El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, pidió al Tribunal Constitucional hacer cumplir una sentencia que obliga al Gobierno a cancelar la deuda con los centros privados que brindan servicios de hemodiálisis.
Fuente: Red Uno
Stefany Beatriz Guzmán Nuñez
El Comité Pro Santa Cruz volvió a pronunciarse en defensa de los pacientes renales y exigió el cumplimiento de una sentencia constitucional que obliga al Gobierno a pagar a los centros privados que prestan servicios de hemodiálisis.
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El presidente de la institución, Stello Cochamanidis, alertó que la falta de desembolsos pone en riesgo la continuidad de un tratamiento indispensable para cientos de personas.
Explicó que la pasada semana se presentó un recurso de queja contra las actuales autoridades de Economía y Salud debido al incumplimiento del fallo. Según indicó, hasta el momento no hubo respuesta por parte del Ejecutivo.
El dirigente señaló que los centros privados se declararon en estado de emergencia y advirtieron que no podrán seguir prestando el servicio de hemodiálisis si el Gobierno no cancela la deuda acumulada.
«Han dicho que no van a poder prestar este servicio de hemodiálisis, que es un tratamiento muy complejo y necesario para los pacientes renales, si el Gobierno no les llega a pagar», afirmó.
Cochamanidis informó que solicitaron al tribunal que emitió la sentencia que haga cumplir de inmediato la resolución. Indicó que el plazo para que esa instancia se pronuncie vence este miércoles.
Asimismo, explicó que pidieron que, en caso de persistir el incumplimiento, el tribunal otorgue un plazo máximo de 24 horas para que las autoridades ejecuten los pagos y, de no hacerlo, remita antecedentes al Ministerio Público.
«También hemos solicitado que se imponga una multa progresiva de hasta un salario mínimo por día mientras las autoridades continúen incumpliendo la sentencia constitucional», concluyó.