochabamba, Israel Mérida, fue contundente al señalar que el país quedó libre de la acusación, pero la imagen ya está dañada. “Ahora lo que queda es el resarcimiento del daño. Varios de los exportadores han tenido que pagar alquiler, flete, almacenaje. Un daño económico muy grande a estas empresas. La imagen de ellas ha quedado muy por debajo y, por consiguiente, la del país. Esperemos que no solamente las empresas acudan a las instancias judiciales para tener el resarcimiento, sino que el Estado boliviano también haga exactamente lo mismo a través de Cancillería”, enfatizó Mérida en conferencia de prensa.
El legislador cochabambino también insistió en que el Gobierno debe dejar una mejor imagen del país en el ámbito internacional y, para conseguir ese objetivo, pidió reforzar los controles en las fronteras.
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“Mejorar los controles en fronteras es importante, porque si bien hoy, gracias a Dios, todo esto resultó ser una falsa acusación, estoy absolutamente seguro de que nuestros controles todavía no son los adecuados. Debería ponerse más atención para que, en caso de detectarse alguna anomalía, sea en territorio boliviano y a través de controles bolivianos, y no tengamos que estar pasando estos malos momentos como país y como empresarios”, sentenció Mérida.
Mientras los legisladores cochabambinos presionan por una respuesta diplomática y judicial, el sector del transporte pesado de Oruro también alzó su voz. Los empresarios orureños calificaron como «pésimo» el trabajo antinarcótico de Chile, que, según denuncian, afectó gravemente al transporte y al comercio exterior boliviano. Javier Quiroga, exdirigente de los transportistas, lamentó que la difusión de informaciones falsas haya perjudicado no solo a las empresas madereras, sino a toda la cadena logística del comercio exterior.
“Mientras no se sepa la realidad, no se debería comentar que ha habido una exportación de 108 toneladas de madera con droga. En ese sentido, el sector del transporte internacional queda afectado, y no solamente el transporte boliviano. Todo el comercio exterior, la cadena logística donde importamos y exportamos mercaderías desde Bolivia hacia el mundo, salimos afectados. Las autoridades chilenas tienen que tener más cuidado en dar informes falsos”, enfatizó Quiroga.
El dirigente transportista fue más allá y exigió al Gobierno nacional gestionar ante sus pares chilenos un resarcimiento por los daños ocasionados. “El boliviano allá en Arica, en Iquique, ya no tiene esa dignidad de poder caminar libremente por la ciudad. Ya nos van acusando, nos van señalando con el dedo y piensan que todos los bolivianos trabajamos con ese tipo de mercaderías. No es así. El gobierno chileno tiene que tomar más seriamente esta situación y no puede estar comentando sin tener una respuesta confirmada. Al gobierno boliviano le pedimos que tome las acciones legales para que pueda existir un resarcimiento de daños”, lamentó Quiroga.
Estos dos sectores coinciden en una misma demanda: que el Estado boliviano defienda su imagen y su economía ante una acusación que resultó ser un falso positivo. Mientras tanto, el sector forestal y el transporte esperan que las gestiones diplomáticas y legales no se queden en declaraciones y que el Gobierno central asuma la defensa del país con la misma firmeza que exigieron los empresarios afectados.