El dirigente fue contundente al señalar que la ANH, como ente fiscalizador, ha sido omisa en su rol y ha tolerado que las empresas distribuidoras desvíen el gas subsidiado hacia tiendas de barrio, donde se revende a “precios abusivos”.
eju.tv / Video: Radio Fides
Un operativo ciudadano encabezado por las juntas vecinales de Potosí destapó hoy (23) una red de más de 50 puntos de venta clandestinos de garrafas de gas licuado de petróleo (GLP), donde el precio del combustible se dispara hasta 50 bolivianos por encima del valor oficial, en una práctica que los dirigentes califican como agio y especulación. Ante este hallazgo, los vecinos exigen a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y al Ministerio Público no solo sanciones ejemplares, sino el procesamiento penal de los distribuidores que alimentan este circuito ilegal.
“Empresas distribuidoras de GLP no han estado cumpliendo con lo que tienen que cumplir, la distribución al vecino, sino que hemos ido encontrando como juntas vecinales de que estas empresas tienen ya contratos secundarios con tiendas que están elevando el costo de lo que es el GLP de 30, 40 a 50 bolivianos. Eso es un delito, eso es agio y especulación,” denunció en conferencia de prensa el vicepresidente de la Fejuve Potosí, Jhasmani Zota, quien advirtió que no cesarán en su reclamo hasta que los responsables sean procesados.
El dirigente fue contundente al señalar que la ANH, como ente fiscalizador, ha sido omisa en su rol y ha tolerado que las empresas distribuidoras desvíen el gas subsidiado hacia tiendas de barrio, donde se revende a “precios abusivos”. Zota puso en plazo perentorio de dos semanas, si la institución no demuestra avances concretos en los operativos de control, tiempo en el cual los vecinos promoverán resoluciones para exigir el cambio de los directores de la ANH, a quienes responsabilizan directamente por no frenar la especulación que golpea los bolsillos de las familias potosinas.
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“No puede ser que existiendo una instancia que tiene que presentar incluso las denuncias y procesar a estas empresas distribuidoras esté socapando el hecho de la especulación del GLP,” enfatizó Zota, al tiempo que detalló el plan de acción vecinal que incluye el seguimiento al cronograma de distribución y la evaluación del cumplimiento de las empresas en el abastecimiento regular.
Asimismo, de persistir la irregularidad el dirigente anunció que pedirán la suspensión de las distribuidoras actuales y la habilitación de otras que garanticen el servicio a la población sin intermediarios especuladores.
Consultado sobre el número exacto de tiendas detectadas en el relevamiento, el dirigente reveló que el registro interno supera las 50: “Internamente tenemos como 50, 60 tiendas que están vendiendo,” precisó Zota, cifra que evidencia la magnitud del problema.