En el fútbol, el segundo tiempo ofrece la posibilidad de corregir errores, cambiar la estrategia y definir el resultado del partido. En política ocurre algo similar. Los primeros meses del gobierno del presidente Rodrigo Paz estuvieron marcados por los 53 días de bloqueo, una crisis que puso a prueba la estabilidad institucional, la economía y la capacidad del Estado para preservar la gobernabilidad.
Aquella fue una batalla dura. El Gobierno logró superarla, pero el partido todavía no ha terminado. Hoy Bolivia ingresa en un segundo tiempo que puede resultar aún más complejo que el primero.
Este segundo tiempo representa, ante todo, la segunda oportunidad del presidente para consolidar y concluir exitosamente su gestión. Si en la primera etapa el desafío fue recuperar la gobernabilidad frente a una crisis política y social, ahora deberá enfrentar una realidad mucho más profunda: una economía debilitada, menores ingresos fiscales, la necesidad de impulsar reformas estructurales y las crecientes demandas de las regiones por una mayor participación en los recursos del Estado.
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En ese contexto surge la propuesta del 50/50 entre el nivel central y las regiones. Se trata de una aspiración legítima de gobernaciones, municipios y universidades públicas, que durante años reclamaron una mayor descentralización y autonomía. Sin embargo, toda reforma de esta magnitud exige una pregunta previa: ¿es este el momento adecuado para implementarla?
La disminución de los ingresos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), consecuencia de la caída en la producción y exportación de gas natural, obliga a formular una pregunta tan sencilla como incómoda: ¿de dónde vendrá la platita?
Durante muchos años fue la renta del gas la que sostuvo buena parte del funcionamiento de gobernaciones, municipios, universidades y otras entidades públicas. Hoy esa realidad ha cambiado. Los recursos disminuyen mientras las necesidades del Estado continúan creciendo.
Si la economía nacional enfrenta restricciones fiscales, es razonable preguntarse si la implementación de un nuevo esquema de distribución terminará dependiendo del endeudamiento externo. Las autonomías constituyen una conquista democrática de las regiones, pero deben edificarse sobre bases económicas sostenibles y no sobre recursos transitorios que comprometan el futuro de las próximas generaciones.
Existe además otra interrogante que la ciudadanía tiene derecho a plantear. Si finalmente llegan mayores recursos a gobernaciones, municipios y universidades, ¿serán destinados a mejorar efectivamente la calidad de vida de la población mediante mejores servicios de salud, educación, infraestructura, seguridad y desarrollo productivo, o terminarán absorbidos por una pesada burocracia que consume crecientes presupuestos sin traducirse en mejores resultados para la gente?
El verdadero debate no consiste únicamente en cómo distribuir los recursos, sino en cómo administrarlos con eficiencia, transparencia y responsabilidad. Descentralizar no significa solamente repartir dinero; significa distribuir competencias, asumir responsabilidades y rendir cuentas.
Por ello, antes de discutir cómo repartir una riqueza cada vez más escasa, Bolivia necesita debatir cómo volver a generarla. Diversificar la economía, atraer inversiones, fortalecer la producción, recuperar la capacidad exportadora y generar empleo deben constituirse en las prioridades nacionales. Sin crecimiento económico, cualquier redistribución corre el riesgo de convertirse simplemente en la distribución de la escasez.
Sería, como dice el viejo adagio, pan para hoy y hambre para mañana.
Pero quizá el mayor desafío del segundo tiempo ni siquiera sea económico, también será político.
Surge entonces una interrogante inevitable: ¿cuál será la estrategia de quienes se opongan a las reformas? ¿Volverá Bolivia a presenciar medidas de presión como los bloqueos que durante años marcaron la vida política nacional, o finalmente prevalecerá el camino del diálogo democrático y la concertación?
El país difícilmente soportaría una nueva etapa de confrontación cuando todavía intenta recuperarse de las consecuencias económicas y sociales de los anteriores conflictos. Las diferencias forman parte de toda democracia; convertir el bloqueo permanente en un mecanismo de presión no fortalece la democracia, sino que debilita la economía, afecta a las familias y profundiza la división nacional.
La historia suele recordar a los gobernantes no por las crisis que heredaron, sino por las decisiones que fueron capaces de adoptar en los momentos más difíciles.
El segundo tiempo está a punto de comenzar. y, paradójicamente, puede resultar mucho más exigente que el primero, ya no bastará con resistir; será necesario gobernar con visión de Estado, construir consensos y tomar decisiones que permitan concluir exitosamente el mandato presidencial.
Porque el verdadero desafío de esta segunda oportunidad no consiste únicamente en superar una crisis, sino en sentar las bases de un país económicamente sostenible, políticamente estable y socialmente unido. Solo así será posible evitar que el encanto termine en desencanto.
Raúl Palza Zeballos es diplomático de carrera y politólogo